sistema de salud

Afectados por el dietilenglicol piden un aumento de pensión

Dirigentes de los pacientes que consumieron medicinas contaminadas con dietilenglicol en 2006 se reunieron con ministros para pedir mejoras en la pensión y atención hospitalaria.

Cifras de la tragedia

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Las personas sobrevivientes al envenenamiento en 2016 piden una mejor atención en el Centro Especial de Toxicología de la Caja de Seguro Social, ya que no cuentan con suficientes especialistas para atender sus padecimientos. Gabriel Rodríguez - Las personas sobrevivientes al envenenamiento en 2016 piden una mejor atención en el Centro Especial de Toxicología de la Caja de Seguro Social, ya que no cuentan con suficientes especialistas para atender sus padecimientos. Gabriel Rodríguez -
Las personas sobrevivientes al envenenamiento en 2016 piden una mejor atención en el Centro Especial de Toxicología de la Caja de Seguro Social, ya que no cuentan con suficientes especialistas para atender sus padecimientos. Gabriel Rodríguez -

Las muertes no cesan: este año ya van 10 y en 2017 se reportaron 20 decesos. Esa es la realidad que le toca vivir a las personas que consumieron medicamentos contaminados con dietilenglicol de la Caja de Seguro Social (CSS) hace casi 12 años.

Son personas que luchan contra la fatalidad todos los años, porque a medida que avanza el tiempo su condición de salud se vuelve más crítica, sobre todo si están en edades avanzadas.

A raíz de esto claman a las autoridades por un ajuste a sus pensiones vitalicias, así como mejoras en la atención médica y mayor disponibilidad de medicinas para controlar sus dolores, pérdida de memoria y otras secuelas que les ocasionó el envenenamiento masivo.

Los dirigentes de los pacientes, aglutinados en el Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, se reunieron el pasado 30 de mayo con los ministros de la Presidencia y de Salud, Álvaro Alemán y Miguel Mayo, respectivamente. Allí también estuvo el ministro consejero Temístocles Díaz.

Gabriel Pascual, presidente del Comité, subrayó que la situación de las víctimas causa “detrimento” en todos los aspectos: de salud, económico y familiar, por ende lo social, debido a la falta de medicamentos, una adecuada alimentación, el estrés que les causa trasladarse a sus citas médicas, las constantes hospitalizaciones y la escasez de especialistas.

“Se percibe que cada vez que nos acercamos a gestionar asuntos en las instalaciones de salud es como si estuviésemos mendigando, cuando es el deber del Estado garantizar y suplir esas necesidades de las víctimas, más aun cuando existen normas legales que le protegen y otorgan beneficios”, manifestó.

En consecuencia, informó que presentaron al Gobierno una propuesta de aumento de la pensión vitalicia especial que reciben mensualmente, de $600 a mil 500 dólares por paciente.

Recordó que el artículo 6 de la Ley No.20 de marzo de 2013, la cual creó esa ayuda económica, estipula que la pensión se revisará cada dos años.

“Existe una mora de cuatro años, por lo que consideramos oportuno revisar la norma, a fin de poder cumplir con las víctimas, dado el alto costo de vida y los gastos en que se incurren”, puntualizó el activista.

Algunos pacientes no soportan el dolor diario que les dejaron las secuelas por ingerir la sustancia utilizada como refrigerante para vehículos; por ello se someten a tratamiento. Gabriel Rodríguez - Expandir Imagen
Algunos pacientes no soportan el dolor diario que les dejaron las secuelas por ingerir la sustancia utilizada como refrigerante para vehículos; por ello se someten a tratamiento. Gabriel Rodríguez - LP

Detalles del encuentro

El informe más reciente que manejan tanto autoridades de salud como el Comité da cuenta de que, en 2006, la CSS produjo y distribuyó 220 mil envases de medicinas contaminadas con dietilenglicol y se emitieron 110 mil recetas. Entre los fármacos estaban jarabes como difenhidramina o jarabe antihistamínico, expectorante sin azúcar y otros de uso externo, como la calamina y pasta al agua.

Se presentaron un aproximado de 2 mil 300 denuncias, de las cuales hoy se reconoce, por parte de las instancias del Ministerio Público, a mil 200 víctimas, que gozan de una pensión vitalicia de $600.

Como parte de la reunión de mayo pasado en la Presidencia de la República, tanto ministros como pacientes acordaron la habilitación de un local para que opere una Comisión Médica Evaluadora, con el objetivo de que revise y analice otros 400 expedientes de posibles víctimas.

