PINCHAZOS

Anuncian recursos contra fallo que exculpó a Martinelli

La fiscalía y los querellantes deberán sustentar los recursos en los próximos días.

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Abogados querellantes de las víctimas de los pinchazos acudieron a la sede del Primer Distrito Judicial, en Plaza Ágora, para anunciar que presentarán tres recursos con el objeto de anular el fallo que declaró no culpable a Martinelli. Gabriel Rodríguez Abogados querellantes de las víctimas de los pinchazos acudieron a la sede del Primer Distrito Judicial, en Plaza Ágora, para anunciar que presentarán tres recursos con el objeto de anular el fallo que declaró no culpable a Martinelli. Gabriel Rodríguez
Abogados querellantes de las víctimas de los pinchazos acudieron a la sede del Primer Distrito Judicial, en Plaza Ágora, para anunciar que presentarán tres recursos con el objeto de anular el fallo que declaró no culpable a Martinelli. Gabriel Rodríguez

La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Apelaciones tendrán en sus manos la decisión de revertir o no el fallo del pasado 9 de agosto que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli de espionaje político y peculado.

Ayer, el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Ricaurte González, anunció que presentará un recurso de nulidad contra el fallo de los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara.

A su vez, los abogados de seis de las víctimas informaron que interpondrán otras dos acciones legales: nulidad y casación.

Los recursos de nulidad deberán ser presentados ante los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial. Mientras que el de casación se interpondrá ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema.

De acuerdo con Carlos Herrera Delgado, abogado de Mauro Zúñiga –una de las víctimas de las escuchas– disponen de 15 días para presentar y sustentar la casación, y de 8 días para la nulidad.

El abogado precisó que si ambos recursos son admitidos en las instancias correspondientes, se necesitará una audiencia para que las partes expongan sus respectivos argumentos.

Ricaurte González. Expandir Imagen
Ricaurte González. Archivo

Fiscalía y víctimas revelan sus estrategias

Revertir el fallo de los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y peculado, es la pretensión de las víctimas y de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que llevó el proceso.

Con ese objetivo, víctimas y fiscales acudieron ayer a las oficinas del Primer Distrito Judicial de Panamá y anunciaron que presentarán dos recursos de nulidad, y uno más de casación.

Ricaurte González, fiscal contra la delincuencia organizada, informó que en los próximos días presentará un recurso de nulidad con causal concurrente de casación ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Precisó que su despacho tiene ocho días para interponer y sustentar el recurso.

González resaltó que uno de los puntos que llama la atención del fallo del pasado 9 de agosto es la exclusión de la prueba en la que constaba el listado de los teléfonos de la víctimas de los pinchazos.

Contó que el Tribunal de Juicio negó la evacuación de esa prueba, a pesar de haber sido incluida en la fase intermedia [cuando el proceso estaba en la Corte Suprema de Justicia].

El fiscal recalcó que “es grave” que el tribunal no permitiera su evacuación en el juicio y que en la sentencia alegara que no se pudo probar si los teléfonos de las víctimas fueron interceptados con autorización de la Corte Suprema o no.

Dos grupos

Por su parte, el grupo de seis víctimas que se convirtieron en querellantes contra Martinelli en el proceso, se dividió en otros dos grupos. Uno presentará un recurso de nulidad y el otro, uno de casación.

Mitchell Doens, Balbina Herrera y Mauro Zúñiga decidieron atacar la decisión del tribunal con la nulidad.

Mientras que Rosendo Rivera, Rubén Polanco y Juan Carlos Navarro optaron por la casación ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Carlos Herrera Delgado, abogado de Mauro Zúñiga, detalló que para presentar y sustentar la casación tienen 15 días. Los que apelan a la nulidad, tendrán 8.

Herrera Delgado detalló que, de ser admitidos ambos recursos, se requerirá de una audiencia en la que las partes presentarán los argumentos.

‘No hay justicia’

En tanto, Juan Carlos Navarro, exalcalde de Panamá, excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático en las elecciones de 2014 y una de las víctimas de los pinchazos, también se refirió al fallo del Tribunal de Juicio.

Aseguró que en Panamá “no hay justicia” y que esa circunstancia está afectando el desarrollo económico del país. Por eso, aseguró, presentarán los recursos con el objetivo de revertir la “absurda” decisión del tribunal.

A su vez, la también perredista Balbina Herrera, otra de las víctimas, advirtió que para resolver el caso se requerirá de magistrados de la Corte imparciales, quienes analicen los recursos desde una perspectiva “meramente jurídica”.

Los magistrados que componen la Sala Penal son Jerónimo Mejía, quien fue el juez de garantías de la causa antes de que pasara a la esfera ordinaria; Harry Díaz, quien fungió como fiscal antes de que la Corte declinara su competencia; y, por último, José Ayú Prado, quien se declaró impedido en el proceso. Todos han tenido que ver con el caso.

Ayú Prado fue nombrado por Martinelli como magistrado de la Corte en 2012.

Doens: Un magistrado intervino en el fallo

El dirigente del Partido Revolucionario Democrático Mitchell Doens –víctimas de los pinchazos–, afirmó ayer que tiene información que detalla que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue intermediario en el fallo que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli por este caso.

Narró que “una fuente de entero crédito” le informó que un magistrado de la Corte, cuyo nombre no aportó, actuó como operador para que la sentencia fuera tal y como se dio a conocer ese día.

Precisó que le detallaron que esa información fue manejada por funcionarios de una embajada acreditada en Panamá y que, incluso, esa información fue discutida con otros miembros del cuerpo diplomático, y que allí se hizo mención de que $1.8 millones fueron usados en dicha transacción.

Narró que, incluso, un alto funcionario del gobierno tiene conocimiento de esta situación.

“Esto es una demostración de que en Panamá se subastan fallos”, dijo.

Anunció que en los próximo meses esta información se hará pública, y que luego presentarán las denuncias correspondientes para que se investigue.

De acuerdo con Doens, este es un síntoma de la situación de la justicia, a la que funcionarios ocasionan graves daños.

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