Agroforestal fue multada por la Alcaldía de Colón

El Municipio de Colón, a través de su departamento de Ingeniería Municipal, sancionó con $50 mil a la empresa Agroforestal Quebrada Ancha a inicios de año.

La empresa Agroforestal Quebrada Ancha, vinculada por las autoridades al derrumbe de la carretera Boyd-Roosevelt en la curva del Cebo, en Colón, donde hubo dos víctimas el pasado 25 de noviembre, ya había sido sancionada.

El alcalde de Colón, Dámaso García, manifestó que el departamento de Ingeniería Municipal de este distrito aplicó una multa de $50 mil a esta compañía, por incumplir el permiso de construcción que le habían otorgado para esas obras.

Las declaraciones de García surgen tras los cuestionamientos que le hizo el exalcalde de Colón Alcibiades González, quien señaló que en este caso, en el que hay un delito ecológico, no solo la empresa promotora es responsable de los daños causados. Según González, también tiene responsabilidad el departamento de Ingeniería Municipal y la División del Ministerio de Obras Públicas en esta provincia. La primera, conforme a González, debió verificar el desarrollo de la obra; y la segunda pudo alertar y actuar sobre los daños que se hacían a este tramo carretero en el corregimiento de Limón, Colón. A esta empresa la Dirección Regional de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) de Colón le abrió un proceso administrativo en mayo pasado y remitió el expediente a la Fiscalía Cuarta de Colón.

Fuentes del Ministerio Público informaron ayer que el Juzgado Tercero Penal de Colón concedió esta semana la prórroga que había solicitado la mencionada Fiscalía para proseguir con la investigación que se sigue a Agroforestal Quebrada Ancha, cuyo promotor es Guojie Huang.

En ese sentido, el gobernado de Colón, Pedro Ríos, ha dicho que recopila información para proceder penal, civil y administrativamente contra la empresa.

También el Ministerio de Obras Públicas se documenta sobre este caso para aportar elementos que contribuyan a esta investigación en la Fiscalía.

La Anam aprobó el estudio de impacto ambiental de este proyecto, categoría II, el 3 de febrero de 2012, pero al mes se detectó que incurrió en un delito ecológico.

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