PINCHAZOS

Amplia expectativa por eventual liberación del expresidente Martinelli

El Tribunal de Juicio deliberaba hasta la hora de cierre de esta edición sobre la petición de la defensa del exgobernante.

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En la tarde de ayer, las víctimas de las escuchas Balbina Herrera y Mitchel Doens pidieron en la audiencia que se le negara la libertad a Ricardo Martinelli. Pastor Morales En la tarde de ayer, las víctimas de las escuchas Balbina Herrera y Mitchel Doens pidieron en la audiencia que se le negara la libertad a Ricardo Martinelli. Pastor Morales
En la tarde de ayer, las víctimas de las escuchas Balbina Herrera y Mitchel Doens pidieron en la audiencia que se le negara la libertad a Ricardo Martinelli. Pastor Morales

Una amplia expectativa reinaba anoche en el país ante la eventual liberación del expresidente Ricardo Martinelli tras cumplir un año en prisión por los pinchazos.

Hasta la hora de cierre de esta edición, a las 2:00 a.m., el Tribunal de Juicio que conoce la causa llevaba, al menos, nueve horas deliberando sobre la petición de liberar al exgobernante, formulada por sus abogados defensores con base, precisamente, en que ayer cumplió un año preso en El Renacer.

Mientras los jueces discutían la petición, defensores, amigos y simpatizantes del expresidente colmaban la sala de audiencia y parte del exterior de esta.

Antes, seguidores de Martinelli agredieron verbalmente a algunas de las víctimas de los pinchazos, entre ellas, Balbina Herrera y Mitchell Doens.

Querellantes y víctimas de las escuchas pidieron desestimar la petición de la defensa.

Insultos y gritos a víctimas; defensa interroga a testigo

El reloj marcó las 2:30 p.m. cuando la defensa del expresidente Ricardo Martinelli presentó formalmente ayer ante el tribunal de juicio que sigue el proceso de los pinchazos un recurso para solicitar la “libertad inmediata” de su cliente que, casualmente, ayer cumplió un año detenido en la cárcel El Renacer, tras ser extraditado desde Estados Unidos el 11 de junio de 2018.

Carlos Carrillo fue el encargado, por el equipo de defensores del exgobernante, para presentar la moción ante el tribunal. ¿El argumento?: que el artículo 12 del Código Procesal Penal dispone, en su segundo párrafo, que la detención provisional no podrá exceder más de un año.

Dicho artículo dice: “ Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos son excepcionales. El juez de garantías, al decretar alguna de estas medidas, observará el carácter excepcional, subsidiario, provisional, proporcional y humanitario de estas.

La detención provisional está sometida a un límite temporal razonable para evitar que se convierta en una pena anticipada. La detención provisional no puede exceder de un año, excepto en los supuestos señalados en este Código”.

Carrillo abogó para que a su cliente le sea impuesta una medida cautelar menos severa que la detención provisional.

Tribunal no competente

El fiscal Ricaurte González, del equipo del Ministerio Público en el juicio, opinó que el tribunal no era competente para resolver esa petición y que la decisión correspondía a un juez de garantías a través de la presentación de un recurso de habeas corpus por la defensa.

Sus señalamientos fueron secundados por los abogados de los querellantes, a través de su vocero, Carlos Herrera Morán, quien recalcó que en este caso ya existe el precedente de que cuando se pide cambio de medida cautelar, la petición debe ser tratada por un juez de garantías.

Sin embargo, los jueces del tribunal de juicio, Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, resolvieron en el acto y decidieron que ellos eran los competentes para conocer el recurso.

Alegatos

Tras la decisión del tribunal, el fiscal planteó los argumentos por los cuales se debía rechazar la petición: que aún existe riesgo de fuga, ya que el exmandatario tiene un alto poder adquisitivo que le permite acceso a medios de transporte.

También advirtió el riesgo de destrucción de pruebas por parte del procesado, ya que algunos equipos usados por los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) para las tareas de espionaje no han sido encontrados.

También citó parte de la declaración del testigo protegido, respecto a que Martinelli se habría quedado con un disco duro con información interceptada por el CSN a las víctimas.

Además, recalcó las constantes amenazas de Martinelli contra los funcionarios de la fiscalía, a quienes ha advertido que demandará por fuertes sumas de dinero.

