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Anulan EIA de parque eólico

La promotora del proyecto cuestionó el fallo de la Sala Tercera de la Corte alegando que cumplió con todos los requisitos exigidos en la regulación ambiental.

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Anulan EIA de parque eólico

El estudio de impacto ambiental (EIA) categoría II, aprobado en 2014 por la entonces Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM) para la construcción del parque eólico Quijada del Diablo, en la Reserva Forestal Fortuna, fue declarado nulo por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo, que lleva la firma de Cecilio Cedalise como magistrado ponente, indica que el proyecto causará“graves” daños al ecosistema, que es “perjudicial” para la reserva, y que el impacto es “adverso”, a pesar de que se trata de un proyecto de energía renovable no contaminante.

El parque, que comprendería la instalación de 75 ventiladores que generarían 150 megavatios, se ubicaría en el corregimiento de Hornito, provincia de Chiriquí.

Al respecto, Manuel Armijo, representante de Luz Eólica de Panamá, promotora del proyecto, cuestionó el fallo, ya que como empresa cumplieron con todos los requisitos exigidos por la ANAM.

“¿Quién sustenta o protege la inversión en este país?”, cuestiona Armijo. Insiste en que las normas permiten este tipo de proyectos dentro de la reserva forestal.

El fallo surgió luego de que representantes de la Hidroeléctrica Fortuna (Enel Fortuna, S.A.) solicitaran declarar ilegal la resolución de aprobación del EIA de la ANAM, actualmente Ministerio de Ambiente, por considerar que violaba el Decreto Ejecutivo No. 68 del 21 de septiembre de 1976, que crea la Reserva Forestal Fortuna.

DECLARAN  ‘ILEGAL’ PARQUE EÓLICO

La Reserva Forestal Fortuna tiene una extensión de 19 mil 500 hectáreas de bosques nubosos secundarios y primarios, y se constituyó para preservar el recurso hídrico, principal fuente de energía de la hidroeléctrica del mismo nombre. Expandir Imagen
La Reserva Forestal Fortuna tiene una extensión de 19 mil 500 hectáreas de bosques nubosos secundarios y primarios, y se constituyó para preservar el recurso hídrico, principal fuente de energía de la hidroeléctrica del mismo nombre. LA PRENSA/Archivo

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró“nula por ilegal” la resolución No. IA-048-2014 de 26 de marzo de 2014, dictada por la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), a través de la cual se aprobó un estudio ambiental categoría II para la construcción del parque eólico Quijada del Diablo en la Reserva Forestal Fortuna.

Este proyecto eólico comprendía la instalación de 75 ventiladores que generarían 150 megavatios. En una primera fase se contemplaba poner en marcha 40 aerogeneradores, con capacidad de producir dos megavatios de potencia cada uno y luego se colocarían en una segunda fase 35. El promotor es la empresa Luz Eólica de Panamá, S.A.

No obstante, según la Sala Tercera, por estar dentro de un área protegida, este estudio ambiental debió ser categoría III, en lugar de II.

Además, en el fallo, que lleva la firma de Cecilio Cedalise, como magistrado ponente, se resalta que el proyecto causará“graves” daños al ecosistema y es “perjudicial” para la Reserva Forestal Fortuna, toda que vez que, tratándose de un sitio protegido, el impacto es “adverso”, a pesar de que se trate de proyectos de energías renovables no contaminantes.

Específicamente, los aerogeneradores se ubicarían en Quijada del Diablo, corregimiento de Hornito (Chiriquí), en un área a concesionar de 3 mil 938 hectáreas de la Reserva Forestal Fortuna.

La decisión de la Sala Tercera fue publicada la semana pasada en Gaceta Oficial.

GÉNESIS DE FALLO

Este fallo surge luego de que representantes de la Hidroeléctrica Fortuna (Enel Fortuna, S.A.) solicitaran a la Corte declarar ilegal la resolución de la entonces ANAM, ahora Ministerio de Ambiente, por considerar que con ese proyecto eólico se viola el Decreto Ejecutivo No. 68 de 21 de septiembre de 1976, que crea la Reserva Forestal Fortuna.

