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'espionaje político'

En la Autoridad de Administración de Tierras no encuentran reportes de sobrevuelos

El exadministrador de la entidad confirmó al Ministerio Público la existencia del vuelo, pero no hay videos, fotos ni informes de esa misión.

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En este conjunto de imágenes se aprecia a Franklin Oduber y a Carlos González. En este conjunto de imágenes se aprecia a Franklin Oduber y a Carlos González.
En este conjunto de imágenes se aprecia a Franklin Oduber y a Carlos González.

En los archivos de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) no reposa documentación que fundamente la realización de “ningún vuelo en helicóptero de carácter oficial el 4 de diciembre de 2013”, cuando funcionarios de esa entidad fotografiaron propiedades de algunos de los otrora opositores al gobierno de Ricardo Martinelli.

Lo anterior fue confirmado por Carlos González, nuevo administrador general de la Anati, quien aseguró que no han encontrado documentos que evidencien que esa institución haya solicitado o pagado el polémico viaje que avaló su antecesor Franklin Oduber, y que encendió las alarmas por el supuesto espionaje político en medio del pasado torneo electoral.

En la entidad tampoco existen registros de videos ni fotografías del informe de trabajo que debieron entregar los funcionarios que asistieron a esa misión; dos de ellos del departamento de Relaciones Públicas.

Esto, a pesar de que Oduber, en nota dirigida al Ministerio Público –el 11 de diciembre de 2013–, confirmó la existencia del vuelo que él definió como “rutinario” para hacer inspecciones a nivel nacional, a fin de regularizar y adjudicar tierras a los panameños.

Como se recordará, en ese vuelo se fotografiaron las propiedades playeras del entonces candidato presidencial del Panameñista, Juan Carlos Varela –hoy, mandatario de la República–; su hermano, el diputado José Luis Varela; el entonces candidato presidencial del PRD, Juan Carlos Navarro, y de su compañero de fórmula, Gerardo Solís, así como las instalaciones de Hacienda San Isidro, en Pesé, propiedad de la familia Varela.

“Indudablemente, cuando se viaja por helicóptero para realizar este tipo de trabajos es inevitable no pasar por encima de fincas privadas de todo tipo, ya sean habitacional, agrarias, turísticas o de cualquier naturaleza similar”, argumentó Oduber en el citado informe, el cual fue recibido por la procuradora Ana Belfon ocho días después de que estallara este escándalo ( ver facsímil).

vuelo injustificable

El actual administrador de la Anati dijo a La Prensa que en todo caso ese vuelo era “injustificable” porque la institución cuenta con un avión pequeño –un Cessna T3110R, con matrícula HP-773– con equipos sofisticados, precisamente, para tomar fotografías aéreas a nivel nacional.

De hecho, esta aeronave, con capacidad para seis personas, incluido el piloto, posee cámaras de alta precisión que captan imágenes lineales para establecer coordenadas y es utilizada frecuentemente por el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia.

“Esto me dice que ese vuelo tenía otro objetivo”, remarcó González, quien habló del polémico tema tras una solicitud de información que este diario presentó ante la Anati, amparada en la Ley 6 de Transparencia, para que se diera a conocer el objetivo, el costo y los nombres de los funcionarios que participaron en la misión.

Esa era la segunda petición de información que hizo este medio, ya que la primera se presentó ante el despacho de Oduber el 11 de diciembre de 2013. Sin embargo, no fue contestada.

Por otra parte, González llamó la atención de que en esa misión no participó ningún técnico de calibración ni de cartografía ni de medición ni de telemetría de la institución.

Solo asistieron Ulises Barrera, ingeniero de Telecomunicaciones; Ernesto De León, coordinador de Comunicación; y Paola Decerega, asistente de información; esta última sobrina del entonces secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz.

Los tres llegaron al aeropuerto de Albrook acompañados de Eric García, por entonces subadministrador de la Anati.

Estos elementos fueron arrojados tras una investigación administrativa que inició González al llegar a la institución, y fueron incorporados a las pesquisas que adelanta el fiscal cuarto Anticorrupción, William Parodi. El delito que se investiga es de peculado de uso.

En ese expediente no se incluyó el audio en el que supuestamente se escucha a Oduber y a su personal orquestar un plan para hacer frente al escándalo por el espionaje a las residencias de los políticos, y engañar a las autoridades judiciales, en caso que quisiera investigar el tema. La razón: se trata de una grabación no autorizada judicialmente.

“Tranquilos, no digan nada. Todo el mundo está feliz, no va a pasar nada, a ustedes se les pidió una cosa, la hicieron... No digan nada, no fui, sí fui... Lo mejor es no explicar nada”. Es el extracto de un audio en el que se escucha a una persona que se presume es Oduber.

Este diario realizó ingentes esfuerzos por conocer la versión de Oduber ante las revelaciones de su sucesor, pero fue infructuoso.

negocio rentable

Tras la búsqueda de información solicitada por el fiscal Parodi, el administrador de la Anati también identificó la existencia de un convenio firmado por Oduber y Rafael Guardia, por entonces director del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

A través de ese convenio, el PAN pagó múltiples vuelos gestionados por la Anati para trasladar personal de la institución para la entrega de títulos de propiedad.

CÍRCULO CERO

Como fue una constante en el gobierno de Martinelli, la empresa beneficiada con esos contratos pertenece al empresario Gabriel Gaby Btesh, uno de los integrantes del llamado “círculo cero” del expresidente.

Se trata de la empresa Cabin Corp., que tiene como dignatario a José Rodríguez González, uno de los pilotos de Btesh.

Según registros de la Contraloría General, en el último quinquenio esta compañía firmó 143 órdenes de compras con el PAN por un monto de $4 millones.

Cabin Corp. cobraba a la Anati, en promedio, $2 mil 400 la hora de vuelo. Solo el 31 de junio de 2012 presentó una factura por casi $20 mil, por ocho horas de vuelo. El itinerario: Panamá-Changuinola.

En tanto, Ricardo Garay, piloto del helicóptero HP-1686RL que fue contratado para el controvertido viaje sobre las propiedades de los opositores, reafirmó ayer que no puede precisar quién pagó ese vuelo porque sus servicios fueron “subcontratados”.

Agregó que espera que sea citado por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción para ratificar que cuando despegaron del aeropuerto Marcos A. Gelabert, en Albrook, le ordenaron cambiar la ruta y dar vueltas sobre las propiedades de los políticos citados.

ACONDICIONAN NAVE

En virtud de que el convenio que mantiene la Anati con el PAN vence en diciembre de este año, González avaló una compra menor para acondicionar la aeronave de la entidad que ha sido utilizada para trasladar personal en misiones oficiales.

Por un costo aproximado de $10 mil se reacondicionará el tapiz de los asientos y se reemplazarán los cobertores de la aeronave, fabricada en 1979.

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