dgi establece alcance fiscal de 3 millones 76 mil dólares tras una auditoría a la empresa Desarrollo Golf Coronado s.a.

´Ahora hablaré más´: Eisenmann

Martinelli se reunía con dirigentes empresariales ayer, al mismo tiempo que la DGI notificaba del alcance fiscal a Eisenmann.

denuncia. I. Roberto Eisenmann reiteró que continuará la lucha en defensa de la democracia. LA PRENSA/Archivo denuncia. I. Roberto Eisenmann reiteró que continuará la lucha en defensa de la democracia. LA PRENSA/Archivo
denuncia. I. Roberto Eisenmann reiteró que continuará la lucha en defensa de la democracia. LA PRENSA/Archivo

Justo cuando el mandatario, Ricardo Martinelli, se reunía ayer en el Palacio de las Garzas con un grupo de representantes de gremios empresariales, I. Roberto Eisenmann era notificado por la Dirección General de Ingresos (DGI) del alcance fiscal de $3 millones 76 mil dólares tras una auditoría a su empresa familiar Desarrollo Golf Coronado, S.A.

Eisenmann, duro crítico de la gestión del mandatario, explicó que le entregaron dos resoluciones en las que le oficializaban la multa millonaria luego de una auditoría tributaria que le hacía la DGI a su empresa desde hace ocho meses. “La cifra se dobló”, dijo tras recordar que el pasado 22 de diciembre, cuando la DGI cerró la auditoría, funcionarios de esa entidad le informaron que el alcance era de $1.5 millón.

“Luis Cucalón [director de la DGI] miente cuando dice que nunca mencionaron la cifra. Dijo que la cifra la mencionó un asesor fiscal nuestro, cosa que es efectivamente imposible porque un asesor fiscal que está del lado de mi mesa, no puede saber esa información”, dijo.

Sostuvo que es evidente que la auditoría es una acción política por parte del gobierno de Ricardo Martinelli, luego de que reaccionara con duros comentarios a la solicitud del Ejecutivo de que presentara pruebas de las denuncias de corrupción que ha hecho en diversos medios.

¿Esta acción hará retroceder sus críticas hacia el gobierno?

No, todo lo contrario, ahora empieza la pelea jurídica sobre el caso. Primero vamos a pedir la reconsideración, luego la apelación, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia si es necesario. Pero, contrario a lo que ellos se imaginan, ahora hablaré más.

Voceros del Ejecutivo sostienen que usted trata de vincular la libertad de expresión con un caso de pago de impuestos que, según ellos, no tiene relación.

Si ellos pueden convencer a alguien de que lo que dicen es verdad, bueno bienvenido sesea. Pero ya está comprobado que sí es persecución política. Está comprobado por correo electrónico que luego de que fuera a donde Álvaro Alvarado, él [Martinelli] dio instrucciones para que empezara la investigación. Luego sale el artículo mío en La Prensa, luego de varios años de no escribir, y ordena el cierre de la auditoría y preparar un secuestro. Las cosas están comprobadísimas que esto es una motivación política. Yo he pasado por estas cosas antes y estoy acostumbrado a estas batallas y a estas luchas. Y me verán luchando con más fuerzas y más convicción (ver correo electrónico).

¿Qué alega la DGI?

El alcance contiene tres aspectos principales:

En el caso del ITBMS, los auditores de la DGI encontraron que las habitaciones del hotel no pagaban ITBMS, sino que pagaban un impuesto de turismo. Y que, por ser un impuesto de turismo y no el ITBMS, Coronado S.A. no tenía derecho de acreditar lo que se paga en ITBMS a los suplidores, al momento de determinar el saldo a pagar al Estado. Cuando nos dijeron esto, reconocimos que era cierto, y nos preparamos para volver a sacar la cuenta. Entonces ellos nos dijeron “no les vamos a permitir hacer la cuenta, nosotros (dijeron) vamos a sacar la proporcionalidad” y en eso metieron todo lo que ingresa a Coronado por la venta de lotes, que no tiene nada que ver con ITBMS y así fue como una cuenta que pudo ser de menos de 100 mil dólares se convirtió en medio millón.

