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Asociación público privada no aplicará en 4 entidades

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El tema de las asociaciones público-privadas fue sustentado por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, en el primer Consejo de Gabinete del gobierno de Laurentino Cortizo, el pasado miércoles. Archivo El tema de las asociaciones público-privadas fue sustentado por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, en el primer Consejo de Gabinete del gobierno de Laurentino Cortizo, el pasado miércoles. Archivo
El tema de las asociaciones público-privadas fue sustentado por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, en el primer Consejo de Gabinete del gobierno de Laurentino Cortizo, el pasado miércoles. Archivo

Una de las apuestas de este gobierno para reactivar la economía, y que apunta a generar un gran debate nacional, son las asociaciones público-privadas (APP).

El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, presentó en el primer Consejo de Gabinete, esta semana, un borrador en el que explicó cómo sería el esquema, y detalló que la propuesta no incluirá al Canal de Panamá ni las obras de los ministerios de Educación, de Salud y de Seguridad Pública.

Para Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, este no es un tema nuevo en el país, pues ya existen casos como el de la agencia económica especial Panamá Pacífico. Sin embargo, resaltó que las APP requieren un “marco regulatorio” que garantice “transparencia” e “igualdad” de oportunidades para todos.

Un informe elaborado este año por The Economist Intelligence Unit y que cuenta con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, precisa que entre 1990 y 2018 Panamá adjudicó 35 proyectos de APP en infraestructura, por un valor de $7,940 millones.

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Asociación público privada noaplicará en 4 entidades

Asociaciones público-privadas, el próximo gran debate nacional

El gobierno del presidente Laurentino Cortizo dio pistas durante su primer Consejo de Gabinete sobre cuál será su hoja de ruta para dinamizar la economía, la cual pasa por generar mayores inversiones y más empleos.

Uno de los esquemas que implementará para alcanzar ese objetivo serán las asociaciones público-privadas (APP), pero antes deberá crear y lograr que la Asamblea Nacional le apruebe una ley que regule el funcionamiento de este sistema, que no es más que una unión entre el Estado y el sector privado para brindar un servicio al país.

Inicialmente, el tema fue sustentado por el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, quien dijo que una APP es una forma de proveer un servicio de calidad, en el que la empresa privada puede financiar y brindar mantenimiento a determinado proyecto, mientras que el Estado pagaría un canon durante varios años por la disponibilidad del servicio u obra.

“En la mayoría de los casos, serán proyectos que se paguen por disponibilidad, es decir, que la empresa privada invierte y el Estado le paga un canon anual por el uso del bien, ya sea por 15 o 20 años, por ejemplo”, agregó el funcionario.

Aclaró que no se trata de “privatización”, sino de crear un marco jurídico para la puesta en marcha de las APP, pues ya hay algunos casos de este esquema.

Gremios como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá han señalado que el esquema APP ofrece “grandes oportunidades” al país para atraer inversiones de capital externo que permitan generar mayores fuentes de empleo, y con ello disminuir la presión fiscal sobre las arcas del Estado.

Además, sostienen que promovería la participación de capital local en obras de interés público en toda la geografía nacional, para con ello dinamizar el desempeño de la economía.

La transparencia

En mayo pasado se dio a conocer un informe elaborado por The Economist Intelligence Unit, y que cuenta con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual da cuenta de que entre 1990 y 2018 Panamá adjudicó un total de 35 proyectos de APP en infraestructura, por un valor de $7 mil 940 millones.

Otro de los puntos que destacó el estudio es que el mercado de APP no está altamente concentrado y, de hecho, varias firmas de diferentes países comparten contratos de APP en Panamá, entre ellas, AES Corporation (Estados Unidos), Cable and Wireless (Reino Unido), Grupo Argos (Colombia), PSA Corp. (Singapur) y Digicel (Bermudas).

No obstante, resalta que el país carece de una legislación general de APP.

Incluso, da cuenta de que a pesar de los proyectos exitosos de APP, la privatización sigue siendo un tema delicado entre el público y los políticos. “ La falta de transparencia y la ausencia de un marco institucional sólido para las APP han aumentado la desconfianza pública, lo que históricamente ha limitado los intentos de crear una legislación de APP”, dice el documento.

Más adelante, plantea que la inversión privada es “necesaria” para continuar extendiendo la infraestructura del país, dado que la inversión requerida está más allá de lo que el gobierno puede proporcionar por sí solo. Y finaliza manifestando que el principal desafío del país, por lo tanto, es convencer al público de que una ley sobre las APP traerá valor a la nación, buenas prácticas e instituciones sólidas para contrarrestar la opacidad.

En el caso de la región centroamericana, hay algunos países que han dado pasos en la ejecución de las APP y que en ciertos indicadores aventajan a Panamá.

Las excepciones

El Gobierno ya precisó que este esquema de APP no se aplicaría a cuatro entidades: la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública.

Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Severo Sousa, señaló que se trata de una buena propuesta para reactivar la economía, ya que con un marco jurídico correcto y transparente la empresa privada puede hacer obras y eso liberaría al Estado de varias cargas financieras.

“Nosotros estamos complacidos con la iniciativa, porque la ley traería beneficios para todos. Lo que existe actualmente son negociaciones directas entre determinada institución que requiere un servicio y una empresa específica”, dijo.

De acuerdo con Sousa, las APP también ayudarán a que tanto el sector público como el privado compartan las deudas y que se promuevan más inversiones a niveles provinciales y distritales por parte del Estado.

En lo referente a las quejas de algunos sindicalistas sobre que este esquema promueve la privatización, el empresario destacó que para privatizar no se requiere de esta normativa. “Ya eso ha ocurrido otras veces. Lo que viene a hacer esta ley es establecer un marco normativo para todo el mundo y eso garantiza mayor transparencia”, aclaró.

Usó como ejemplo lo que ocurre en Panamá Pacífico, en donde coexisten la administración pública y privada de forma armónica.

Y recordó que cuando la propuesta de ley sea discutida en la Asamblea, hay que estar presente para velar porque las reglas de transparencia y equidad formen parte de ella.

La oposición

Pedro Hurtado, coordinador del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, rechazó la iniciativa por considerarla “una forma de privatización”.

Hurtado advirtió que si no se consulta a la ciudadanía de forma correcta, el único que se verá beneficiado con esta propuesta será el sector privado. “Todo pasaría a manos de la empresa privada”, dijo.

Por último, el sindicalista reiteró que antes de aprobar una ley como esta se debe escuchar a todos los sectores del país, ya que hasta el momento no han visto consulta alguna.

El Gobierno espera presentar su propuesta a la Asamblea este mes de julio.

El concepto APP

En el esquema tradicional, el Estado financia el proyecto según su capacidad presupuestaria.

En el modelo APP, el sector privado financia la obra, teniendo como fuente de pago un contrato multianual de prestación de servicios con el gobierno.

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