“La ANAM aprueba un estudio de impacto ambiental para un proyecto que al establecerse, tanto en su fase de construcción como de operación, afectaría negativamente la cuenca hidrográfica de la hidroeléctrica Fortuna”, señalan los demandantes.

También subrayan que se ha quebrantado la Ley 41 de 1 de julio de 1998, conocida como Ley General de Ambiente, porque con el estudio ambiental se otorga un permiso o autorización para que se establezca un proyecto en el corazón de un área protegida, causando el consecuente “daño” ambiental a la Reserva Fortuna.

La Hidroeléctrica Fortuna es uno de los principales proveedores del sistema eléctrico panameño. En su entorno está la Reserva Fortuna, demarcada mediante la Ley No. 18 del 9 de abril de 1976 y declarada como tal por el Decreto Ley 68 del 21 de septiembre del mismo año.

Comprende una extensión de 19 mil 500 hectáreas, en las que predominan bosques nubosos secundarios y primarios, y se constituyó para preservar el recurso hídrico, principal fuente para generar energía.

Por su altísima biodiversidad, hoy día es reconocida como zona núcleo de la Reserva Mundial de la Biosfera y parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

RECHAZAN DECISIÓN

Declaran ‘ilegal’ parque eólico Expandir Imagen
Declaran ‘ilegal’ parque eólico

Manuel Armijo, representante de Luz Eólica de Panamá, cuestionó el fallo de la Sala Tercera, ya que, según él, como empresa cumplieron con todos los requisitos exigidos por ANAM.

“¿Quién sustenta o protege la inversión en este país?”, se preguntó Armijo para luego asegurar que la normativa permite este tipo de proyectos dentro de la reserva forestal.

En ese sentido, hasta 2003 no se permitía este tipo de proyectos eólicos en la reserva, pero se modificó el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 68 del 21 de septiembre de 1976, por el cual se creó la Reserva Fortuna.

El fin de tal modificación era autorizar la realización de proyectos energéticos renovables no contaminantes, a partir del uso de tecnologías limpias, tales como energía eólica y solar. La única condición de esta reforma era que no pusiera en peligro la hidroeléctrica.

“Todo proyecto a desarrollarse dentro de la Reserva deberá obtener todas las autorizaciones requeridas de la Autoridad del Ambiente, de conformidad con la legislación vigente, y no podrá afectar la cuenca hidrográfica de la hidroeléctrica Fortuna”, señala la normativa que se promulgó para esa fecha.

El mismo año de su promulgación, la modificación fue demandada en la Sala Tercera por los representantes de la hidroeléctrica Fortuna, ya que consideraban que cualquier obra en esa zona podía afectar su producción energética. A pesar de que en 2007 la Sala Tercera declaró improcedente el recurso legal.

Aunque en este reciente fallo la Sala Tercera sí les dio la razón a los propietarios de la hidroeléctrica, sobre el hecho de que el parque eólico Quijada del Diablo sería “perjudicial” para la cuenca hidrográfica y para el sitio protegido.

AVANCE DE PROYECTO

Armijo subrayó que este proyecto está en etapa de solicitar una licencia definitiva de concesión ante la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y también buscando financiamiento por unos $530 millones. “Estamos caminando en el financiamiento y hay inversionistas interesados”, añadió.

“Aún no estamos en fase de construcción porque eso toma su tiempo, pero ahora nos toca discutir este fallo con nuestro equipo legal”, concluyó el empresario.

Sobre este tema, el ambientalista Osvaldo Jordán consideró la decisión de la Sala Tercera como “positiva”. “Me alegro que los magistrados hayan confirmado lo que venimos diciendo hace años”, puntualizó.

Pese a que se modificó la norma en 2003 para que proyectos eólicos puedan desarrollarse allí, Jordán considera que estas obras no son “compatibles” con la cuenca hidrográfica y con la reserva forestal.

Para los ecologistas en este caso sí está en “riesgo” la cuenca hidrográfica de la hidroeléctrica, pues el proyecto eólico tomará el 20% de todas las hectáreas que componen el área protegida.

Como parte de este proceso legal, el procurador de la Administración, Rigoberto González, también emitió su opinión y solicitó en su momento (2016) a los magistrados de la Sala Tercera declarar ilegal el estudio ambiental, por considerar los impactos negativos que tendría para el área protegida y los bosques del sitio.

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