ANÁLISIS

Auditoría des-amparada

El país no sería testigo de este espectáculo si el Ministerio de Economía y Finanzas no hubiese aprobado las partidas que financiaron generosamente las cuestionadas planillas.

Temas:

Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional. Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional.

Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional. Foto por: Archivo

“ Si aquí viene el contralor a auditarme, yo no voy a interponer ningún amparo ante la Corte Suprema de Justicia”. Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia. “ Si aquí viene el contralor a auditarme, yo no voy a interponer ningún amparo ante la Corte Suprema de Justicia”. Álvaro Alemán,  ministro de la Presidencia.

“ Si aquí viene el contralor a auditarme, yo no voy a interponer ningún amparo ante la Corte Suprema de Justicia”. Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia.

El amparo de garantías constitucionales es un medio extraordinario que permite suspender una orden de hacer o no hacer que viole derechos, y para la cual no existen otras vías de impugnación, y el daño que cause la ejecución de dicha orden sea grave e inminente.

Un amparo interpuesto por el abogado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, en representación de la diputada Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional, representa el capítulo más reciente de la saga de opacidad del uso de las partidas presupuestarias de que disponen los diputados.

El recurso de Carrillo Gomila tiene 22 páginas y busca establecer un argumento de violación al debido proceso, causado por la resolución de la Contraloría General de la República que ordena la auditoría forense de la planilla 080 de la Asamblea.

Para entender la viabilidad del amparo es clave comprender la naturaleza de lo que hace la Contraloría. Esa institución ni pone gente presa ni embarga bienes. No es un ente jurisdiccional. Por lo tanto, la actividad de la Contraloría cuando inicia una auditoría forense no es equivalente a la acción de un fiscal al comenzar una investigación delictiva.

La Contraloría genera hallazgos que posteriormente se pueden transformar en pruebas para un caso penal en otra instancia.

El amparo pretende confundir el análisis constitucional de que una auditoría es equivalente a una investigación penal, y por lo tanto, debe someterse a las mismas reglas.

La Contraloría no es un cuerpo policial, sino una institución pública a la que le corresponde fiscalizar y verificar el correcto uso de los fondos públicos. Una auditoría no puede causar daños graves e inminentes a nadie, por lo que ese argumento no es válido.

El amparista sugiere que la Asamblea está en indefensión porque no fue notificada del inicio de la auditoría forense y, además, porque no ha tenido oportunidad de defenderse.

Usualmente, en diligencias de inspección o auditorías, las entidades del Estado notifican con el acto mismo de la inspección. Esto vale para el Ministerio de Salud, que inspecciona una carnicería por malos olores; la Superintendencia de Bancos, que examina libros contables para conocer la fortaleza financiera de una institución, o las actividades de la Contraloría. Las inspecciones y las auditorías no se avisan porque puede ocurrir manipulación de evidencias o destrucción de registros. Nada de lo cual se puede evitar en la actualidad con el comportamiento de la Asamblea.

En el amparo se reconoce que se podría acudir a la vía de lo contencioso administrativo, pero que no se obtendría el propósito verdadero de este esfuerzo, que es suspender la auditoría. En ninguna parte de este recurso se explican cuáles son los daños graves e inminentes que le provocaría a la Asamblea o a la diputada Ábrego que la Contraloría lleve a cabo una auditoría forense.

El argumento legal más peligroso del amparo es que la Contraloría no puede auditar a los diputados porque una auditoría es una investigación, y según la Constitución, solo la Corte Suprema de Justicia puede investigar a los diputados por delitos o faltas de policía.

Este razonamiento es erróneo, ya que la auditoría, en el mejor de los casos, es una prueba, y el Código Procesal Penal, al igual que la jurisprudencia de la Corte, exigen la existencia de prueba “idónea” para investigar a los diputados. En otras palabras, este razonamiento haría imposible producir la prueba para iniciar una investigación a un diputado.

