Jeanine Áñez intenta poner fin a violentas protestas

El nuevo gobierno de Bolivia desplegaba ayer esfuerzos por lograr el cese de las manifestaciones, que en un mes se han cobrado al menos 23 víctimas –según el último balance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), divulgado el sábado pasado–, mientras grupos campesinos afines al exmandatario Evo Morales le daban un plazo de 48 horas a la presidenta provisoria Jeanine Áñez para dimitir.

El principal foco del conflicto se había concentrado en Cochabamba (centro), donde el pasado viernes campesinos cocaleros chocaron con el ejército y la policía, con un saldo de nueve muertos, según la CIDH.

El gobierno ha reconocido oficialmente cinco muertos, y el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, ha deslizado la idea de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto “aparece con un tiro en la nuca”.

Pero Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde murieron los nueve cocaleros: “Todos los muertos son con impacto de bala”.

“Todos con quien he hablado dijeron que [en las manifestaciones] no había ninguna persona civil con un arma”, dijo Becker por teléfono a la AFP, señalando que entrevistó a 50 personas en esa ciudad.

Asilado en México tras renunciar a la Presidencia hace una semana luego de perder el apoyo de los militares, Morales declaró en un tuit que “estos delitos de lesa humanidad (...) no deben quedar en la impunidad”.

Mientras, Jean Arnault, enviado del Secretario General de la ONU, comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz en el país, en convulsión política desde la cuestionada reelección de Morales el 20 de octubre.

La CIDH calificó en Twitter de “grave” un decreto del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público.

“El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta”, señaló el organismo autónomo de la OEA.

El ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, dijo que el decreto “no es una licencia para matar, sólo define la tarea de las fuerzas armadas con una base constitucional en garantizar la estabilidad del país”.

A pesar de la polémica, Murillo indicó que mediante las gestiones del gobierno “los conflictos han bajado en 50% en intensidad”.

En la ciudad de Cochabamba todavía se suscitan “algunos enfrentamientos”, pero su intensidad está disminuyendo, dijo el comandante de la Policía nacional, coronel Rodolfo Montero.

En contraste, decenas de personas se reunieron la noche del sábado en un barrio de El Alto, ciudad vecina a La Paz, con pañuelos blancos pidiendo la paz.

Cerca de ese lugar vecinos seguían bloqueando el único acceso a una planta que distribuye combustible a La Paz, provocando una creciente escasez que ha comenzado a mermar el transporte vehicular en la ciudad.

A raíz de los cortes de rutas, en varias regiones ha comenzado a sentirse el desabastecimiento de comestibles en los mercados populares, lo que ha generado especulación.

El gobierno envió a La Paz un avión con 35 toneladas de carne y prometió otras 25 toneladas de pollo en los próximos días, dijo Justiniano.

Pero la presión contra las nuevas autoridades se mantiene.

Seis sindicatos cocaleros del Chapare, feudo de Morales, exigieron la noche del sábado “la renuncia de la autoproclamada presidente de facto Jeanine Áñez Chávez en un plazo de 48 horas”.

Entre otros nueve puntos, los cocaleros, que se mantenían este sábado estacionados en Sacaba, solicitaron al Legislativo que apruebe una ley “que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días”.

Una asamblea de vecinos de El Alto, aprobó también “un cerco a la ciudad de La Paz” desde el lunes para forzar “la renuncia inmediata” de Áñez, tachando su nombramiento de “ilegal”.

A pesar de esos pronunciamientos, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), que tienen mayoría en el Congreso bicameral, llamaron a las bancadas minoritarias a una reunión para hoy, lunes.

El propósito de la reunión es “debatir sobre la coyuntura política” en la perspectiva de “pacificar este país”, dijo la diputada del MAS Betty Yañíquez.

“El MAS quiere trabajar en armonía”, dijo Yañíquez a periodistas.

Imágenes de televisión mostraron la salida de Bolivia, desde el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz (este), de otros 200 cooperantes cubanos, repatriados por su gobierno –de un total de 725 que trabajaban en el país andino–, luego de que partieran el sábado los primeros 276 médicos y educadores a la isla.