VENEZUELA

Arrestan a dos magistrados

En otra acción contra la oposición, la Sala Constitucional condenó a un alcalde a 15 meses de prisión e inhabilitación para cargos públicos.

Exfiscal de la CPI se suma a la lucha

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El temor a lo que puede pasar en los próximos días y ante la falta de alimentos, decenas de miles de venezolanos han cruzado o esperan ingresar a Colombia. El temor a lo que puede pasar en los próximos días y ante la falta de alimentos, decenas de miles de venezolanos han cruzado o esperan ingresar a Colombia.
El temor a lo que puede pasar en los próximos días y ante la falta de alimentos, decenas de miles de venezolanos han cruzado o esperan ingresar a Colombia. Luis Parada

Dos nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia –de los designados por la Asamblea Nacional el pasado viernes– detenidos por la policía política de Venezuela, y un alcalde condenado a 15 meses de prisión e inhabilitación política por supuesto desacato a una decisión que, en el marco de las protestas opositoras, le conminó a evitar que se colocaran obstáculos en la vía pública, se sumaron ayer a las acciones del gobierno de Nicolás Maduro en medio del choque de poderes con la Asamblea y el bloque de partidos opositores.

Estos hechos se conocieron la víspera de un paro nacional de 48 horas que se inició a las 6:00 a.m. de hoy, como parte de las acciones de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para tratar de frenar la constituyente convocada por Maduro y, específicamente, la elección –este 30 de julio– de los 545 constituyentes.

La MUD confirmó a través de Twitter “el secuestro” de Jesús Rojas Torres, principal de la Sala Electoral, y Zuleima González, suplente de la Sala Constitucional, un día después de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo a otro de los recién nombrados, Ángel Zerpa, a quien un tribunal militar habría dejado preso la noche del lunes.

Las detenciones se produjeron luego de que Maduro anunciara que esos “usurpadores”–los magistrados– serían apresados “uno por uno” y que les congelarían los bienes, las cuentas, y que nadie los defendería.

Ayer la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunció que no se saben las condiciones en las que está detenido Zerpa, que sus familiares ni sus abogados han tenido acceso a él, “violando sus derechos”. “Se cometen injusticias en el proceso penal solo por ser enemigos políticos”, remarcó.

También denunció denegación de justicia para Zerpa el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, quien dijo que cinco abogados de la oenegé estuvieron la noche del lunes en el tribunal militar y que no se les permitió darle asistencia legal. “Fue privado de libertad sin la presencia de abogados”, denunció Romero en Periscope, y agregó que Zerpa estuvo en la cárcel del Sebin y fue encerrado en un baño lleno de heces.

En el caso del alcalde condenado ayer, Gustavo Marcano, del estado Anzoátegui, el fallo de la Sala Constitucional del TSJ –dominada por los magistrados que desconoce la oposición tras el plebiscito del pasado 16 de julio– indica que “se mantiene la medida de prohibición de salida del país del sancionado (...) para garantizar su efectiva aprehensión, en razón de la no comparecencia a la audiencia y el desconocimiento de su paradero, y se acuerda proceder a la tramitación de la orden de alerta roja a los servicios de Interpol para lograr su ubicación y captura”.

Ortega aseguró que Venezuela está en un peligroso y oscuro momento, que se pretende imponer la violencia política como medio para resolver los problemas, y anunció que, a propósito de la elección que prevé desarrollar el Gobierno el domingo, desde este viernes funcionará una oficina en la que los funcionarios podrán denunciar cuando sean obligados a votar. Además, los instó a invocar el artículo 333 de la Constitución que señala que todo ciudadano tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su vigencia cuando esta sea lesionada.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró ayer, a propósito del paro convocado, que están “en las horas decisivas y definitorias para el futuro del país”, que “para el 30 de julio está planteado un proceso fraudulento (...) y uno de sus principales objetivos es hacer con mayor libertad lo que hicieron con el magistrado Zerpa (...)”.

Por ello, añadió, “pase lo que pase, así nos lleven a todos nosotros presos, la lucha debe avanzar, el pueblo de Venezuela tiene que activar la huelga general, todo el pueblo de Venezuela tiene que venirse a Caracas y prepararnos para el boicot cívico electoral si esta dictadura no decide (...) abrir las puertas del cambio...”.

Para el diputado Carlos Paparoni, sin importar las presiones, las amenazas y las detenciones, el pueblo tiene que continuar en las calles por las próximas 96 horas, con el paro y luego la llamada “toma de Caracas”.

Exfiscal de la CPI se suma a la lucha

La Organización de Estados Americanos (OEA) discute hoy, a pedido de 17 países, la “situación en Venezuela”.

A esta reunión le precede la designación ayer del exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno como asesor  en materia de crímenes de lesa humanidad, y su primera tarea será  “analizar, estudiar y debatir con todas las partes interesadas la situación en  Venezuela y, en consecuencia, formular sugerencias”.

El secretario general, Luis Almagro, dijo que los venezolanos viven aterrorizados y que el  terror se origina en el Estado a partir de una estrategia deliberada, metódica y sistemática.

Moreno destacó que la OEA puede evitar la impunidad en Venezuela y que Almagro está definiendo un nuevo espacio para la entidad, que incluye reunir información útil para llevar a cabo una investigación judicial independiente por parte de la CPI.

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