segundo debate proyecto que aplaza EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Alianza alerta a la CIDH

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Solo tres horas bastaron para que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara ayer en segundo debate el proyecto de ley 563, que posterga la aplicación del sistema penal acusatorio en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá, Colón, Darién, y en las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala.

Entre el primer debate, realizado el pasado miércoles en el seno de la Comisión de Gobierno, y la segunda discusión, efectuada ayer en el pleno de la Asamblea, no pasaron más 11 horas.

Solo cuatro diputados intervinieron ayer en la discusión, a la que no asistieron representantes del Ministerio Público (MP) ni magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y ni siquiera el proponente del proyecto, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega.

Tampoco fueron invitados representantes de la Alianza Ciudadana Pro Justicia ni del Colegio Nacional de Abogados, organizaciones que han expresado su rechazo a la decisión del Ejecutivo de aplazar la implementación del sistema.

El documento posterga de 2013 hasta 2015 la puesta en marcha del nuevo modelo penal en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé; y de 2014 a 2016 en Panamá, Colón, Darién y Guna Yala.

Cuotas de poder

El diputado panameñista José Blandón fue el que más criticó la propuesta.

“Lamento el apuro con el que la bancada oficialista pretende discutir y aprobar este proyecto, al que me opongo, porque es un descaro del gobierno, que se ha caracterizado por despilfarrar los fondos públicos, decir que el sistema, que viene a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y a modernizar la administración de justicia, no puede entrar en vigencia porque no hay dinero para ello”, expresó.

A juicio de Blandón, hay un plan del presidente, Ricardo Martinelli, para mantener una cuota de poder en el sistema judicial a través del MP.

“La estrategia del gobierno es mantener vigente en buena parte del país el sistema penal inquisitivo, que le da enorme poder a quien ocupe la Procuraduría de la Nación”, advirtió.

Opinó que la procuradora, Ana Belfon, fue a esa entidad a jugar un rol: “Perseguir a los políticos críticos del gobierno y ningún sistema le ofrece mejores mecanismos para realizar esa persecución que el inquisitivo, el cual permite una gran discrecionalidad al MP, a la procuradora y a los fiscales para ordenar detenciones preventivas y allanamientos, y tomar una serie de decisiones sin un filtro previo de una autoridad judicial”.

En tanto, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila mostró su asombro por la inclusión del proyecto en la agenda del pleno horas después de que fuera aprobado en primer debate.

A su juicio, con este proyecto de ley los perjudicados no serán los políticos o empresarios, sino el pueblo, porque de los cerca de 13 mil detenidos que hay en el país más de 60% no ha ido ante un juez.

Expresó que mantener el sistema penal inquisitivo puede servir para inhabilitar políticamente a personas con aspiraciones políticas si son señaladas en determinado momento.

“Como oposición, estamos en contra de que por segunda vez se posponga la aplicación del sistema penal acusatorio”, manifestó.

Por su lado, el diputado oficialista de Cambio Democrático (CD) Julio Luque, suplente de Mario Lázarus, fue el único que defendió la propuesta del Ejecutivo y argumentó que ese órgano del Estado es el único con el conocimiento suficiente para decir que no se está preparado a fin de aplicar el nuevo sistema y ha informado que no existen los recursos en estos momentos.

Falta de preparación

En tanto, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, dijo lamentar la postura de algunos miembros de la sociedad civil, aunque afirmó que respeta su posición.

“Estamos ante una realidad y es que no estamos preparados para implementar el sistema penal acusatorio en las otras provincias, porque no hay peritos de Medicina Legal y la plataforma digital, que es fundamental en este nuevo modelo, no funciona adecuadamente”, aseguró.

La sociedad civil organizada, sin embargo, volvió a rebatir esos argumentos y esta vez lo hizo en una carta enviada al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez.

En la misiva, firmada por la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, se reitera, por ejemplo, que no existe ningún informe técnico que justifique el aplazamiento del sistema y que sus motivaciones ni siquiera han sido discutidas en el seno de la comisión de alto nivel creada en 2010 para, precisamente, revisar la implementación del sistema.

