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Auditoría revela otra millonaria lesión al extinto PAN

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Sede del extinto PAN. Archivo Sede del extinto PAN. Archivo
Sede del extinto PAN. Archivo

El fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica solicitó ayer el llamamiento a juicio del exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y del empresario Roberto Carretero.

La solicitud del fiscal fue presentada en la audiencia que celebró ayer el Juzgado Quinto Penal relacionada con la investigación sobre la la presunta comisión del delito de peculado en la compra de instrumentos musicales para escuelas públicas con fondos del antiguo PAN.

Además, se solicitó un sobreseimiento provisional para nueve de los imputados y sobreseimiento definitivo para tres de los involucrados en el proceso.

Durante la audiencia, el fiscal presentó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República- desconocido hasta la fecha- que determina una posible lesión patrimonial al PAN de $4 millones.

Karim Hassán, abogado de Tamburrelli, criticó la investigación realizada por la fiscalía, ya que el informe de auditoría no señala responsabilidad alguna de su cliente.

Hassán dijo no entender cómo la fiscalía puede solicitar el llamamiento a juicio de su cliente cuando la auditoría no lo señala.

A la vez, detalló que la fiscalía tampoco explicó cómo se hará ahora para llevar ante la justicia a las otras personas mencionadas en la auditoría, pero que no aparecen en el expediente .

“En este caso la auditoría entregada por la Contraloría revela la vinculación de otras personas que no están en el expediente enviado al juzgado”.

Guillermina McDonald Abogada.

En tanto, Guillermina McDonald, abogada de Roberto Carretero, dijo que los contratos para la compra de los instrumentos cumplieron con el Decreto 690 de 2010, que regulaba las actividades del PAN y establecía que solo las empresas inscritas dentro de la entidad como proponentes podían participar.

La abogada también criticó el hecho de que la fiscalía se presentó ayer con un informe de auditoría que se desconocía en el expediente.

Mientras que el abogado Juan Carlos Rodríguez, quien representaba a nueve de los imputados, aseguró que el Ministerio Público ocasionó un grave daño a sus clientes, quienes no aparecen reseñados en el informe de auditoría realizado por la Contraloría y que se debió pedir un sobreseimiento definitivo para todos.

En este proceso, el juzgado declaró nula la investigación en lo que respecta a la exministra de Educación Lucy Molinar, mientras que el exdirector del PAN Rafael Guardia pactó un acuerdo de colaboración con la fiscalía en relación al proceso,

El juez quinto Enrique Paniza se acogió al término de 30 días para dar su fallo en este caso.

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