Análisis: ¿elecciones libres sin libertad de expresión?

El escenario producido por la ley y la interpretación del Tribunal Electoral crea un precedente peligroso para el sano ejercicio democrático.

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El Movimiento Independiente alega que tiene derecho de alertar a la población sobre prácticas cometidas por políticos que le afectan directamente.Ana Rentería El Movimiento Independiente alega que tiene derecho de alertar a la población sobre prácticas cometidas por políticos que le afectan directamente.Ana Rentería
El Movimiento Independiente alega que tiene derecho de alertar a la población sobre prácticas cometidas por políticos que le afectan directamente.Ana Rentería

Un domingo cualquiera, el 17 de febrero pasado, el Tribunal Electoral removió varias vallas de la campaña #PelaEl Ojo, de la organización Movin, porque estas supuestamente violaban la ley electoral. De ser cierta esta afirmación, los políticos panameños y quienes aspiran a ocupar cargos públicos adquirieron un nuevo blindaje, uno que impide exigirles la rendición de cuentas de manera pública durante el proceso electoral.

El régimen legal que regula el proceso electoral panameño es muy peculiar, ya que desde que se inicia el proceso electoral, limita sustancialmente la libertad de expresión. Durante el periodo de veda electoral, nadie puede hacer propaganda electoral o publicidad en forma alguna, vinculada con la promoción o ataque a partidos políticos o candidato alguno. Una vez concluida la veda, solo los partidos políticos y los candidatos pueden hacer propaganda o publicidad, ya sea pagada o donada.

El artículo 37 de la Constitución Política establece el principio general de libertad de expresión en Panamá.

“Artículo 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público”.

Nótese que la Constitución no permite la censura previa de ninguna forma de expresión. La única excepción que nuestra carta magna establece para limitar este derecho está incluida en el artículo 55, cuando, por razones de urgencia, el poder ejecutivo tiene la facultad de suspender temporalmente ciertas libertades constitucionales.

Por mandato constitucional, el Tribunal Electoral es la entidad encargada de organizar todo lo relativo al proceso de elecciones y a resolver las controversias generadas por estas actividades, excepto cuando se trate de un asunto constitucional, el cual se dirime en la Corte Suprema de Justicia.

En materia de expresión durante el proceso electoral, el Código Electoral es sumamente claro:

“Artículo 224. Se entiende por propaganda electoral los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que se difundan en cumplimiento del concepto de campaña electoral”.

El privilegio de la campaña electoral

Para entender el alcance del concepto de lo que es ”propaganda electoral” hay que comprender la definición de “campaña electoral”. El Código Electoral la define como:

“Artículo 221. La campaña electoral es el conjunto de actividades organizativas y comunicativas que realizan los partidos y candidatos a puestos de elección…”.

En otras palabras, solo los candidatos y los partidos políticos pueden hacer propaganda electoral durante el periodo en que no hay veda electoral. El Tribunal Electoral es la entidad que define lo que es “propaganda electoral”. Así, las vallas de Movin, que mostraban claramente la imagen de los candidatos presidenciales junto a diputados u otros políticos, sin mayor caracterización, se transformó para el Tribunal Electoral en “propaganda electoral”.

El conflicto entre elecciones limpias y libertad de expresión emerge por dos situaciones muy particulares. El artículo 231 del Código Electoral prohíbe la propaganda electoral de terceros distintos a los que no son partidos políticos o candidatos. Esta situación crea un silogismo peligroso para la democracia. Por un lado, se prohíbe la propaganda electoral de terceros, y por el otro, el Tribunal Electoral define lo que es propaganda electoral.

El precedente es muy significativo. Es posible imaginar que en una próxima campaña, un candidato anticapitalista que proponga nacionalizar las principales empresas privadas del país no pueda ser cuestionado por una campaña cívica a favor de la propiedad privada o de la libertad de empresa. Igual ocurriría con una candidatura cuya propuesta fuera abolir el Código de Trabajo. Esto impediría a los sindicatos comunicar por medio de una campaña publicitaria la defensa de la ley y sus bondades, puntualizando que hay un candidato que busca desmantelar el citado código.

La lista de excluidos por la normativa electoral y el precedente de las vallas de Movin sería, en verdad, infinita, ya que incluye a todos y cada uno de los ciudadanos que no son candidatos y a todas las organizaciones que no son partidos políticos. Esto restringe excesivamente la capacidad de los ciudadanos, la sociedad civil y otros actores de comunicar sus preocupaciones, planteamientos o cuestionamientos de los candidatos y partidos políticos, precisamente en el periodo en que dicha propaganda o publicidad sería más útil.

Tribunal Electoral contra Tribunal Electoral

Con su actuación, el propio Tribunal Electoral le ha dado una interpretación tan amplia al concepto de propaganda electoral que contradice su fallo del 20 de mayo de 2009, cuando en el caso de Hermisenda Perea contra el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, de forma unánime, los magistrados Eduardo Valdés, Gerardo Solís y Erasmo Pinilla decidieron que:

“En este sentido, los funcionarios públicos, y más aquellos que llegan a sus cargos producto de una elección popular, son personas cuyo comportamiento laboral es objeto continuo del escrutinio y la opinión pública, es decir, que las acciones que ejecuten en relación a su cargo, deben y pueden ser fiscalizadas por la población en general”.

Esta jurisprudencia es conceptual, no fija límites ni calendario al ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos. Mal puede la veda electoral y la prohibición de propaganda a terceros, incluir este tipo de ejercicio cívico.

Un último aspecto que ha sido invocado para justificar la remoción de las vallas de Movin es el del uso de la imagen personal de algunas figuras políticas del país. Esta prohibición supuestamente la justifica el numeral 3 del artículo 235 del Código Electoral que dice:

“3. El uso no autorizado de la imagen personal, según lo establece el artículo 577 del ‘Código de la Familia”.

Esta prohibición remite al artículo 577 del Código de la Familia, el cual permite el uso de la imagen sin autorización, para ciertos fines:

“Artículo 577. Toda persona tiene derecho exclusivo sobre su propia imagen, la que no podrá ser reproducida públicamente, en forma alguna, sin el consentimiento de su titular, aun cuando hubiese sido captada en lugar público. Se exceptúa de lo anterior las imágenes que se difundan con motivos noticiosos, de interés público o cultural, con base en el respeto de la dignidad humana”.

Esta excepción del uso de la imagen sin autorización para el interés público, también la tiene la Ley 15 de 1994, que en su artículo 22 dice:

“Artículo 22. El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la persona misma, y a su muerte, de sus derechohabientes. Sin embargo, será libre la publicación del retrato o busto cuando se relacione con fines científicos o culturales, en general, o cuando se relacione con hechos o acontecimientos públicos o de interés público”.

Estos argumentos no son nuevos, ya los había invocado la jurista Lina Vega Abad cuando defendió a CIAM en la denuncia electoral interpuesta por la entonces diputada Hermisenda Perea. El Tribunal Electoral los conoció y los incorporó como parte de su decisión del 20 de mayo de 2009. Si bien la ley 15 fue derogada por la ley 64 de 2012, el nuevo artículo 37 dice exactamente lo mismo.

En otras palabras, aquellos que detentan el poder público, o que aspiran a tenerlo están sujetos a un mayor escrutinio de toda la sociedad. A grandes poderes, grandes son las responsabilidades. Una de las principales es la rendición de cuentas.

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