El galimatías jurídico establecería un doble precedente nefasto. Por un lado, la Contraloría no podría auditar a los diputados porque necesitaría la autorización del pleno de la Corte y, por el otro, la Contraloría tampoco podría auditar a los magistrados de la Corte, porque necesitaría la autorización de la Comisión de Credenciales de la Asamblea.

En el fondo, el amparo de garantías constitucionales repite los argumentos de la advertencia de inconstitucionalidad que interpuso el jurista Jerry Wilson, también en representación de Ábrego. En ese caso, se alegó que sancionar a la diputada con el doble de su salario mensual por el desacato a la Corte le causaría una afectación significativa. Entonces, como ahora, la Asamblea no pudo explicar por qué no podía cumplir con la ley y entregar toda la información de la planilla de contratos y donaciones.

Escenarios

El magistrado Cecilio Cedalise tiene en sus manos el recurso de amparo. El documento en sí mismo cumple con los requisitos formales que exige el Código Judicial, por lo que es probable que sea admitido.

Entonces, la Corte Suprema de Justicia le solicitará a la Contraloría General de la República un informe de su actuación, mientras la auditoría forense sería suspendida. Una vez la Contraloría entregue el informe, el magistrado ponente deberá preparar un proyecto de fallo que será discutido entre sus ocho colegas. El pleno de la Corte deberá decidir si la auditoría prosigue, o si esta no se puede realizar sin su autorización, para lo cual la Corte tendría que iniciar una causa penal contra los diputados. De lo contrario, el caso terminaría.

En un primer escenario, el amparo se admite y se dilata el fallo por meses, e incluso hasta después de las elecciones de mayo de 2019. El efecto conseguido sería el descarrilamiento del trabajo de la Contraloría y le daría impunidad total a los diputados.

En el segundo escenario, la Corte admite el amparo y decide en un plazo razonable que la Contraloría no puede auditar a los diputados.

El efecto reflejo de esta decisión es que tampoco puede auditar a los magistrados de la Corte. Esa decisión se convertiría en el afiche de campaña para una asamblea constituyente, ya que este doble blindaje sería una gran burla para toda la ciudadanía, que ya empieza a conocer la magnitud del escandaloso manejo de fondos públicos por los diputados.

En el mejor escenario para la democracia y la institucionalidad, la Corte determinaría rápidamente que la Contraloría sí tiene la facultad constitucional de auditar a todos los servidores públicos, como lo establece la Constitución en el artículo 280.

Las paradojas

El país no sería testigo de este espectáculo si el Ministerio de Economía y Finanzas no hubiese aprobado las partidas que financiaron generosamente las cuestionadas planillas.

Mientras, el retraso de la propia Contraloría en actuar decisivamente contra los abusos de las planillas ha permitido que el problema se magnifique aún más.

La mayor contradicción de todas la representa la Asamblea cuando invoca la protección de la Corte para lo que le conviene, pero rechaza su acción en el caso del habeas data para conocer los contratos y donaciones de los diputados.

Igualmente, la directiva de la Asamblea y las bancadas más importantes rechazaron la tutela de la Corte cuando cambiaron la conformación de la Comisión de Credenciales.

Ese comportamiento errático de la Asamblea solo revela que su liderazgo se maneja de forma antojadiza y con desprecio por la institucionalidad. Si así lo hace con la Corte, ¿cómo lo hizo con los fondos públicos?

Comentarios

Cerrar

La función de comentar está disponible solo para usuarios suscriptores. Lo invitamos a suscribirse y obtener todos los beneficios del Club La Prensa o, si ya es suscriptor, a ingresar.

Suscríbase gratis por 30 días Prueba
Adquiera un plan de suscripción Suscríbase
Cerrar

Por favor introduzca el apodo o nickname que desea que aparezca en sus comentarios:

Comentar 0 comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Loteria nacional

18 Jul 2018

Primer premio

5 9 6 0

CABC

Serie: 19 Folio: 9

2o premio

3358

3er premio

4744

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código