POLÍTICA Y DERECHOS CIUDADANOS

Alcances y limitaciones de la campaña electoral

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El periodo de campaña arranca 45 días antes de las elecciones internas de los partidos, y 60 días antes de las elecciones generales. El periodo de campaña arranca 45 días antes de las elecciones internas de los partidos, y 60 días antes de las elecciones generales.
El periodo de campaña arranca 45 días antes de las elecciones internas de los partidos, y 60 días antes de las elecciones generales. LA PRENSA/Archivo

El país aún no está en campaña electoral, por lo que está prohibido hacer actividades proselitistas. Así lo establece la Ley 29 de mayo de 2017, que reformó el Código Electoral.

Mientras que el Decreto 13 de octubre de 2017, emitido por el Tribunal Electoral, estipula que se podrá hacer campaña política 45 días antes de las elecciones internas de los partidos políticos y 60 días antes de las elecciones generales.

Ese mismo decreto también establece los alcances y limitaciones de la campaña electoral. Este documento forma parte de las reglas del juego para las elecciones generales de 2019 .

CAMPAÑA ELECTORAL, EL DEBATE

Después de un mes de que el Tribunal Electoral (TE) reglamentara los alcances y limitaciones de la campaña electoral para los comicios de 2019, surge un nuevo debate en torno a esa delgada línea que establece la división entre la propaganda electoral y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

La Ley 29 de mayo de 2017, que establece cambios al Código Electoral de cara a los comicios generales de mayo de 2019, ya está siendo cuestionada por dirigentes de la sociedad civil, quienes advierten que esta norma deja las puerta abiertas para que los políticos “hagan lo que quieran”.

El tema cobró vigencia luego de que la diputada oficialista Katleen Levy repartiera botellas de agua y abanicos con su imagen en actos públicos.

Esta acción provocó duros cuestionamientos y abrió un debate. Por ejemplo, Roberto Troncoso, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, manifestó que quedó en evidencia la promoción política de esta diputada, quien, a su juicio, busca la reelección de una forma “encubierta”.

Así como ella, dijo Troncoso, hay otros políticos y autoridades haciendo lo mismo.

La ciudadanía también tiene en la mira algunas actividades del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, quien ha repartido colchones, utensilios de cocina, rastrillos, etc, en los denominados gabinetes ciudadanos del actual gobierno.

Etchelecu es uno de los que no descarta correr para obtener la candidatura presidencial del oficialista Partido Panameñista para 2019, escenario en el que competiría con su copartidario José Isabel Blandón, alcalde capitalino.

Sin embargo, el Tribunal Electoral ha informado que estas maniobras que algunos tildan de proselitismo no están fuera de la ley. Osman Valdés, director de Organización Electoral del TE, manifestó que mientras no se promocionen aspiraciones políticas fuera del periodo de campaña, no se está incurriendo en ilegalidad.

¿Cuál es el papel del fiscal electoral, Eduardo Peñaloza? Este medio consultó a la fiscalía si investigan a algún político por desafiar la veda electoral, y se informó que no ha iniciado investigación de oficio.

Sobre el caso de Levy, recordó que la competencia para investigarla es de la Corte Suprema de Justicia.

A juicio de Troncoso, Peñaloza no está cumpliendo con sus labores. Opinión que comparte Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, quien considera que el fiscal electoral debe estar atento ante las violaciones de la ley electoral, pero hasta ahora no lo está haciendo.

DISPOSICIONES

Con este panorama prevalece una interrogante: ¿Qué está prohibido y qué no? Esto es, precisamente, lo que el Decreto 13 de octubre de 2017 establece.

En primer término, el documento dice que la campaña electoral es el conjunto de actividades que realizan los partidos y candidatos a puestos de elección popular y procesos internos en un periodo determinado.

Campaña electoral, el debate Expandir Imagen
Campaña electoral, el debate

El propósito, manifiesta el reglamento, es informar, movilizar y persuadir al electorado para captar su simpatía a través de varias vías: informándoles sobre sus antecedentes y divulgando las propuestas de gobierno o políticas públicas que desarrollarán en caso de resultar electos.

Mientras, como propaganda electoral se entiende aquellos escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, entre otros, que se difundan en los medios de comunicación, redes sociales y cines.

Aquí también se cuentan los centros de llamadas, volantes, vallas y afiches.

LOS TIEMPOS

El decreto estipula, además, que el periodo de campaña comienza 45 días antes de las elecciones internas de los partidos, y 60 días antes de las elecciones generales. Esto quiere decir que, por ahora, el país se encuentra en veda electoral y por lo tanto está prohibido hacer campaña fuera de los períodos permitidos por la ley.

En este lapso, el TE prohíbe difundir propaganda a favor o en contra de ciudadanos o partidos políticos, ya sea pagada o donada, en cualquiera de las formas definidas en el concepto de campaña electoral.

La medida también alcanza a los administradores de redes sociales y canales virtuales.

Mientras tanto, dentro de las actividades permitidas durante la veda electoral figura el ejercicio de los derechos civiles, políticos y constitucionales de los ciudadanos para explorar libremente sus posibilidades de ocupar un cargo de elección popular, siempre que no incurran en la contratación pagada o donada de propaganda.

También se permite el ejercicio de las actividades de contenido editorial por parte de los medios de comunicación y la ejecución de actos preparatorios para la campaña. Este último punto abarca las reuniones de planeamiento logístico, capacitación, producción, grabación, filmación y contratación de cuñas y avisos publicitarios, siempre que no se utilicen durante la veda electoral.

Otra de las actividades que tiene el visto bueno del TE es la compra de material de propaganda electoral, su transporte y almacenamiento, mientras no se utilice en el tiempo del veto.

El decreto también es específico al señalar las prohibiciones dentro y fuera de los periodos de campaña electoral. Por ejemplo, se prohíbe que las personas naturales o jurídicas, a título propio o por cuenta de terceros, paguen o donen propaganda a favor o en contra de personas, candidatos o partidos.

La disposición también le ordena a los medios de difusión, estatales y privados, incluyendo a los canales virtuales, que contraten, acepten o donen pautas y tiempo para publicidad política en el periodo de la veda.

Quien viole estas disposiciones tendrá que pagar una multa. ( Ver tabla).

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