‘Camarón legislativo’

Asamblea Nacional aprueba derogar contrato portuario

En un proyecto de ley para regular la apertura de empresas, el diputado Roberto Ayala metió un artículo que deroga el contrato entre el Estado y la empresa PSA, que desarrolla un puerto en Rodman.

Gremios advierten que se atenta contra la seguridad jurídica

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Luis García - Luis García -
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Unos dijeron estar sorprendidos y otros guardaron silencio. Así reaccionaron algunos diputados tras conocer que en el proyecto de ley 53 se incluyó un “camarón legislativo” que deroga la Ley 2 del 10 de febrero de 2015, que aprueba el contrato ley para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman.

Fue el diputado perredista Roberto Ayala quien introdujo el referido artículo, durante el segundo debate del proyecto de ley 53, que prohíbe la apertura de comercios de venta de licor en zonas residenciales.

El proyecto original no hacía referencia alguna a la empresa PSA Panama International Terminal, que desde 2015 tiene una concesión con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para desarrollar el puerto en la antigua base de Rodman.

‘Gol legislativo’ deroga millonario contrato portuario en Rodman Expandir Imagen
‘Gol legislativo’ deroga millonario contrato portuario en Rodman

Así se hizo

En la sesión del miércoles 18 de abril, varios diputados presentaron una moción para que se alterara el orden del día y se discutiera en segundo debate el proyecto de ley 53 -que estaba en el puesto 37 de la agenda-.

La moción fue aprobada y se inició el debate. Se hicieron tres modificaciones al proyecto original, propuestas por la diputada independiente Ana Matilde Gómez. También se adicionó un requisito, a solicitud de los diputados perredistas Iván Picota -proponente del proyecto original- y Quibián Panay.

De pronto, el diputado Roberto Ayala -quien usualmente no habla en el pleno- propone agregar el siguiente artículo: “Se deroga la Ley 2 del 10 de febrero de 2015”.

Acto seguido, los diputados, a golpe de curul, aprobaron el proyecto en segundo debate y cambiaron el título de la iniciativa, que quedó así: “que adopta medidas relativa al proceso de apertura de empresas según el uso de suelo o zonificación y dicta otras disposiciones”.

Al día siguiente, 19 de abril, el proyecto entró al orden del día para su tercer y último debate. Entonces Ayala, con su copartidario y colega Jaime Pedrol, propuso una moción para que se omitiera la lectura completa del proyecto 53. Ayala ya lo había hecho cuando el proyecto estaba en segundo debate. Así se evitó que el pleno escuchara cómo quedaría el texto final de la iniciativa.

La subsecretaria de la Asamblea, Anelis Bernal, dio lectura a un escueto informe de la Comisión de Corrección y Estilo. En el documento se mencionó que el proyecto sufrió tres modificaciones y se le agregaron dos artículos nuevos. No se leyó el contenido.

En el tercer debate la única que intervino fue la diputada Gómez. Luego, el pleno aprobó a golpe de curul.

‘Tremendo golazo’

“Fue un tremendo golazo, porque hasta donde yo había estudiado, la ley no tenía nada de eso”, dijo la diputada Gómez, sin ocultar su sorpresa.

Explicó que las modificaciones que ella introdujo al proyecto eran sobre “uso de suelo, incorporar al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en la plataforma Panamá Emprende en menos tiempo y la vigencia inmediata de la ley”.

Insistió en que el artículo nuevo que deroga el contrato ley de PSA es inconstitucional, porque ya hay pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema.

“Qué barbaridad... Uno en esa Asamblea no se va a poder parar ni al baño. Si lo leyeron habrá sido en un momento en que me fui al baño”, dijo la diputada.

También Picota señaló que “por ningún lado vimos eso. El proyecto era por temas de zonificación. Estoy sorprendido, decepcionado e indignado”.

Este medio llamó al diputado Ayala, pero no respondió, aunque leyó los mensajes de WhatsApp.

También se consultó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, pero no respondió las llamadas ni los mensajes.

Iniciativa desde 2016

Coincidencialmente, desde el 1 de septiembre de 2016 reposa en la Asamblea un anteproyecto de ley que presentó el diputado perredista Crispiano Adames, que propone la derogatoria del contrato entre el Estado -a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)- y la empresa PSA.

Adames adujo en su exposición de motivos que el contrato viola los artículos 3 y 290 de la Constitución, porque las acciones de esta compañía están en poder de una empresa estatal de Singapur.

La iniciativa de Adames nunca fue prohijada.

Prometen veto

La Asamblea debe enviar el proyecto al Ejecutivo, para su respectivo veto o sanción.

En el Gabinete, ya se escuchan voces a favor del veto.

El ministro de Economía y Finanzas y miembro de la junta directiva de la AMP, Dulcidio De La Guardia, reaccionó en su cuenta de Twitter sobre lo aprobado por el Legislativo. “Otra Ley irresponsable aprobada por la @asambleapa. Tendremos que solicitar el veto, como ya lo hemos hecho con otras”, escribió.

La AMP dijo que no haría comentarios sobre el tema.

El contrato

El contrato fue firmado el 28 de octubre de 2014 por el entonces administrador de la AMP, Roberto Linares, y el apoderado de PSA Panama International Terminal, Robert Ahern. La Asamblea lo aprobó el 28 de enero de 2015.

El 10 de febrero el proyecto se convirtió en ley tras ser sancionado por el presidente Juan Carlos Varela.

La inversión inicial de PSA fue de $350 millones y luego ampliada a $600 millones.

Gremios advierten que se atenta contra la seguridad jurídica

 La Cámara Marítima de Panamá emitió un comunicado firmado por su presidente,  Julio De La Lastra, en el que expresó su rechazo categórico y enérgico  a la derogatoria del contrato entre el Estado  y la empresa PSA.  “Acciones como estas  son las que afectan la imagen de nuestro país y atentan contra la seguridad jurídica de las empresas que invierten su capital y establecen sus negocios en Panamá”, dijo el gremio. También la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá señaló que la cancelación del contrato es un “exabrupto legislativo” que atenta contra la seguridad jurídicade las inversiones en el país.

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