Herrera Morán, por su lado, advirtió que las autoridades judiciales panameñas se expondrían a un gran “ridículo” si le concedían la libertad al detenido, ya que cuando este saliera de prisión podría no retornar al juicio simulando enfermedad e, incluso, el proceso podría ser declarado nulo si Martinelli no comparecía a 10 sesiones seguidas.

También advirtió que una vez en libertad, el procesado podría dedicarse a amenazar al resto de los testigos que faltan por declarar durante el juicio oral.

Herrera Morán destacó que los riesgos procesales por los que un tribunal de apelaciones había negado con anterioridad cambiarle la detención provisional a Martinelli permanecen, y enumeró el peligro de fuga, destrucción de pruebas y amenazas a testigos.

Marta Linares de Martinelli, esposa del expresidente, acudió a la audiencia. Expandir Imagen
Marta Linares de Martinelli, esposa del expresidente, acudió a la audiencia. Pastor Morales

Hablan las víctimas

La excandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, una de las víctimas de las escuchas, señaló al intervenir en la audiencia que se oponía a la liberación del exmandatario por el hostigamiento del cual ha sido objeto por parte de sus abogados y sus seguidores .

Herrera recalcó que Martinelli ha sido un reo privilegiado, con una cantidad importante de visitas y atención médica durante casi las 24 horas del día.

Denunció que sentía “temor” por lo que le pudiera suceder, ya que a la entrada a la audiencia en Plaza Ágora la intimidaron seguidores de Martinelli.

En tanto, el perredista Mitchell Doens, también víctima de las escuchas, pidió que Martinelli no fuera puesto en libertad por considerarlo una persona perturbadora para la sociedad, quien, según opinó, se ha dedicado a perseguir a quienes se atrevieron a querellarlo por los pinchazos.

Doens aseguró que la gravedad de los delitos imputados a Martinelli hacían necesario que este permaneciera detenido hasta que existiese un veredicto de inocencia o culpabilidad.

A la salida de la audiencia, un grupo de simpatizantes de Martinelli increpó y gritó insultos tanto a Herrera como a Doens.

El grupo, que portaba pancartas, en su mayoría compuesto por hombres, le reclamó a Herrera y a Doens que se fueran a trabajar y dejaran a Martinelli tranquilo.

Pero Doens y Herrera mantuvieron la calma a pesar del hostigamiento e insultos por parte de los seguidores de Martinelli que se presentaron en el juicio para pedir su libertad.

David Cuevas, abogado de Rosendo Rivera, también víctima de los pinchazos, denunció que su cliente no tuvo oportunidad de hablar en la audiencia de ayer, debido a que la oficina judicial del juzgado nunca lo contactó tras la petición presentada por la defensa.

Cuevas indicó que se trató de una situación totalmente irregular y que el tribunal no atendió.

Tras los argumentos presentados tanto por la defensa de Martinelli, como la fiscalía y los querellantes, el juez Tejeira decretó un receso hasta las 9:00 p.m. de ayer para tomar una decisión.

En la audiencia, el exmandatario estuvo rodeado por su esposa, Marta Linares de Martinelli, familiares y copartidarios de Cambio Democrático.

Más temprano

En horas de la mañana, el testigo protegido 8430145 fue sometido al contrainterrogatorio por parte de la defensa de Martinelli.

El testigo narró que fue enviado fuera del país para desempeñar un cargo diplomático por los riesgos que implicaba permanecer en Panamá, tras haber dado detalles a las autoridades sobre las operaciones de espionaje que realizaba el Consejo de Seguridad Nacional.

Tras las preguntas del abogado Carlos Carrillo, el testigo dijo desconocer quién lo nombró como representante policial de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque indicó que la medida fue adoptada luego de que le declarara en 2014 al entonces fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, que sentía temor por su vida.

Detalló que gana un salario de $7 mil mensuales por desempeñar ese cargo y que, además, recibe su sueldo como sargento primero de la Policía Nacional, de mil 324 dólares al mes.

A juicio de Carrillo, resulta sospechosa la situación de que este funcionario haya recibido este beneficio por parte del gobierno actual.

El testigo protegido también relató que presentó su declaración ante la Fiscalía Auxiliar sin que se conociera su identidad por el riesgo que corrían él y su familia. Precisó que grabó un video en su casa, con ayuda de su esposa, en el que apareció su imagen y voz distorsionada, y que ese material fue remitido a la fiscalía para que se supiera del espionaje a través del CSN.

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