DIRECTIVA PEDIRÁ AL EJECUTIVO QUE EL PROCESO NO INCLUYA INDEMNIZACIÓN

Anati impulsa expropiación

El excontralor Alvin Weeden y el diputado panameñista José Blandón critican fórmula escogida por la Anati.
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Las contradicciones entre miembros del Gobierno por la fórmula que se usará para recuperar el terreno de 11 mil 379 metros cuadrados frente a la bahía de Panamá, que cedió, a título gratuito, la directora de Catastro, Anabelle Villamonte, a la sociedad Segura Ventures, S.A., aumentaron ayer.

Desde temprano el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, abogó públicamente porque el lote fuese “expropiado”.

“Lo que no se puede hacer es revertir nada porque se crearía un precedente. Los que piensan que se puede revertir están totalmente equivocados... se abriría una caja de Pandora”, advirtió con firmeza Papadimitriu.

Con esta tajante declaración, el ministro de la Presidencia contradecía al presidente, Ricardo Martinelli, quien el sábado pasado dijo desde Europa que promovería la “reversión” al patrimonio de la nación del lote en mención, cuyo valor catastral es de $11 millones 367 mil 581.04.

Las declaraciones del mandatario quedaron plasmadas el pasado sábado en un comunicado que envió la Secretaría de Comunicación del Estado, luego de que horas antes el mandatario mencionó que promovería su expropiación en el próximo Consejo de Gabinete.

“No me temblará la mano al hacerlo. Como verás, se expropiará sin afectar que investiguemos todo lo que pasó”, dijo Martinelli vía a La Prensa.

Tras esas declaraciones, la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, informó que “por no ser abogado, el presidente Martinelli habló de expropiación, pero lo que se hará es revertir el terreno... si se hace a través de una expropiación se tendría que pagar a estos facinerosos casi 12 millones de dólares”.

La gobernadora hizo esas revelaciones por petición de Ana Belfon, directora de asesoría legal de la Presidencia.

Pero ayer el presidente Martinelli volvió a dar un giro en sus declaraciones al ser consultado por La Prensa. “Lea mi Twitter y Panamá América, dije expropiar”, señaló el mandatario.

Diferencias

En la mañana de ayer, y antes de la reunión de la directiva de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) –ver fotos–, el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, rechazó la fórmula de la expropiación.

“He leído y escuchado argumentos sobre el riesgo inherente en una expropiación por el tema de una posible indemnización, la cual considero inaceptable”, explicó a La Prensa Vallarino.

En ese momento, el titular del MEF reveló que equipos legales del Gobierno analizaban alternativas, incluyendo un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia y una medida cautelar. “Lo que se busca es la fórmula legal más expedita para extinguir la operación”, agregó.

El funcionario también reveló que desde el pasado viernes se iniciaron las investigación del proceso de titulación realizado por Catastro, y que se pediría también la intervención del Ministerio Público.

Cónclave

La reunión de la directiva de Anati -que desde julio pasado tiene completo control de la Dirección de Catastro, que antes pertenecía al MEF- se pactó para las 3:00 de la tarde; sin embargo, se inició pasadas las 4:00.

Y aunque el ministro de la Presidencia no es miembro de la directiva, tenía claro desde su llegada a la cita -en las oficinas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)- la solución al rompecabezas: “expropiación especial”.

Lo que esto significaba nunca fue aclarado. A su lado asentía la viceministra de la Presidencia, María Fábrega.

Casi tres horas después, el presidente de la directiva de Anati; el ministro del Miviot Carlos Duboy, junto al administrador de la institución, Alejandro Castillero, dieron el anuncio: “atendiendo la recomendación del presidente de la República, Ricardo Martinelli”, se solicitaría al Órgano Ejecutivo “que considere la expropiación sin indemnización, del terreno adjudicado en Paitilla, por motivos de interés social urgente a favor de la nación”.

Triunfaba así la tesis de Papadimitriu, y Castillero era designado para darle la noticia a César Segura Pineda, el afortunado vendedor de flores. “Estamos trabajando en contra del reloj”, comentó Castillero.

Respaldo

Tras informar de la “solución” al dilema surgido por la polémica adjudicación, tanto Duboy como Castillero aseguraron que todo el procedimiento realizado por la directora de Catastro fue “transparente”.

“Todo se manejó de manera legal”, añadió Castillero, al tiempo que aseguraba que Villamonte explicó a la directiva de Anati el procedimiento y las razones de la adjudicación. “Y todo nos quedó claro”, recalcó.

Incluso, Duboy añadió un nuevo ingrediente a la confusión. A pesar de que el mapa de zonificación de su ministerio tiene identificado el polémico terreno como “parque vecinal”, ayer lo negó.

“Existe un limbo sobre si es o no un parque o lote baldío, y son dos cosas diferentes, añadió Duboy.

Sin embargo, en declaraciones a este diario la semana pasada, Duboy aseguró que la zonificación de parque vecinal tenía el sustento de dos resoluciones del Miviot, tras consultas públicas.

