HOMICIDIO DE EXGOBERNADOR de coclé DESATA POLÉMICA POR ´SICARIATO´ y la IMPUNIDAD

Asesinatos sin castigo

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El crimen del exgobernador de Coclé Darío Fernández, perpetrado la noche del domingo 6 de noviembre en Penonomé, puso nuevamente de relieve en la opinión pública el tema del “sicariato” y de la impunidad alrededor de algunos de esos “crímenes por encargo”.

Familiares de la víctima han pedido a las autoridades del Ministerio Público que investiguen a fondo lo ocurrido, pues temen que detrás del supuesto autor material del crimen, Gamal Gordón Vásquez, ya detenido por la Policía Nacional y encarcelado provisionalmente por órdenes de una jueza de garantías de Coclé, hay un entramado mucho más complejo que esconde a los autores intelectuales.

Se trata de un contexto que se ha repetido no pocas veces en los últimos años y que se ha reiterado sobre todo en un puñado de casos de alto perfil que permanecen impunes, algunos incluso hasta archivados debido a la imposibilidad de los investigadores de llegar hasta los verdaderos responsables.

Cifras del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales dan cuenta de que entre 1995 y julio de este año ocurrieron 6 mil 849 homicidios en el país, pero, aunque una gran parte de estos han sido resueltos y sus culpables castigados, esos “crímenes perfectos” siguen retumbando en la mente de las personas y afloran cada vez que sucede un caso como el de Fernández.

Expertos investigadores, criminólogos, exfiscales y otros funcionarios ligados al ámbito judicial coinciden en que no hay crimen perfecto, sino malas investigaciones, pero al menos ocho homicidios ocurridos desde 1995 hasta el presente parece que sí lo fueron.

Sin culpables

La lista comienza el 21 de abril de 1995 con el asesinato del empresario colombiano Sofronio Hernández, perpetrado por un experto sicario cuando este participaba en una demostración de caballos de paso en Clayton.

Entre la multitud estaba un hombre de baja estatura con una cicatriz en la mejilla izquierda, quien ocultaba un bulto bajo su chaqueta y seguía con su mirada todos los movimientos del empresario. De repente sonaron varias ráfagas de un arma de fuego automática y Hernández cayó al suelo, muerto.

El pánico invadió a los presentes y entre la desesperación y la angustia colectiva, el homicida caminó lentamente, encendió un cigarrillo y huyó.

Más tarde, el asesino abordó una avioneta en el antiguo aeropuerto de Paitilla rumbo a Puerto Obaldía, Kuna Yala, y allí lo esperaba un avión privado que lo llevó a Colombia.

Nunca hubo un registro oficial del despegue de la aeronave clandestina, pero lo cierto es que dos horas después de perpetrar el crimen en Panamá, el homicida ya estaba en Barranquilla. Tiempo después sería identificado por Interpol-Panamá como Maximiliano Casas Sánchez, pero nunca fue detenido y el caso sigue abierto.

Un año antes, el 20 de agosto de 1994, el empresario Diomedes Ábrego fue ultimado a tiros cuando se ejercitaba en el parque Omar, y poco después murieron en circunstancias sospechosas las cuatro personas que fueron testigos del hecho. Por ejemplo, una fue atropellada mientras hacía una llamada en una cabina telefónica y otra falleció intoxicada en su casa. Los homicidas nunca fueron capturados.

Ese mismo año, el 13 de julio, fue asesinado el exlegislador del PRD Rafael Clemente Ábrego, sorprendido por sicarios en su residencia de San Francisco.

Según Juan Tejada, entonces fiscal del caso, varios de los testigos del hecho y un investigador de la PTJ recibieron amenazas de muerte.

El único sospechoso detenido, Ismael Martínez Rengifo, fue hallado inocente por un jurado de conciencia ocho años después del crimen. Otros cuatro acusados, en cambio, fueron sobreseídos previamente.

En 1996, el panameño Branco Pagán fue encontrado inocente por otro jurado después de permanecer 10 años detenido, acusado del homicidio del empresario español Manuel Vásquez López.

Nadie más ha purgado condena por este crimen.

Dos años después, en 1998, desapareció el banquero suizo Hans Jorg Bosch y hasta la fecha las autoridades no tienen idea de su paradero ni saben con certeza si fue asesinado o secuestrado.

Ello, pese a que en 2004 el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses lo declaró oficialmente muerto tras practicar pruebas de ADN a unos restos humanos hallados en Cerro Azul.

