administración de justicia

Alianza propone comisión que investigue señalamientos al CSN

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La Alianza Ciudadana Pro Justicia consideró que una comisión independiente debe investigar la supuesta intervención del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en los procesos de alto perfil, así como otros problemas que afectan a la administración de justicia.

En un comunicado divulgado ayer, la organización dio su opinión con relación a las publicaciones de La Estrella de Panamá que revelaron la supuesta actuación del CSN en los casos de alto perfil y la contratación del abogado Rogelio Saltarín para la preparación de las denuncias.

La agrupación señala que es “entendible que las instituciones del Estado necesitaban asesoramiento en la preparación de las denuncias que se presentarían y que el CSN, la Unidad de Análisis Financiero y otras instituciones tenían que colaborar con las investigaciones administrativas, y con ese esfuerzo que desde el Gobierno debía hacerse para presentar la información a las fiscalías anticorrupción”.

Por ello, indica, la contratación de abogados particulares por el Gobierno Nacional y la participación de entidades en la fase previa al inicio de las investigaciones penales “no es cuestionable desde nuestro punto de vista”.

Según la Alianza, lo que sí es preocupante de las publicaciones es la supuesta existencia de un grupo de abogados que, según la fuente del diario citado, se dedicó a negociar penas a cambio de cooperación con la justicia; los testigos protegidos, supuestamente preparados por el CSN y la presunta aportación de pruebas y presiones a jueces y fiscales por el CSN.

Estos señalamientos que se han divulgado son “muy fuertes”, dice la Alianza, pero agrega que “no se ha presentado suficiente información sustentada que nos diga -en el caso de haberse dado estas actuaciones- se hicieron con el conocimiento de las fiscalías anticorrupción, influyeron en las investigaciones o en las decisiones de los jueces o que los mismos fueron presionados para la toma de decisiones”.

Indica la Alianza Ciudadana Pro Justicia que “es necesario que las fiscalías anticorrupción aclaren en cuántos de los casos existen testigos protegidos y en cuántos de los casos hubo querellas por parte de los abogados particulares contratados por el Gobierno”.

El gremio sostiene que la investigación debe abarcar otros asuntos, como las declaraciones de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, sobre la grabación contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia Hernán De León.

También indica que se debe discutir la mora en el nombramiento de magistrados para la Corte y la ejecución de la carrera judicial.

“Seguimos con jueces interinos decidiendo casos de corrupción de alto perfil que uno a uno van quedando en la impunidad”, señala el comunicado.

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