Duboy también parece ignorar que Segura fue expulsado del lugar en 2005. “Fue considerado intruso por varias administraciones, pero nadie lo pudo sacar”, afirmó tajante.

Villamonte también habló a la salida de la reunión asegurando que, “en los archivos de Catastro consta que el señor Segura desde el año 2003 viene gestionando la solicitud para regularizar su situación, sin embargo, las legislaciones que se daban en ese tiempo no permitían llevarlo a una titulación... cumplió con los requisitos mínimos que exige la ley”.

“La Ley 80 [de 2009] me da la facultad como directora de Catastro para titular... esa es mi competencia, dar títulos gratuitos u onerosos...”, agregó Villamonte.

Con relación a la diferencia del valor catastral otorgado al terreno de la polémica ($999) y los $2 mil y $2 mil 500 por metro cuadrado al resto del área de Paitilla, Villamonte comentó que la razón era que se trata de un terreno baldío.

Reacciones

La decisión de la directiva de Anati de “expropiar sin indemnizar” fue inmediatamente criticada.

Para el excontralor Alvin Weeden no es posible, por lo que conminó al presidente Martinelli y al ministro Vallarino a que apliquen el Código Fiscal que prevé procedimientos que tienen por objeto la recuperación efectiva del terreno con la figura de bien oculto.

“Aquí lo que cabe es presentar un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, porque el título fue adquirido ilícitamente”, planteó Weeden.

En tanto, el diputado panameñista José Blandón cuestionó -en el período de incidencias de la Asamblea Nacional- el hecho de que Castillero y Villamonte “les regalaron esas tierras a una sociedad anónima sin pagar un real”.

“Aquí tienen que salir quiénes son los accionistas de esa sociedad. Tienen que caer cabezas... esto es un atraco al erario y no puede quedar impune...”, agregó Blandón, quien posteriormente criticó la decisión de la Anati de “expropiar sin indemnizar”, porque “implica reconocimiento de la propiedad”.

Por otra parte, miembros de la juventud del opositor Partido Revolucionario Democrático criticaron la actuación de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y del Servicio de Protección Institucional, de remover el letrero que colocaron este domingo para denunciar lo que calificaron como una “bribonada” del Gobierno en la adjudicación gratuita del citado terreno.

En horas de la tarde, en el área fue colocado otro letrero con la frase “propiedad del Estado”, luego que funcionarios de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario -encabezados por el subadministrador Jaime Cohen- limpiaran el lugar .

Mientras, el abogado Roberto Ruiz Díaz informó que presentará hoy un recurso ante la Dirección de Catastro para que se revoque la resolución 207, del 12 de julio de 2011, por el cual su directora, Anabelle Villamonte, otorgó a título gratuito el lote de una hectárea.

(Con información de Gustavo Aparicio e Irene Hernández)

Bienes, rellenos e ilegalidades

El artículo 258 de la Constitución Política de la República de Panamá, establece que “pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada... el mar territorial y las playas”.

Los rellenos del lecho marino, como el polémico caso del terreno de Paitilla, constituye, en consecuencia, un bien nacional que, por su naturaleza, no puede ser objeto de apropiación privada. Solo en algunos supuestos la Constitución permite que el Estado los otorgue en concesiones temporales.

Esta prohibición tuvo en 2004 el aval de un fallo de la Corte Suprema, que determinó que los rellenos no podían ser propiedad privada, porque se estaría “perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como el mar territorial, las playas y el lecho marino”.

Sin embargo, dos años después, en 2006, otro fallo de la Corte cambió de criterio, determinando que los rellenos sobre el mar podrían ser vendidos a particulares tras un acto de “desafectación” mediante un acto administrativo.

Es decir, el terreno de Paitilla cedido por la directora de Catastro, Anabelle Villamonte, no podría ser adjudicado por el trámite de derecho posesorio, sin que se procediera previamente a su expresa desafectación.

Una vez cumplido este trámite administrativo, la tierra hubiese pasado a ser un bien patrimonial, que son aquellos que pertenecen al Estado, pero que pueden ser cedidos o arrendados por un precio determinado. En el caso de los derechos posesorios en costas e islas, la legislación vigente permite que se otorgue a los legítimos dueños de esos derechos un máximo de 5 hectáreas de forma gratuita.

La diferencia entre estas dos categorías -bienes nacionales y patrimoniales- es el destino del bien a un uso o servicio público, o al fomento de la riqueza nacional.

A pesar de todo ello, y de todas las irregularidades encontradas por este diario en el proceso de titulación por derecho posesorio de los 11 mil 379 metros cuadrados de forma gratuita a favor de la sociedad Segura Ventures Inc., el director de Anati, Alejandro Castillero, dijo ayer al salir de la reunión convocada de urgencia para tratar el asunto, que “daba un espaldarazo” a la actuación de Villamonte en este caso.

LINA VEGA ABAD

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