Alianza Ciudadana insta a investigar obra

Alianza Ciudadana denunció ante la Fiscalía Anticorrupción irregularidades en contrato otorgado por el Órgano Judicial.
La primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, inauguró el edificio 351. CORTESÍA/ Órgano Judicial. La primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, inauguró el edificio 351. CORTESÍA/ Órgano Judicial.
La primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, inauguró el edificio 351. CORTESÍA/ Órgano Judicial.

La Alianza Ciudadana pro Justicia presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue el contenido del contrato por $2.4 millones que avaló el Órgano Judicial para la rehabilitación y equipamiento del edificio que alberga la actual sede de la Jurisdicción de Familia de Panamá.

Según la denuncia, dicha contratación pública se otorgó de manera directa a una empresa que empezó operaciones en enero de 2012 y ha incumplido ciertas cláusulas del convenio.

La obra fue inaugurada el pasado 28 de octubre en un acto que contó con la presencia de la primera dama, Marta Linares de Martinelli, cuyo despacho donó el edificio 351 para esta sede ubicada en Ancón.

Entre los puntos a investigar solicitados por Alianza Ciudadana se incluyen las experticias y diligencias de instrucción técnico-periciales sobre el trabajo efectuado por la constructora de la obra.

“Solicitamos igualmente que se realicen inspecciones oculares, con técnicos del Ministerio de Salud, Oficina de Seguridad de los Bomberos e ingenieros civiles, a fin de verificar las instalaciones de seguridad y de salud para los usuarios y personal que diariamente labora en este edificio del Órgano Judicial”, añade la denuncia.

Explican que la acción legal se hizo efectiva la semana pasada, debido a innumerables reclamos de usuarios y abogados que indican sobre las pésimas condiciones en que se encuentra el edificio, el cual, según recalcan, no reúne los requisitos para albergar los juzgados de Familia.

Entre las quejas figura el hecho de que el elevador del edificio, el cual debió estar listo en ocho meses, a la fecha no ha sido instalado.

También sostienen que el acondicionador de aire no se ha habilitado y que el edificio tiene criaderos de mosquitos.

Además aducen que hay fallas eléctricas en el inmueble.

A pesar de que la obra fue inaugurada, se mantiene en mal estado; y no ha sido entregada de manera oficial, asegura la denuncia de Alianza Ciudadana.

De igual forma, los directivos de esta organización de la sociedad civil elevaron una petición a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que les permitan hacer un recorrido por dichas instalaciones a fin de conocer de forma directa las condiciones en que se encuentra la obra millonaria.

Se consultó a la presidencia del Órgano Judicial para conocer su reacción sobre esta denuncia, pero a través de la Oficina de Prensa se informó que el magistrado presidente Alejandro Moncada Luna no se encontraba y por tanto no había comentarios al respecto.

Cuestionan abusos en las videoaudiencias

El sistema de videoaudiencias adoptado en el país desde el año 2008 puede convertirse en una violación a los derechos humanos de los detenidos, advierten organismos de la sociedad civil.

El proyecto, con una inversión que sobrepasa los 4 millones de dólares, se utiliza con mayor frecuencia que las audiencias presenciales debido a los problemas confrontados para trasladar a los detenidos a los respectivos tribunales o juzgados, señala Alianza Ciudadana pro Justicia.

Según la organización, las videoaudiencias impiden la comunicación privada e instantánea entre el imputado y sus abogados.

En el evento de que en la audiencia el defensor requiera conversar con su cliente en privado, se tendría que suspender el juicio, desalojar la sala y luego reanudarla, sostiene Alianza Ciudadana.

Agrega que aún cumpliéndose con esta formalidad, el acusado no tendría privacidad para hablar con su apoderado legal debido que por ley siempre deberá estar vigilado por un policía. Sostiene, además, que con frecuencia los jueces se quejan por problemas de fidelidad de la imagen y sonido en la transmisión.

También se cuestiona que la información visual o de sonido que recibe el reo no tiene la calidad adecuada para propiciar su defensa.

Alianza Ciudadana sostiene que las videoaudiencias “no pueden convertirse en la regla general, sino en la excepción”. También exigen a la Policía que cumpla con su obligación de trasladar a los reos a los procesos.

José Otero

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