CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES

Asamblea Nacional desconoce alcance del fallo: Antai

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En la carta (1) de septiembre 2017, la Asamblea pidió reformular la petición. Luego que así lo hiciera ‘La Prensa’, respondió que la información era ‘confidencial’ (2). Tras el ‘habeas data’ , proporcionó un resumen (3). En la carta (1) de septiembre 2017, la Asamblea pidió reformular la petición. Luego que así lo hiciera ‘La Prensa’, respondió que la información era ‘confidencial’ (2). Tras el ‘habeas data’ , proporcionó un resumen (3).
En la carta (1) de septiembre 2017, la Asamblea pidió reformular la petición. Luego que así lo hiciera ‘La Prensa’, respondió que la información era ‘confidencial’ (2). Tras el ‘habeas data’ , proporcionó un resumen (3).

Frente a la admisión de una denuncia contra la Asamblea Nacional (AN) ante la Procuraduría de la Administración por desacato, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de ‘La Prensa’ sobre los contratos por servicios profesionales, su presidenta, Yanibel Ábrego, aseguró ayer que sí se entregó la información solicitada.

Ábrego argumentó que hubo que hacer un resumen de la información por falta de presupuesto para un ‘software’ especial. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) afirmó que la AN no cumplió la Ley de Transparencia y que las declaraciones de Ábrego revelan desconocimiento del alcance del fallo.

ASAMBLEA SE QUEDÓ CORTA: APEDE

La Asamblea Nacional insiste y alega que sí cumplió con la Ley de Transparencia. Así lo reiteró ayer la presidenta del Órgano Legislativo, Yanibel Ábrego, a medios de comunicación, al referirse a la información de los contratos por servicios profesionales y a la admisión de una denuncia interpuesta por este medio ante la Procuraduría de la Administración contra la AN por posible desacato de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Este medio solicitó a la AN nombres, cargos, funciones, montos individuales y globales de los contratados, cosa que a la fecha no se ha entregado, pese a que Ábrego insiste en lo contrario.

“Aquí no se ha querido decir del todo la verdad. Aquí se ha dicho: la Asamblea está en desacato, [pero] nadie nos ha declarado en desacato. Entregamos lo que la Asamblea tiene en estos momentos, no contamos con la información en una hoja de Excel [...], no existe eso en la Asamblea”, dijo Ábrego.

Como “un mal chiste” calificó la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) el resumen de las contrataciones que Ábrego entregó a La Prensa, ya que este no contiene un solo nombre ni cargo del personal contratado ni montos de contratos o lo desembolsado (ver facsímil 3).

Por ello, la Antai –institución rectora del cumplimiento de la Ley de Transparencia– le envió una misiva a la AN, en la que no solo le solicitó cumplir con el fallo que ordenó la entrega de esta información a este medio, sino que la publicara en el portal de la institución, como lo hace el resto de las instituciones públicas. La petición de la directora de la Antai, Angélica Maytín, se fundamentó en la Ley 6 de 2002, conocida como Ley de Transparencia:

“Será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas, la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas”, cita su artículo 6.

Pese al llamado de atención de la Antai del pasado 12 de enero, la AN no ha publicado lo requerido. Maytín indicó que el Legislativo tampoco le ha contestado.

Ábrego asegura que la AN no cuenta con la información de los contratos digitalizada –que sustente el gasto de $135 millones desde 2014 hasta octubre de 2017– y que han solicitado el presupuesto para actualizar los programas informáticos. Sin embargo, este medio requirió la información en el estado en que se tuviera.

“Escuché sus declaraciones en TVN y considero que sus asesores legales [de Ábrego] no le han explicado bien el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó Maytín.

La zarina agregó que este órgano del Estado “tiene suficiente presupuesto” para mantener en sus archivos los contratos del personal que labora en la Asamblea bajo cualquier modalidad. “Es una obligación legal desde el año 2002 que esa información se encuentre disponible en su página web”, reiteró.

Yanibel Ábrego, Angélica Maytín y Héctor Cotes. Expandir Imagen
Yanibel Ábrego, Angélica Maytín y Héctor Cotes. LA PRENSA/Archivo

Y es que lo entregado por la Asamblea (ver facsímil 3) el 4 de enero fue el resultado final de múltiples evasivas. En su momento, el expresidente de la AN Rubén De León desatendió las solicitudes hechas en febrero de 2017 sobre estas contrataciones. En vista de ello, en marzo pasado, La Prensa la requirió en misiva formal bajo la Ley de Transparencia.

Ante la insistencia, en septiembre de 2017, la AN respondió en otra carta (ver facsímil 1) que contaba con la documentación física, aunque la petición debía reformularse para suministrar las copias, a costas del medio.

Cuando así se hizo, la AN respondió entonces que no podía entregar lo solicitado por ser “confidencial”. Para salir del paso –tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de este medio en un habeas data interpuesto por la negativa de la institución de entregar la información– la Asamblea remitió un resumen (ver facsímil 3).

“Contamos con los contratos de la Asamblea de manera física, y de esa manera le dimos la información por escrito al diario La Prensa: cuántos contratos existen, de qué monto a qué monto; lo que no le entregamos es el documento [los contratos], ya que tenemos que guardar la confidencialidad”, insistióÁbrego.

Pero esta respuesta es “insuficiente” para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), que resaltó la necesidad de contar con una Asamblea “transparente”.

“Este órgano se ha quedado corto, porque no es solamente lo que implica la ley, sino el clamor popular [...]. No es solo el sector privado, sino también la ciudadanía en general, la que necesita conocer todos los contratos que tiene la Asamblea en servicios profesionales, porque es información pública y son pagados con nuestros impuestos”, subrayó Héctor Cotes, presidente de la Apede.

“Lo que estamos buscando como sociedad es tener información detallada que permita conocer de primera mano quiénes son los beneficiarios de estos contratos, cuáles son los montos y, en un clima de transparencia, debe poder ofrecerse a todo el país, de manera que quedemos tranquilos de que el dinero de nosotros los panameños está siendo utilizado de manera correcta”, agregó.

“No existe transparencia a medias”, resaltó–a su vez– el profesor de derecho administrativo y experto en asuntos de transparencia Carlos Gasnell. “Si la información es pública, debe entregarse completa”, porque la CSJ señaló que si la información se puede producir, aunque no se tenga sistematizada, hay que entregarla.

A su juicio, la actuación de la AN “evidencia la excesiva discrecionalidad sobre un tema que debería estar debidamente regulado”.

La petición de información de La Prensa surgió tras una investigación periodística que reveló que no solo se entregaron $14 millones en donaciones –de las que buena parte no llegó a sus destinatarios finales–, sino que parte de los contratos por servicios profesionales nunca se trabajaron. La investigación determinó que asistentes de diputados se quedaban con el 95% del monto de los cheques.

¿De cuánto dinero fue la estafa? La Prensa contabilizó $68 millones pagados en 17 mil contratos, pero este lunes, diputados oficialistas confesaron que existía otra partida –la 080– para pagar las planillas de los diputados, la cual se incrementó en esta administración. Entre las dos partidas para contrataciones temporales –la 172 y la 080–, la Asamblea habría pagado entre 2014 y octubre de 2017, $135 millones.

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