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Afiliaciones a la CSS, un medio útil para fraude

Las afiliaciones irregulares de extranjeros en la Caja de Seguro Social (CSS) se expiden por montones.    Las agencias  de San Miguelito y El Dorado son las más frecuentadas. Por  lo pronto, no hay una denuncia ante el Ministerio Público. 

Negocio redondo sin control, en las narices de las autoridades

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El trámite no resulta complicado para los extranjeros, ya que con una carta de solicitud de afiliación a la CSS, el proceso es expedito. El trámite no resulta complicado para los extranjeros, ya que con una carta de solicitud de afiliación a la CSS, el proceso es expedito.
El trámite no resulta complicado para los extranjeros, ya que con una carta de solicitud de afiliación a la CSS, el proceso es expedito. LA PRENSA/Archivo

En un negocio redondo se han convertido las afiliaciones a la Caja de Seguro Social (CSS), por parte de una red –o redes– que aprovechó las debilidades de la institución para lucrar con la venta de beneficios migratorios a extranjeros que buscan legalizar su estatus migratorio en el país.

El trámite no resulta complicado para los extranjeros, ya que con una carta de solicitud de afiliación a la CSS, el proceso es expedito.

Una investigación de La Prensa detectó que estas personas usan el mismo molde de carta para hacer las solicitudes a la CSS, a pesar de que son empleados de distintas empresas. 

Hay casos, como el de un colombiano que expidió su pasaporte en julio de 2016, y en menos de un mes estaba en Panamá en la planilla de la sociedad Laborando PTY, con el cargo de ayudante y con un supuesto salario de 500 dólares mensuales.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa, dijo sentirse preocupado por este tipo de irregularidades que no solo afectan los servicios para los asegurados, sino también las finanzas de la CSS, “que, de por sí, no anda tan bien”.

UNA RED CON MUCHOS TENTÁCULOS

El proceso para convertirse en cotizante o, lo que es lo mismo, afiliado de la Caja de Seguro Social (CSS), se ha convertido en un rentable instrumento de negocios ilícitos para una red -o redes-, que integran funcionarios de instituciones estatales, extranjeros y particulares panameños.

Los miembros de estas redes han lucrado con la necesidad de miles de extranjeros que buscan legalizar su estancia en el país. Cada uno de ellos debe pagar miles de dólares por trámites fraudulentos que buscan obtener, por ejemplo, uno de los requisitos para residir temporalmente en Panamá: su afiliación a la CSS.

La Prensa detectó mil 678 extranjeros que fueron inscritos en planillas de 13 sociedades en menos de 30 días (agosto-septiembre de 2017), sin que la CSS detectara la irregularidad del trámite para otorgar la afiliación.

Y es que tramitar el carné de afiliación en la CSS no es cosa difícil. Basta una carta del extranjero pidiendo ser cotizante de la institución.

Lo curioso es que las cartas que llegan con este propósito a la CSS son notoriamente parecidas, pese a que se trata de empleados de distintas empresas. La frase motivadora es siempre igual: “asegurando la seguridad social para realizar mis trámites migratorios” [sic].

Con este documento, los extranjeros pueden ir al Servicio Nacional de Migración y completar su trámite para obtener su residencia provisional en el país.

Los números Expandir Imagen
Los números UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

LA TRAMPA

Carlos López es un colombiano de 20 años, inscrito en la planilla de la empresa Laborando PTY, S.A., como ayudante, con salario de 500 dólares. Su sueldo es igual al de un abogado que figura en la misma planilla, pero también es el doble del sueldo de supervisores y secretarias.  

Dado que su nombre está en esa planilla, pidió a la CSS su afiliación y completar así su trámite migratorio.

Laborando PTY ingresó a la CSS la contratación de 46 extranjeros en septiembre de 2017. La sociedad fue creada el 12 de abril de 2016, y dos meses después –el 3 de junio–, solicitó su incorporación al Sistema de Inscripción de Empleadores de la CSS. Por entonces, la representante legal y presidenta de la sociedad era la venezolana Jennifer Ramírez.

Ramírez reportó que los salarios de los empleados ascendían de 255 a 500 dólares mensuales, entre ellos, el de su hermana María Isabel, que aparece como asistente.

El 15 de enero pasado, Laborando PTY cambió de nombre. Comenzó a llamarse Zakate Corp., con nuevos directivos. Entre ellos, el venezolano Claudio Petro, como presidente, aunque una persona permaneció en la directiva: Pedro Herrera.

Este nombre hace suponer que el “negocio” pudiera venirse fraguando desde antes. En agosto de 2015, directivos de Laborando PTY, entre ellos, el propio Herrera y Virgilio De Gracia- conformaron directiva en la empresa Corporation Profesionales y Estrategas, S.A.

