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Asamblea acelera el proceso para remover al Defensor del Pueblo

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Alfredo Castillero Hoyos. Archivo Alfredo Castillero Hoyos. Archivo
Alfredo Castillero Hoyos. Archivo

Las horas de Alfredo Castillero Hoyos en la Defensoría del Pueblo podrían estar contadas. En medio de señalamientos por supuesto acoso sexual y laboral, tendrá que comparecer ante el pleno de la Asamblea Nacional mañana, miércoles 9 de octubre. Una vez culmine sus descargos, los diputados podrán hacerle preguntas y, al finalizar, decidirán si lo remueven o no del puesto.

Organizaciones de la sociedad civil solicitan que se le respete el debido proceso. Castillero Hoyos, en entrevista con este medio, dijo que ya presentó recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

La diputada Corina Cano sustentó la resolución para citar al defensor del Pueblo. Expandir Imagen
La diputada Corina Cano sustentó la resolución para citar al defensor del Pueblo. Miguel Cavalli

Permanencia de Castillero en la Defensoría pende de un hilo

Alfredo Castillero Hoyos, defensor del Pueblo, tendrá que comparecer mañana miércoles 9 de octubre al pleno legislativo, en medio de un proceso que se le sigue por supuestas quejas de acoso sexual y laboral en la institución.

Antes de que los diputados aprobaran citar a Castillero para que conteste un cuestionario de seis preguntas, las diputadas Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, y Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático, quienes forman parte de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Famila, que adelanta el proceso, dieron algunos detalles del tema.

Cano se refirió a los seis testimonios que recabaron desde el pasado 7 de agosto, cuando recibieron una nota del Centro de la Mujer Maltratada exponiendo el caso contra el defensor.

Cano habló de guardar la reserva del caso y aseguró que las víctimas “están aterradas” porque temen perder sus puestos de trabajo. Manifestó que en las entrevistas realizadas a las supuestas víctimas también se detectó negligencia notoria por parte de Castillero en el cumplimiento de sus deberes en la institución, acoso y hostigamiento. Varias víctimas, narró Cano, contaron que se les violaron sus derechos humanos, y sufrieron “violencia institucional”.

“No solo se configura la negligencia notoria en el ejercicio del cargo, sino la falta de solvencia moral, lo cual se puede inferir de las personas que expusieron los casos”, manifestó la diputada quien, de paso, aseguró que el proceso está apegado a la Constitución y a la morma que rige la entidad.

Zulay Rodríguez fue más explícita. Narró que Castillero tenía un “harem en la Defensoría del Pueblo”.

“Era tan irresponsable que le decía [a una de las supuestas víctimas] que tuvieran relaciones sin preservativos. Ella hasta fotos tomó de este señor”, narró la diputada perredista.

“Las víctimas también lo van a encarar” (...) Cítenlo, vamos a interrogarlo y tomen la decisión correcta”, solicitó a sus colegas diputados.

Rodríguez también le mandó un mensaje a las agrupaciones de la sociedad civil que en la mañana de ayer se pronunciaron en favor del debido proceso.

“Digan la verdad, tienen nombramientos y consultorías en la Defensoría del Pueblo”, aseguró, sin mencionar nombres.

Después habló el diputado Hernán Delgado, quien defendió a Castillero y alabó su hoja de vida. “Han dictado una condena en ausencia. La persona acusada aquí, en la noche de hoy, no está presente, se le han violado las más elementales garantías procesales”, manifestó.

Sin embargo, los diputados aprobaron citar a Castillero, quien debe responder si mantuvo alguna relación sentimental de tipo sexual con alguna funcionaria a su cargo, si maneja algún manual para evitar el acoso, y cómo es el trato con las funcionarias con las que labora.

Los diputados también le dieron luz verde a la resolución que dicta el procedimiento para remover a Castillero. El documento deja claro que una vez que el defensor culmine sus descargos, los diputados podrán hacerle preguntas y, al finalizar, el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, pedirá al pleno que decida si está de acuerdo con la remoción. La decisión será irrevocable, pues con ella se agotan todas las vías administrativas en las que Castillero pueda apelar. Para aprobar la remoción se requiere de 48 votos de los 71 diputados que conforman la Asamblea.

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