DONACIONES EN EL ÓRGANO LEGISLATIVO

‘La Asamblea debe acatar fallo’

Rechazo han causado las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, quien busca, por medio de una ‘interpretación’ legal, evitar cumplir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

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Rubén De León entregó la presidencia de la Asamblea Nacional a Yanibel Ábrego. Rubén De León entregó la presidencia de la Asamblea Nacional a Yanibel Ábrego.
Rubén De León entregó la presidencia de la Asamblea Nacional a Yanibel Ábrego. LA PRENSA/Ana Rentería

El hecho de que la diputada presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, considere que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional las donaciones de ese órgano del Estado es un asunto pendiente de interpretación, ha generado repudio y alarma entre juristas y ciudadanos.

Ábrego, siendo vicepresidenta de la Asamblea en el periodo pasado, fue parte de la comisión interna que investigó las irregularidades detectadas con donaciones y contratos de servicios profesionales, comisión esta que concluyó que todo estaba dentro del marco legal.

La comisión se creó luego de que La Prensa publicó una investigación que reveló que se gestionaron $82 millones en donaciones y contratos por servicios profesionales y que buena parte de ellos no llegó a sus beneficiarios reales, sino que el dinero supuestamente se quedó en manos de asistentes de diputados. A su vez, los diputados tramitaban miles de dólares en donaciones para oenegés vinculadas a ellos.

Contrario a lo que explicó Ábrego ayer, de que los ciudadanos son los que hacen solicitudes a los diputados porque los sienten como los más cercanos, La Prensa descubrió que eran funcionarios de la Asamblea quienes ofrecían las donaciones sin que hubiese, en la mayoría de los casos investigados, una petición de ellos. Incluso, les ofrecían contratos de trabajo temporal que nunca se trabajaban, pero al momento de cobrar los salarios, estos funcionarios legislativos se quedaban hasta con el 95% del monto del contrato.

“Buscaremos asesorías legales para que interpreten bien este fallo [...] yo sí creo en las donaciones”, fueron sus primeras palabras como presidenta electa, y ayer ratificó que si el fallo determina “que las donaciones no se pueden dar en la Asamblea Nacional, pues nosotros tenemos que hacer las adecuaciones al presupuesto de la Asamblea”, dijo Ábrego a Telemetro.

Comisión investigadora de las donaciones y los contratos Expandir Imagen
Comisión investigadora de las donaciones y los contratos LA PRENSA

El procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió ayer que los fallos de la Corte no son objeto de interpretación, y lo que procede es acatarlos.

“Si la Corte se pronunció y dice que en lo referente a la Asamblea, ya sea para partidas circuitales o donaciones no tiene sustento en la Constitución, no hay otra forma de eludir lo que la Corte dice y lo único que procede es cumplir con la decisión”, indicó el funcionario.

González precisó que los diputados no solo no pueden solicitarlo, sino que el Ejecutivo “no debe asignar un solo centavo” a las partidas que la Corte declaró inconstitucionales.

Para Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, las palabras de Ábrego reflejan “ignorancia en cuanto a los efectos del fallo”.

“No existe forma alguna de que la Asamblea vuelva a entregar donativos [...]; ningún político puede pretender desafiar el carácter definitivo de los planteamientos constitucionales que hace la CSJ, entrar en otra esfera es entrar en un escenario que no es democrático [...]”, se pronunció el gremio de abogados, que hizo un llamado a la ciudadanía para estar vigilante y recordarles a los diputados sus funciones.

A criterio de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, son “alarmantes” las declaraciones de Ábrego. Está“respaldando este esquema ilegal de manejo de fondos, bajo el rubro de donaciones y subsidios, que de alguna manera perpetúa las prácticas clientelistas de las partidas circuitales, con el agravante añadido de un sospechado peculado”, indicó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la fundación.

¿IMPUNIDAD?

Pero Ábrego no solo defendió las donaciones, también lo hizo con los contratos por servicios profesionales.

“Ha sido muy criticado, pero es la realidad: nosotros tenemos personal en las comunidades que nos apoyan y es cuando lo asignamos en la planilla de contratos. Eso es lo que se ha dado en la Asamblea Nacional, es una realidad y yo no te puedo mentir”, contestó Ábrego.

Nada dijo la diputada de los hallazgos de este medio: unas 150 personas que recibieron donaciones y que, de manera simultánea, también cobraban cheques de contratos por servicios profesionales, pero que no tenían que trabajar.

“Se ha dicho mucho, pero cuando se pueda investigar que un diputado esté haciendo algo malo con el tema de los contratos, creo que hay que presentar las denuncias y cada quien responda por sus responsabilidades”, agregó.

Pero, precisamente, la Corte rechazó 3 denuncias contra 13 diputados que estaban involucrados en estas donaciones y contratos irregulares.

Según Ábrego, como presidenta de la comisión investigadora, vieron temas meramente administrativos y “no entramos en los detalles”, por lo que esperan el informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

La Prensa contabilizó unos 68 millones de dólares en poco más de 17 mil contratos de julio de 2014 a diciembre de 2016. No obstante, el monto real ha sido una pregunta que nunca contestó el presidente saliente de la Asamblea, Rubén De León.

Según la Contraloría, la auditoría avanza. No obstante, esta investigación no la realiza la dirección idónea para esta tarea, que es la Dirección de Auditoría General o la Dirección de Auditoría Forense, sino la encargada de los procesos internos, lo que para el excontralor Alvin Weeden es ilegal y el resultado podría denunciarse por nulo.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –capítulo panameño de Transparencia Internacional– hizo un llamado a los diputados honestos y a la sociedad civil, a fin de no apoyar prácticas corruptas, acatar el fallo de la Corte y a restablecer el propósito y esfera de acción de los diputados: crear las leyes que el país necesita.

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