En segundo lugar, determinaron que la cuota mensual de afiliación del Club de Golf, que básicamente se utiliza para mantenimiento de la cancha, se iba a considerar como ganancia neta. No aceptaron cuando les dijimos que la Ley 8 ampara a los hoteles e incluye la cancha de golf; y tampoco nos permitieron deducir el gasto incurrido para producir el ingreso, lo que contablemente es un absurdo.

Finalmente, cuando vendemos lotes, esperamos que el cliente termine de pagar, registramos la venta total y entonces pagamos el impuesto sobre la renta. Como el cliente a veces demora para venir a firmar la escritura, el 2% del impuesto de transferencia no se paga sino cuando el cliente firma y eso se manda al Registro Público. Ellos se fueron al Registro y llegaron a la conclusión de que el 2% pagado no coincide con la venta de ese momento.

REUNIÓN en palacio

En horas de la mañana, el mandatario se reunió con Antonio Fletcher, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Severo Sousa, de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón; Juan Francisco Kienner, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP); y Gastón Regis, de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

El motivo: las declaraciones contra los empresarios que hizo el mandatario durante su discurso en la instalación de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional el 2 de enero pasado.

Martinelli los calificó de “empresaurios” y “ladrones” por no cumplir con el pago de impuestos al Gobierno.

Sobre el caso de Eisenmann, los empresarios se limitaron a decir que se trata de un investigación a una empresa que debe hacerle frente con los instrumentos legales.

“No puedo referirme específicamente. La empresa, me imagino, usará su mecanismo de defensa”, dijo Fletcher.

Kienner, en tanto, aseguró que quien debe pagar los impuestos que los pague, y el que no, que le caiga todo el peso de la ley.

“A mí en el gobierno de Martín Torrijos me tuvieron los auditores por cinco años y nunca encontraron nada, porque lo hacemos correctamente y con apego a la ley”, agregó.

A eso de las 12:30 p.m., los cuatro empresarios terminaron la reunión con el mandatario.

Minutos antes, a eso de las 12:10 p.m., llegó Juan Luis Correa, vicepresidente ejecutivo y gerente general de los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Poco después llegó Federico Humbert Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Ambos tuvieron una reunión almuerzo con Martinelli que duró hasta las 4:00 p.m.

Humbert Arias calificó de productiva la reunión almuerzo que sostuvo con el mandatario, Ricardo Martinelli. “No quiero hablar de fricciones, sino que hubo temas del discurso en los que no estábamos de acuerdo. Sin embargo, el Presidente tuvo la iniciativa de invitarme a una reunión almuerzo y fue muy diligente y noble en hacernos saber que él no tenía ningún interés en ofender al sector privado”, dijo.

Aseguró que en la reunión no se trató en ningún momento el tema de Eisenmann. “Nosotros estamos viendo el tema institucional de la empresa privada, y ese tema [de Eisenmann] ni siquiera estuvo en la palestra de las conversaciones”, apuntó.

Humbert Arias manifestó que habló con Eisenmann y su cuñado César Tribaldos “y ellos fueron claros en saber cómo defenderse, y en ningún momento pidieron que la Cámara los defendiera”. (Con información de Irene Hernández, Eduardo Mendoza y Edith Castillo).

Oppenheimer: vuelven las dictaduras

“Como nunca en la historia reciente, presidentes elegidos que ya controlan el congreso y el sistema judicial de sus países están tratando de silenciar a los medios independientes.

Si lo logran, tal como parece estar ocurriendo, gozarán de un poder casi absoluto”, dijo en su más reciente columna en El Nuevo Herald, de Miami, el influyente analista político Andrés Oppenheimer, quien se refirió a la auditoría tributaria dispuesta por el Gobierno de Panamá en la empresa familiar de I. Roberto Eisenmann, presidente fundador de La Prensa.

