amparo de garantías

Asamblea recurre a la Corte para frenar auditoría de Contraloría

La Contraloría informó que la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, impidió a los funcionarios iniciar la auditoría a la planilla 080.

La Contraloría puede realizar una auditoría forense a la Asamblea

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La presidenta del Órgano Legislativo, Yanibel Ábrego, presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías para que se suspenda y revoque la orden del contralor, Federico Humbert, de practicar una auditoría forense a la planila 080, de “gratificaciones, incentivos, y otros servicios de la Asamblea Nacional”.

El amparo, que fue asignado al magistrado Cecilio Cedalise, plantea que, al ordenar la auditoría, Humbert “violó el debido proceso”, ya que adelantó una investigación por supuestas irregularidades en el manejo de esta planilla sin notificar a la presidenta del Legislativo. Ábrego alega que el contralor no escuchó sus argumentos antes de abrir el proceso.

La Contraloría informó que sus auditores se apersonaron ayer a la Asamblea, pero Ábrego “no permitió al equipo de auditores iniciar la auditoría en mención”.

El contralor, Federico Humbert, aseguró que “usará todas las acciones legales necesarias para lograr fiscalizar correctamente el manejo de estos fondos públicos”.

Por su parte, Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que el recurso de amparo presentado por la presidenta de la Asamblea “es improcedente”. Lee explicó que el artículo 280 de la Constitución Política fundamenta la acción de la Contraloría.

Frenan auditoría a la planilla 080

Auditores de la Contraloría General de la República no pudieron iniciar ayer una auditoría forense a la planilla 080 de la Asamblea Nacional, como lo había dispuesto el contralor Federico Humbert, debido a que la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, impidió la diligencia.

Los auditores llegaron al palacio Justo Arosemena a las 9:00 a.m. en un bus pequeño de color blanco, que ingresó directamente al estacionamiento de los diputados, en el nuevo edificio de la Asamblea, al que se impidió el acceso de los medios de comunicación.

Una hora más tarde se marcharon sin haber logrado su cometido. Solo un miembro de la delegación fue recibido, según fuentes legislativas.

La auditoría

En una resolución del pasado 15 de mayo, Humbert le comunicó a Ábrego que una “revisión concomitante” –auditoría que se inició en abril– a la planilla 080, que tiene a 3 mil 508 funcionarios bajo el objeto de gastos por servicios personales, puso de manifiesto la “ineficiencia de controles internos”, por lo que no existe seguridad de que se estuviera prestando “el servicio real y efectivo a favor del Estado”.

Esto, de acuerdo con el contralor, evidencia “la posibilidad de que se hayan cometido acontecimientos con apariencia de hecho punible”. Por ello, resolvió reunir “los elementos de juicio para esclarecer los hechos” a través de una auditoría forense.

Para esa tarea, añadió, la Contraloría requiere recibir testimonios, designar peritos, realizar inspecciones y llevar a cabo otras pruebas instituidas por la ley.

Un comunicado de la Contraloría informó que Ábrego, quien estaba acompañada de su asesor, Jerry Wilson, no permitió a los auditores hacer su labor.

Por su parte, Ábrego alegó que habían interpuesto un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra esa acción.

Y Humbert acotó que “la Contraloría usará todas las acciones legales necesarias para lograr fiscalizar correctamente el manejo de estos fondos públicos”.

Negociaciones

La planilla 080 abarca el personal de confianza de los 71 diputados. En 2015, el Ejecutivo y el Legislativo acordaron aumentar lo que se destinaba a ese renglón de $4 mil a $30 mil por mes.

Los diputados tienen otras tres planillas: 002 (personal transitorio); 004 (personal transitorio para inversiones); y 172 (pago de contratos por servicios profesionales). (ver infografía).

Planillas del legislativo. Expandir Imagen
Planillas del legislativo. Roy Hernández - LP

El recurso

En el amparo de garantías, interpuesto ante la Corte por el abogado Carlos Carrillo en representación de Ábrego, se expone, entre otras cosas, que la Contraloría, a través de sus entes, realizó una investigación sin la participación de su representada, en la que se cometieron omisiones, “tales como la falta de notificación” de la resolución que ataca el amparo.

Advierte, además, que a Ábrego no se le permitió presentar pruebas ni fue escuchada.

El recurso quedó en el despacho del magistrado Cecilio Cedalise.

La presidenta de la Asamblea ya había anunciado acciones legales para “salvaguardar su institucionalidad y autonomía”, luego de acusar a la Contraloría, en conferencia de prensa, de ser el brazo ejecutor del Ejecutivo para atacar al Legislativo.

