DEUDAS

Alcaldes y concejales desafían ley de la CSS

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Todas las quincenas los funcionarios que laboran en los municipios y juntas comunales reciben el descuento de seguro social y educativo. Todas las quincenas los funcionarios que laboran en los municipios y juntas comunales reciben el descuento de seguro social y educativo.
Todas las quincenas los funcionarios que laboran en los municipios y juntas comunales reciben el descuento de seguro social y educativo. Archivo

Un total de 176 juntas comunales y 22 municipios mantienen una deuda acumulada desde hace 10 años por $8.5 millones en el pago de la cuota obrero-patronal a la Caja de Seguro Social (CSS).

La secretaria de Descentralización, Ericka González, señaló que las cuotas son descontadas a los servidores, pero no reportadas a la CSS.

Al respecto, la Ley 51 de 2005, orgánica de la CSS, señala sanciones a los empleadores que no cancelan las cuotas de la CSS, y el artículo 242 del Código Penal establece de dos a cuatro años de cárcel para los que retengan cuotas de la CSS por más de mil dólares.

MUNICIPIOS ADEUDAD A LA CSS

Servidores públicos de los gobiernos locales podrían ver afectado el pago de su jubilación, pensión, seguro de riesgo profesional o maternidad debido a que su empleador no pagó las cuotas obrero-patronales a la CSS.

En la actualidad, 176 juntas comunales, 22 municipios, dos consejos provinciales y una asociación de municipios del país adeudan $8 millones 509 mil 434 a la entidad de seguridad social.

Así lo revela un informe de la CSS, que recientemente dio a conocer esa entidad a la directora de la Secretaría Nacional de Descentralización, Ericka González, con el fin de que haga gestiones para la recuperación de esta deuda. En el informe al que tuvo acceso este medio se detalla la morosidad de los gobiernos locales respecto a la cuota de la CSS, así como los intereses que se han acumulado a razón de la deuda.

LOS MÁS MOROSOS

Entre los municipios más morosos destaca, por ejemplo, el de Colón, con una deuda de $6 millones acumulada de 2013 a 2017.

Le sigue el de Portobelo, también en la provincia de Colón, con $498 mil 519 entre 2009 a 2016.

En la lista también aparece el Municipio de Pinogana, en Darién, que entre 2008 a 2013 engrosó una morosidad de $212 mil 462. Otro en esa misma provincia es el de Chepigana, que adeuda $127 mil 780 correspondiente al periodo 2014-2017.

Igualmente está Barú, Chiriquí, que debe a la CSS $196 mil 915 este año.

Aparece también el Municipio de Chitré, Herrera, que entre 2009 a 2017 acumuló una deuda de $129 mil 226.

En tanto, Sambú, de la comarca Emberá Wounaan, tiene una deuda de $13 mil 650 y el de Santa Isabel, provincia de Colón, con $112 mil 94.

Mientras que en la lista de las juntas comunales morosas está la de Nuevo Emperador, Arraiján, que de 2005 a 2013 no pagó $58 mil 506.

La Junta Comunal de San Félix, Chiriquí, que adeuda a la CSS $16 mil 788 por cuotas entre 2011 a 2016. Figura también la Junta Comunal de Belisario Porras, en San Miguelito, que debe $25 mil 894 por cuotas morosas entre 2007 a 2017.

Tanto los municipios como las juntas comunales hacen el descuento a sus funcionarios, pero estos fondos no son reportados a las arcas de la CSS.

El artículo 241 del Código Penal señala de dos a cuatro años de cárcel por retención indebida de cuotas de los trabajadores cuando la suma supere los $1,000.

A la fecha, según dijo González, no han tenido respuestas de las autoridades locales sobre por qué no han pagado la cuota obrero-patronal. “No entendemos por qué no se paga, si ese dinero es sacado a los ciudadanos de sus pagos”, expresó.

A su juicio, lo que está pasando en los municipios es que “elevan sus presupuestos sin tomar en cuenta sus recaudaciones”. Añadió que también exceden su planilla sin tener la capacidad de ingresos necesarios para cubrir esas deudas. “Le podrán pagar [a los servidores públicos] un salario, pero no todas las prestaciones”, agregó. Este medio intentó contactar a los alcaldes de Portobelo, Colón y Barú, algunos de los municipios con mayor morosidad. Solo respondió Humberto Serrano, asistente del alcalde de Barú, Franklin Vergara.

Explicó que en el caso de ellos no se dio el pago a la CSS por muchos motivos. Uno de estos, explicó el funcionario, es la crisis económica que enfrenta el municipio debido a que en la región hay un 47% de desempleo, hecho que, de alguna manera, mermó la recaudación. “Han tenido que tomarse decisiones administrativas de momento para atender el pago de la planilla o la responsabilidad con la Caja”, explicó.

ACCIONES

La directora de la Secretaría Nacional de Descentralización señaló que emprenderá una gira en todo el país, a partir de enero de 2018, para asistir a los diferentes Consejos Provinciales y explicar la necesidad de ponerse al día con la CSS.

Manifestó que los municipios deberán sacar de sus presupuestos los fondos para cumplir con la responsabilidad de sus recaudaciones y no del dinero que se le asigna para la descentralización.

En el caso de las juntas comunales, añadió que conversará con el contralor para lograr que estas se ayuden con los fondos de la descentralización para cancelar parte la deuda.

De acuerdo con la Ley 66 de 2015, los municipios solo pueden usar los fondos de la descentralización hasta el 25% para funcionamiento, es decir, $125 mil. En tanto, las juntas comunales podrán usar hasta el 30% de los $110 mil que reciben del Programa de Inversión de Obras Públicas, que representa $33 mil.

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