Asimismo, se resalta que, contrario al argumento según el cual las instituciones no están preparadas para la aplicación del nuevo modelo, los informes del MP correspondientes a 2012 resaltan los resultados positivos de su aplicación en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, como por ejemplo que el nuevo modelo es 50% más rápido y eficiente.

En lo que respecta al tema de la falta de recursos, Castillo señala en la carta que es evidente la falta de voluntad del gobierno para asignar los fondos que requiere no solo el nuevo sistema penal, sino toda la administración de justicia.

Destaca, en ese sentido, que el presupuesto asignado al Órgano Judicial en 2013, de 221.1 millones de dólares, representa 2.31% del presupuesto general del Estado, el porcentaje más bajo en los últimos 10 años.

Además, que al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en vez de aumentarle los fondos, se los redujeron y estos pasaron de $21.1 millones en 2012 a $19.8 millones en 2013.

En cuanto a la impunidad que supuestamente y según el gobierno genera el nuevo modelo, Castillo indicó que, más bien, “los índices de eficiencia del actual sistema son extremadamente pobres y se requiere de forma urgente su revisión y actualización”.

Finalmente, también rechazó el argumento de las debilidades de la plataforma tecnológica y afirmó que se trata de una postura “muy débil”; tanto, que ningún país que ha aplicado el sistema acusatorio lo ha supeditado a una herramienta tecnológica. “En Herrera y Los Santos hay problemas con la plataforma, pero el sistema se aplica”, dijo.

Más rechazos

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Gabriel Diez, se opuso a la forma “expedita e inconsulta” cómo se ha debatido el proyecto y advirtió que el Ejecutivo no ha informado los fundamentos reales de su moratoria.

Agregó que las estadísticas a las que han tenido acceso sobre el funcionamiento del modelo en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos demuestran su efectividad en materia de rapidez, metodología y resultados.

A su vez, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Roberto Troncoso, coincidió en que la falta de presupuesto no puede ser la excusa del Gobierno para imponer el proyecto de ley.

“Pedimos que el proyecto se baje a primer debate, para que se pueda realizar una discusión mucho más profunda y participativa entre todos los sectores de la sociedad”, señaló.

A su juicio, el sistema acusatorio ha brindado resultados positivos, por lo que dijo no entender la postura del Ejecutivo para posponerlo.

El proyecto, aprobado en segundo debate con 37 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, será discutido en tercer debate el próximo lunes.

(Con información de Gustavo Aparicio, José Otero, Rafael Luna Noguera y Rubén Polanco).

Pleno de la Corte discute la suspensión

Los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en reunión del pleno ordinario celebrada la mañana de ayer, debatieron sobre la eventual suspensión del sistema penal acusatorio en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá, Darién, Colón y Guna Yala, confirmaron fuentes judiciales.

Durante el pleno, los magistrados de la Sala Penal José Ayú Prado y Harry Díaz explicaron que existen debilidades en cuanto a la capacitación y falta de peritos forenses, y en el funcionamiento de la plataforma digital.

Según las fuentes, los otros siete magistrados hicieron uso de la palabra en medio del debate y cada uno expuso sus argumentos en relación con el tema.

Entre las opciones que se mencionaron está la posibilidad de que el magistrado Ayú Prado tome una licencia de dos meses para dedicarse a supervisar la implementación del sistema en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, indicaron las fuentes.

Al final de la sesión del pleno, los magistrados acordaron colaborar y buscar mecanismos para fortalecer la ejecución del sistema en las provincias donde ya se iniciaron las operaciones.

La discusión se llevó a efecto en el pleno, luego de que Ayú Prado y el también magistrado Harley Mitchell enviaran cartas al presidente de la Corte, Alejandro Moncada, y le solicitaran una reunión para tratar el tema de la eventual postergación del sistema.

Rubén Polanco

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