Reacciones

Representantes de distintos sectores cuestionaron la acción del Legislativo.

Para Héctor Cotes, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, “es lamentable” que la Asamblea niegue el acceso a los auditores para abrir los libros con la transparencia que se requiere al momento de manejar fondos públicos.

“La rendición de cuentas es necesaria en los tres órganos del Estado; por lo tanto, ninguno debe eximirse de su responsabilidad con la ciudadanía. Negarle a la Contraloría realizar las auditorías genera suspicacias y nos da motivos para pensar que efectivamente hay hechos que se quieren ocultar”, sustentó.

Cotes considera que las acciones de las entidades fiscalizadoras deben ir más allá. Propone que se deben profundizar para que los panameños conozcan el uso real de las planillas cuestionadas. “Estamos frente a fondos públicos, los cuales están sujetos a los controles establecidos en las normas. La Contraloría tiene plena facultad legal para auditar esos fondos”, expuso.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que el mencionado amparo “es improcedente”. Lee reiteró que el artículo 280 de la Constitución Política fundamenta la acción de la Contraloría.

Por su parte, Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, manifestó que una auditoría oportuna es necesaria en todas las instituciones que manejan fondos públicos, no solamente en la Asamblea Nacional. “Es la mejor forma de evidenciar posibles malos manejos o, por el contrario, [para demostrar] que todo está en orden. Pero debe hacerse siempre con apego a la ley y el debido proceso”, indicó.

Por otro lado, señaló que el amparo interpuesto es un derecho que tiene el Legislativo. “Como tal, hay que respetarlo; pero lo ideal sería que se resolviera con celeridad (...)”, agregó.

En tanto, el jurista Ernesto Cedeño explicó que esta auditoría no violenta el derecho a defensa de nadie.

“La Contraloría no necesita pedir permiso para auditar a los diputados, hay precedentes al respecto. La presentación de un amparo no suspende la orden atacada, la admisión del mismo por el magistrado sustanciador, sí”, explicó.

Cedeño señaló que los diputados se sienten blindados por la Corte. “Creen que no les va a pasar nada. Hay un manto de impunidad y por eso actúan arrogantes”, añadió.

Annette Planells, del Movimiento Independiente, expresó que aparte del conflicto que pueda haber entre el Ejecutivo y el Legislativo, y sobre el reclamo de la presidenta de la Asamblea de que el momento puede interpretarse como una presión a los diputados, “nadie está por encima de la ley”.

“La ley es clara, incluso hay fallos de la Corte que reiteran la potestad de la Contraloría para auditar previa o posteriormente”, apuntó.

Mientras, Freddy Pittí, de Juntos Decidimos, aseveró que la injerencia del Presidente de la República en la Asamblea, buscando mayoría o aprobación en nombramientos, creó la mal llamada alianza de gobernabilidad. “¿Qué necesitaban los diputados para decirle sí a todo lo que pidiera el presidente? Pues presupuesto, dinero, gestionar cheques, familiares y amigos emplanillados. Como el mandatario necesitaba ese apoyo, crea estas estructuras autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y refrendadas por la Contraloría al margen de la ley”, dijo.

La Contraloría puede realizar una auditoría forense a la Asamblea

Según la Constitución Política, la Contraloría General de la República es el órgano máximo de fiscalización y control de los recursos del Estado. En el artículo 280, numerales 3 y 4, existe la autorización expresa para que la Contraloría examine e investigue el uso de los fondos públicos por parte de cualquier funcionario del Estado o agente de manejo que haya gestionado o administrado fondos públicos. Así lo dicen expresamente estos numerales:Artículo 280. Son funciones de la Contraloría General de la República, además de las que señale la Ley, las siguientes: 3. Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, entidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos. Lo atinente a la responsabilidad penal corresponde a los tribunales ordinarios.4. Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas.

Para realizar estas tareas, la Contraloría General de la República es autónoma y no está obligada a solicitar autorización a la Corte Suprema de Justicia. Solo si se encuentra evidencia de la comisión de un delito, entonces estaría obligada, la Contraloría General de la República, a hacer la respectiva denuncia penal ante los tribunales competentes, en este caso la Corte Suprema de Justicia.

La negativa de admitir a los auditores de la Contraloría es una acción muy seria, que se puede constituir en un delito, ya que se está obstaculizando a la acción de servidores públicos y se niega el derecho constitucional de la Contraloría a fiscalizar el uso de fondos públicos.

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