Además de su situación económica, otro tema que más aqueja a los pacientes es la atención que reciben en el Centro Especial de Toxicología de la CSS.

Para Pascual, la atención que se brinda en el centro está “muy debilitada”, porque no hay suficientes especialistas.

“También hemos solicitado fortalecer, mejorar y crear nuevas unidades de enlace en provincias, tomando como referencia la unidad de enlace de Coclé. De esta manera se ofrecerá una mejor calidad de atención y vida a las víctimas, evitando que se trasladen a la ciudad capital innecesariamente, solo cuando el caso se amerite”, concluyó.

“El ajuste de las pensiones de los pacientes envenenados con dietilenglicol es un tema que lo debe ver el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Miguel Mayo Ministro de Salud.

Los pacientes

Una de las pacientes que fue efectada por el dietilenglicol es Eilyn Gómez, quien tiene 19 años, aunque cuando ocurrió la tragedia apenas tenía 7.

Su madre, Dorin Gutiérrez, manifiesta que no ha sido fácil ver a su hija en esa condición, pues siendo tan joven ya reporta problemas con su presión arterial.

Eilyn transcurrió su niñez y adolescencia entre asistir a la escuela y visitar con frecuencia los hospitales. Precisamente, su situación obligó a su familia a trasladarse del interior de la República a la ciudad de Panamá, donde están los hospitales de primer nivel.

Gutiérrez detalló que su hija terminó el bachillerato, pero por problemas de salud no ha podido continuar la universidad. A pesar de ello, están organizando todo para que ingrese en 2019.

“Hace poco le detectaron dos quistes en los senos. No es fácil lo que están atravesando tanto los pacientes como sus familiares”, dijo.

Por último, mencionó que la pensión no les alcanza, porque casi nunca hay en la CSS los medicamentos que necesitan las víctimas.

Otro de los pacientes es Dora Cedeño, para quien todos los sobrevivientes del envenenamiento masivo están “muertos en vida”.

Cedeño es una educadora de 47 años de edad, quien aseguró que en 2013 la destituyeron de la escuela en la que trabajaba, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, debido a las ausencias que acumuló por acudir a sus citas médicas.

“Yo perdí la audición y ahora me deben colocar una prótesis. Esto poco a poco nos acaba y esperamos una respuesta positiva de las autoridades”, manifestó la docente, que fue una de las que protestó el pasado 29 de mayo frente al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, de la CSS.

Sobre el Centro de Toxicología, argumentó que lo que se brinda allí es una atención como la que se da en cualquier policlínica. “Solo hay medicina general. No hay especialidades y tampoco cuentan con el equipo para la atención de nosotros”.

Cedeño espera que se revise el tema de la pensión, ya que se debió evaluar en 2015 y 2017, como lo dice la ley, y no se hizo.

Evaluaciones que hicieron expertos del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y miembros de la comisión interinstitucional que afrontó la intoxicación masiva en su momento indican que el químico afectó el sistema nervioso y los riñones de las personas que consumieron las medicinas.

Un total de mil 200 personas reciben una pensión de $600. Expandir Imagen
Un total de mil 200 personas reciben una pensión de $600. Gabriel Rodríguez-LP

Llamado de atención

Consultado sobre las quejas de los pacientes, el ministro de Salud, Miguel Mayo -quien se reunió con las víctimas-, subrayó que en los temas de salud los pacientes tienen razón y están llevando a cabo gestiones para solucionarlos.

Sobre la conformación de la Comisión Evaluadora de Salud para certificar algunos casos, mencionó que debe empezar a funcionar a más tardar en una semana. “Ya solicité que se incluyan los gastos del Centro de Toxicología en los convenios que tenemos con la CSS”, aseguró.

Incluso, detalló que envió una nota llamando la atención sobre la prioridad que debe dársele en atención médica, que por ley le corresponde a los pacientes.

En cuanto al ajuste de las pensiones, dijo que ese tema lo debe ver el Ministerio de Economía y Finanzas.

Al año, en estas pensiones, se pagan unos $9 millones.

Cifras de la tragedia

2,300

Número de pacientes que presentaron denuncias.

1,200

Cantidad de víctimas del dietilenglicol que oficialmente reciben pensión.

$600

Monto aprobadado por el Estado como pensión vitalicia mensual para quienes consumieron el químico.

$1,500

Nueva propuesta de pensión mensual presentada por las víctimas .

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