Según su aviso de operación en el Ministerio de Comercio e Industria (MICI), Laborando PTY (hoy Zakate Corp.) y Corporation Profesionales y Estrategas se dedican a las mismas actividades: “bolsa de empleo, mercadeo y publicidad”. También tienen la misma dirección en el edificio Century Tower, y el mismo representante legal: Pedro Herrera.

La Prensa intentó entrevistar tanto a Petro como a Herrera, pero el agente residente de ambas sociedades, Jorge Castillo -que prometió localizar a sus clientes-, no respondió más los mensajes y llamadas de este medio.

MÁS CASOS

Sonia Cosmopolitan Estate, registrada en abril de 2017, y Bellas PTY, inscrita un mes después, son sociedades creadas en una misma oficina y en el mismo edificio que las otras dos: el Century Tower.

Ambas están en la mira de la CSS por el presunto ingreso irregular de extranjeros en sus planillas, casi todos venezolanos, nacionalidad que comparten dignatarios de estas mismas sociedades.

Ilka Polack, abogada de Bellas PTY, reveló que los pactos sociales de sus compañías se manejan desde su “oficina virtual”, en la que también reciben notificaciones judiciales. Pero negó detalles de la sociedad alegando que su cliente la maneja independientemente de su oficina.

Otra sociedad que vigila de cerca la CSS es Multiservicios Yorkcomrie, que registró una planilla de 44 extranjeros en agosto de 2017. Lorimar De León, su representante legal, es “una ama de casa que nunca ha trabajado”, aseguró una prima suya que evitó identificarse.

La dirección de la sociedad -con aviso de operación de 2017 en el MICI- es la residencia de De León en Pedregal. El número de teléfono aportado a la CSS en julio pasado es el de su prima, quien aseguró no guardar relación con la sociedad.

La mujer dijo que la CSS visitó a De León y le pidió una carta notariada en la que ella se desvincula de la sociedad y que, cumplido esto, quedaría, supuestamente, exenta de investigación.

FUNCIONARIOS

La sociedad Contrataciones JB -con aviso de operación del MICI que data de diciembre de 2008- registró en una de sus planillas a 117 extranjeros, con cargos de secretarias y ayudantes generales, y con salarios y fechas de inicio similares.

El representante legal de la sociedad ante la CSS es un funcionario del Tribunal Electoral, José Brathwaite.

Brathwaite negó haber hecho la inscripción de los extranjeros, así como que la sociedad esté operativa. Confirmó que no tiene oficina y que fue citado por la CSS, pero no se presentó porque “eso está muy raro”.

Otro funcionario que figura en las sociedades investigadas es Albin Bultrón, tesorero y secretario de Construequipos Internacionales, que registró a varios extranjeros en la CSS.

Bultrón, que trabaja en el Ministerio de Salud, aseguró desconocer la existencia de esta sociedad, registrada en 2008, aunque confirmó que su hermano es uno de los suscriptores. Dijo que investigaría su participación en la sociedad y que mantendría comunicación con La Prensa, pero nunca más respondió las llamadas.

Uno de los apoderados de Construequipos es el venezolano Fabio Prati, que es funcionario de la Embajada de Venezuela en Panamá, pero los esfuerzos por localizarlo fueron infructuosos.

¿PRESIONES?

El presidente de la junta directiva de la CSS, Guillermo Puga, firmó dos resoluciones -de diciembre y enero pasado- en las que se ordena suspender provisionalmente las modificaciones al reglamento de afiliación de la entidad.

Puga justifica la acción. “Han surgido inquietudes y diferencias al momento de su ejecución”, por lo que harán una revisión para “efectuar los ajustes necesarios”, a pesar de que las modificaciones se adoptaron por las “irregularidades detectadas” en las afiliaciones de empleadores, a los que se les comprobó “incumplimientos” legales.

Negocio redondo sin control, en las narices de las autoridades

Han pasado tres meses desde que la Caja de Seguro Social (CSS) denunció que personas naturales y jurídicas afiliaron a extranjeros de forma irregular a esa entidad, “violando leyes laborales”. Pero no existe una sola denuncia ante el Ministerio Público.

La investigación de La Prensa ha detectado una red -o redes- integrada por particulares, extranjeros y funcionarios que cobran entre mil y tres mil dólares por los trámites migratorio a foráneos que luego saturan los centros de atención médica de la CSS.

La mayoría de los representantes legales de las sociedades entrevistados aseguran desconocer de las afiliaciones. Afirman que funcionarios de la CSS les certifican con notas que no serán investigados. Este cobro indebido a extranjeros afecta el 80% de las recaudaciones que por ley el Servicio Nacional de Migración destina a la ayuda social y a reforzar la seguridad.

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