VENEZUELA

Asamblea Nacional lucha por sostenerse

En un acuerdo, los diputados elegidos en 2015 esgrimen las violaciones a la ley en que incurre la constituyente.

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La Asamblea sesionó ayer con parte del cuerpo diplomático acreditado, en señal de apoyo. La Asamblea sesionó ayer con parte del cuerpo diplomático acreditado, en señal de apoyo.
La Asamblea sesionó ayer con parte del cuerpo diplomático acreditado, en señal de apoyo. Ariana Cubillos

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó ayer —durante una sesión especial— un acuerdo en el que reitera su desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), afecta al gobierno de Nicolás Maduro, y en el que denunció nuevamente “el fraude constitucional” que representó la convocatoria y elección de la ANC, así como la “usurpación de la soberanía popular legítimamente representada” por el grupo que preside Julio Borges, al intentar arrogarse sus funciones.

El acuerdo ratifica el compromiso de la Asamblea Nacional de “ mantenerse firme en la defensa de los valores y principios democráticos”, en los cuales, afirma, se fundamenta el desconocimiento de la ANC.

A la sesión de la Asamblea Nacional asistieron —en calidad de acompañantes— unos 12 embajadores y representantes diplomáticos acreditados en el país, que según La Patilla son Chile, Italia, Alemania, Austria, Argentina, Polonia, México, Francia, España, Inglaterra, Portugal y los Países Bajos quienes, además, se reunieron con un grupo de diputados, encabezados por el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara.

El pasado viernes, la ANC emitió un decreto constituyente en el que asumió funciones legislativas, luego de que la directiva de la Asamblea se negara a comparecer ante ella para “subordinarse”. La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, negó que con este decreto se haya disuelto el poder legislativo; aseguró que ese poder constituido debe convivir con la ANC y apegarse a la Constitución, porque no puede utilizar un espacio destinado a legislar para promover golpes de Estado.

Los diputados opositores también acordaron denunciar ante la comunidad internacional la violación por parte de la ANC “ de los derechos políticos del pueblo venezolano y el ejercicio de la representación popular que corresponde a este cuerpo parlamentario”, y crear una Comisión Especial que se encargará de “ investigar y sistematizar el fraude constituyente”, de forma que puedan “ intentar acciones legales nacionales e internacionales en defensa de la institucionalidad democrática y de los derechos de los venezolanos”, señala el texto.

La convocatoria de la constituyente por parte de Maduro se produjo en un momento en que el bloque de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática había logrado articular una estrategia que incluía la protesta de calle, la búsqueda de apoyo internacional y el trabajo desde la Asamblea, lo cual se había traducido en un creciente apoyo de la comunidad internacional hacia el pueblo venezolano y en aislamiento para el gobierno.

Corrían ya dos meses de protestas consecutivas que, además de tener la presencia visible de un grupo de diputados, era encabezada por el movimiento estudiantil universitario, que asumió el enfrentamiento directo con los cuerpos represores del Estado y, por ende, el mayor número de víctimas, de las 128 reconocidas oficialmente.

Aliado con el poder electoral y el judicial, Maduro instaló a sus 545 constituyentes, todos oficialistas, y de inmediato sacó del tablero a la fiscal general Luisa Ortega —chavista devenida en opositora tras denunciar en marzo pasado la ruptura del hilo constitucional— y con la acción del pasado viernes, según analistas, se pretende hacer lo mismo con la Asamblea. Desde el pasado viernes Ortega está exiliada en Colombia junto a su esposo, Germán Ferrer.

La presidenta de la constituyente alega que el artículo 349 ampara que sus decisiones no pueden ser impedidas por ningún poder constituido, no obstante, en su acuerdo la Asamblea explica que en el supuesto de que la ANC se hubiera establecido legítimamente, conforme a la Constitución de 1999, los poderes constituidos se mantienen vigentes y a lo que no podrían oponerse, según el artículo 349, es a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, si esta fuera aprobada por el pueblo en un referendo, y sería hasta ese momento que sus decisiones empezarían a regir. Además, advierten, la ANC no puede interferir en las funciones de los poderes constituidos, menos aún pretender suplirlos.

También señalan que la única función que la Constitución de 1999 le confiere a la ANC es redactar una nueva Constitución.

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