Oppenheimer dijo que los inspectores fiscales son movilizados para acallar a periodistas que critican la corrupción en los gobiernos: “En Panamá y Nicaragua los presidentes Ricardo Martinelli y Daniel Ortega también parecen estar utilizando cada vez más a los inspectores impositivos para acallar a los periodistas incómodos.

El 27 de diciembre, I. Roberto Eisenmann, fundador del diario La Prensa de Panamá, denunció que una auditoría fiscal de siete meses a una de sus empresas terminó multándolo por 1.5 millón de dólares”. “Parece mentira que esto esté sucediendo en una región en general democrática, pero en gran parte se ha iniciado 2012 en medio de la mayor campaña de censura de prensa desde las dictaduras militares de la década de 1970”, indica Oppenheimer.

Al pasar revista a la situación de la libertad de prensa en la región, el columnista reseñó casos como el de Ecuador donde “el presidente populista Rafael Correa está conduciendo una guerra frontal contra los periodistas que denuncian la corrupción gubernamental.

El director del diario Hoy, Jaime Mantilla, fue condenado el 21 de diciembre a tres meses de cárcel” por publicar artículos sobre el posible tráfico de influencias del presidente del directorio del Banco Central de Ecuador, primo segundo del mandatario.

“Pocos meses antes, dice Oppenheimer, un periodista y tres ejecutivos del diario El Universo fueron sentenciados a tres años de cárcel y multas de 40 millones de dólares por supuesta difamación del Presidente”. Correa ha demandado a los autores del libro El gran hermano por escribir sobre “los contratos por más de 300 millones de dólares que el gobierno otorgó al hermano del Presidente, Fabricio Correa, quien ha confirmado públicamente estos negocios”.

En Argentina, dice más adelante el analista, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner logró la aprobación de una ley el 22 de diciembre declarando que la producción de papel prensa es un tema de interés público”, lo que permitirá al Gobierno decidir qué periódicos y revistas recibirán papel y a qué precio”.

Además de referirse a la conocida actitud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hacia la prensa independiente, Oppenheimer señala que en diciembre pasado varios países encabezados por Ecuador “aprobaron una propuesta dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) que podría abolir o debilitar seriamente a la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, que suele denunciar a los países que cometen abusos contra los medios. El tema será sometido a votación el 25 de enero”.

Ver artículo completo en http://www.elnuevoherald.com http://www.elnuevoherald.com/2012/01/05/v-print/1096825/andres-oppenheimer-el-regreso.html#storylink=cpy

Ley 8 otorga incentivos a las actividades turísticas

Wilfredo Jordán S. 

wjordan@prensa.com

La Ley 8 del 14 de junio de 1994 “por la cual se promueven las actividades turísticas en la república de Panamá” establece incentivos a los desarrollos hoteleros que incluyen diferentes áreas.

“Se beneficiarán de los incentivos de esta ley las inversiones de canchas de golf, de tenis, baños sauna, gimnasios, restaurantes, discotecas y todas aquellas actividades que estén integradas a la inversión hotelera”.

El objetivo de la legislación fue atraer la inversión de nuevas obras y actividades destinadas a ofrecer facilidades turísticas.

Después de su aprobación, varias empresas se interesaron en Panamá y establecieron desarrollos hoteleros que incluyen las actividades que menciona la ley para recibir el beneficio.

Algunos de estos proyectos se desarrollaron en las áreas de playa y construyeron campos para jugar golf, entre ellos, Buenaventura, Valle Escondido y Decameron.

Consultado sobre los alcances fiscales de esta Ley 8 para los proyectos que incluyen cancha de golf, Fernando Duque, presidente de Buenaventura, dijo que la legislación menciona claramente cuáles son las actividades que tienen el beneficio del incentivo.