Lo que ocurrió fue que la prueba fue refutada por la fiscal especial de Zurich, Suiza, Cornelia Cova, pues el ADN de los restos enviados por Panamá no coincidió con el de ninguno de los dos hijos vivos de la víctima.

En tanto, el 19 julio de 2001 fue asesinado el abogado Roque Pérez en un hecho ocurrido en el restaurante Boulevard Balboa.

Ciro Pacheco, Luis Adelmo Murillo, Eligio Mosquera Barco y Gilberto De La Rosa, acusados del crimen, fueron hallados inocentes por un jurado de conciencia en abril de 2009.

Por su parte, el abogado René Cabel Atencio está desaparecido desde el 27 de septiembre de 2005, después de ingresar en el edificio Multiservicios Careminto, en vía Argentina, en el que pretendía hacer una transacción de dinero con personas conocidas.

Atencio era abogado de John Bryan Buitrago, quien fuera procesado y absuelto por la muerte de dos marinos hondureños decapitados en Chiriquí.

Según declaraciones de la esposa de Atencio, el día de su desaparición este se reuniría con tres personas, entre ellas, un exasesor presidencial y el gerente de un banco, a quienes entregaría dos cheques por casi un millón de dólares para la compra de bienes raíces o de un barco.

Pero el caso más emblemático entre los crímenes sin resolver es el de Franklin Brewster, jefe de la Unidad Sensitiva de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), quien fue envenenado con un químico órgano-fosforado el 3 de julio de 2006 y que murió 16 días después.

La investigación de este caso fue considerada como una de las más complejas y enmarañadas de los últimos años, y aunque tres de sus excompañeros fueron procesados judicialmente bajo sospecha de haber actuado por encargo del crimen organizado, todos fueron sobreseídos en 2009 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que consideró que las pruebas acopiadas en el expediente no resultaron suficientes para llevarlos a juicio.

El dictamen estableció, además, que los señalamientos hechos por un testigo protegido no representaron evidencia contundente para implicar a los sospechosos.

Investigación, complejidades y particularidades

Para el exfiscal primero superior James Bernard, cada investigación de homicidio es diferente, y diferentes son también los hechos que provocan la impunidad. A su juicio, mientras el Ministerio Público y los aparatos de seguridad del Estado no tengan la disposición ni le den uso adecuado a la tecnología para combatir y esclarecer los crímenes, no van a eliminar la impunidad, por el contrario, esta irá en aumento.

Según Bernard, un ejemplo claro de lo anterior es el sistema de verificación del pele police, que a su entender no es malo, pero se utiliza indiscriminadamente. “La impunidad traslada a la sociedad una sensación de inseguridad”, advirtió. Sobre el caso de Franklin Brewster, que él investigó, dijo que fue bastante complicado e inédito, sobre todo, muy difícil para perseguir el rastro de las pruebas, a pesar de los recursos tecnológicos de que disponían. Por su parte, el exfiscal Cristóbal Arboleda señaló que en Panamá se utiliza un modelo de investigación atrasado, que depende mucho de la prueba testimonial, y coincidió con Bernard en el hecho de que los investigadores deben usar más las herramientas tecnológicas. “El índice de impunidad aumenta porque carecemos de herramientas tecnológicas y científicas, hay escasez de investigadores y los pocos que hay son empíricos”, dijo.

Arboleda fue quien investigó el homicidio de Sofronio Hernández, y recordó que se trató de un caso más difícil porque el sicario entró a Panamá a asesinar y se fue de inmediato. Severino Mejía, miembro del equipo del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, añadió que uno de los principales problemas en el país para concluir los casos de homicidio y llevar a los responsables a la justicia tiene que ver con la falta de recursos económicos y humanos del Ministerio Público.

Dijo no entender por qué hay casos de alto perfil que se atienden de manera inmediata, y otros casos de bajo perfil cuyos resultados no se aprecian. “Por eso es que hoy la impunidad resalta mucho en Panamá y en el resto de la región, [porque] eso provoca una falta de confianza y credibilidad de la ciudadanía hacia la justicia”, indicó. David Villarreal, exinvestigador de homicidios de la desaparecida PTJ, acotó que es la falta de pruebas la que provoca la impunidad, de allí que toda investigación depende de la habilidad del detective para buscar la información pertinente. “Hay crímenes que quedarán impunes porque los investigadores no supieron recolectar la evidencia ni la información de los testigos. Cada caso es diferente, pero el principio de investigación siempre será el mismo: los crímenes quedan impunes por la falta de investigación”, dijo.

José Otero y Rubén Polanco

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