“La inversión y operación de las actividades mencionadas en su nota están incluidas en la Ley 8 de incentivos como exoneradas del impuesto de importación de insumos y del impuesto sobre la renta sobre los ingresos, siempre que la actividad se lleve a cabo en una zona designada como un “área de interés nacional de desarrollo turístico” y que sean propiedad de un hotel inscrito en el Registro Nacional de Turismo”, respondió Duque a la consulta mediante correo electrónico.

Representantes de otras empresas consultados sobre los alcances fiscales de la Ley 8, prefirieron no hacer comentarios.

La exdirectora de Ingresos Gisela Porras dijo que no recordaba el detalle de los incentivos que están amparados en la Ley 8 en este momento, “pero ciertamente en la resolución que otorga la Autoridad de Turismo se listan las actividades amparadas y la extensión del incentivo que se concede”.

Marcos González, de batallonero a diputado

Gustavo Aparicio 

Eduardo Mendoza 

panorama@prensa.com

Considerado como uno de los tránsfugas de la política, el diputado de Cambio Democrático (CD) y vicepresidente de la Asamblea, Marcos González, es el autor del anteproyecto de ley que propone castigar con cuatro años de cárcel a los evasores de impuestos.

González presentó la propuesta dos días después de que el mandatario, Ricardo Martinelli, dijera en su discurso en la Asamblea que habría que ir pensando en una ley para castigar con cárcel a los empresarios que defraudan el fisco.

“Esto está dirigido a castigar a aquellos empresarios maleantes”, dijo el diputado que durante la dictadura militar fue miembro de los llamados batallones de la dignidad.

González, un exdirigente taxista de la década de 1990, había sido distanciado por Martinelli luego de que en 2009 protagonizó diferencias públicamente con el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, por el tema de las cárceles.

Pero en julio de 2011, el exarnulfista (diputado en 1999 por ese partido) vuelve a ser tomado en consideración cuando llega a la vicepresidencia de la Asamblea. Un proyecto como este, dijo ayer en un artículo de opinión publicado en este diario la exprocuradora Ana Matilde Gómez, es preocupante que venga del Ejecutivo, el cual utilizaría la pretendida ley como brazo punitivo de la acción selectiva de la DGI.

Para Rigoberto González, exsecretario general de la Procuraduría de la Nación y constitucionalista, el tema de penalizar la evasión fiscal no es inconstitucional porque ya existe como falta, pero actualmente no se aplica la pena de prisión. “Yo no lo veo como tema constitucional, sino legislativo, porque amerita presentar una ley para constituirlo como delito”, planteó González.

VOCES CALIFICADAS

En las matemáticas no caben la política ni los sentimientos personales. La contabilidad es una ciencia exacta y arrojó el monto de la auditoría”.

Salomón Shamah

Ministro de Turismo

Luis Cucalón está actuando conforme a la ley. Agotó el debido proceso, donde se realizaron los alcances, las estimaciones y las multas”.

Alma Cortés

Ministra de Trabajo

Este es un tema que se está ventilando en el Ministerio de Economía y Finanzas y, por consiguiente, prefiero abstenerme de opinar”.

Roberto Henríquez

Canciller de la República

Es mucho más sospechoso que primero se le dio una cifra y ahora va subiendo conforme a las reacciones y críticas de Roberto Eisenmann”.

Milton Henríquez

Presidente del Partido Popular

Esto está fuera de la ley y es inaceptable. Martinelli utiliza los medios gubernamentales para doblegar conciencias”.

Francisco Sánchez Cárdenas

Presidente del PRD

El Gobierno no ha aclarado los escándalos de corrupción y comienza a intimidar a los que han alzado su voz contra estos casos”.

Juan Carlos Varela

Vicepresidente de la República

Hay que saber la proporción de auditorías que se les hacen a las empresas de críticos del gobierno con las de otras actividades. No debe haber sesgos”.

Diego Eleta

Expresidente de la Cámara de Comercio

La DGI está en pleno derecho de auditar a las empresas, lo inaceptable es que lo haga movida por un interés político”.

August Simons

Expresidente de la Cámara de Comercio

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