ENTREVISTA CON EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

La Autoridad Nacional de Ingresos Públicos se utilizó con fines políticos

Publio Cortés dijo que "era evidente el uso de la administración tributaria con objetivos no necesariamente recaudatorios y de acuerdo a la ley".
Los casos que fueron denunciados como persecución política de la pasada administración serán revisados ‘dentro de las vías procesales que la ley permita’, dijo Cortés. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga. Los casos que fueron denunciados como persecución política de la pasada administración serán revisados ‘dentro de las vías procesales que la ley permita’, dijo Cortés. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.
Los casos que fueron denunciados como persecución política de la pasada administración serán revisados ‘dentro de las vías procesales que la ley permita’, dijo Cortés. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.

Publio Cortés estrenó el cargo de director general de Ingresos el pasado 1 de octubre, después de que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) terminara provocando la salida de su antecesor, Luis Cucalón.

Asume uno de los cargos más delicados de la administración pública, con la necesidad de mejorar la recaudación tributaria para nutrir de fondos a un Estado que atraviesa una difícil situación fiscal.

Reconoce que debe mejorar la relación con el contribuyente y promete objetividad y mayor celeridad en la resolución de los casos.

Entre los primeros grandes temas que tiene en la mesa, destacan una investigación abierta a las sociedades a través de las cuales el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna y su esposa compraron dos apartamentos por $1.7 millón, y la resolución del contrato con Cobranzas del Istmo.

Además de abordar estos temas, Cortés desmontó la imagen de cobrador efectivo de impuestos que intentó construirse su predecesor en una entrevista concedida ayer a este diario.

¿Qué se ha adelantado en la investigación a las empresas del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna?

Nosotros llevamos investigaciones a personas jurídicas, no a personas naturales. Y de acuerdo con el Código Fiscal debemos mantener reserva de la investigación. Eso aplica para cualquier contribuyente. Cuando hay una investigación en materia fiscal que involucra datos confidenciales de los contribuyentes, no se puede divulgar información. Por la vía de explicar la investigación, quedas divulgando información confidencial. Aparte, son investigaciones preliminares que no tienen conclusión. Si se sacan conclusiones de antemano, se acaba violentando el debido proceso y siendo arbitrario, que precisamente es el estilo que no vamos a llevar adelante, independientemente de quién esté involucrado.

La semana pasada usted declaró la “nulidad absoluta” del contrato con Cobranzas del Istmo. ¿Ha recurrido la empresa?

Hasta el momento no tenemos información sobre qué decisión ha tomado la empresa. Todavía están dentro del término de ley.

¿Una vez que venza el término, si no han presentado el recurso, ustedes asumen la labor?

La labor de cobranza administrativa se va a asumir. No hay nada ni en el contrato ni en la ley, aunque no hubiésemos actuado, que impida a la Dirección General de Ingresos (DGI) la labor de cobranza administrativa. Que antes se hubiese dejado de lado, es una decisión administrativa que nosotros no compartimos.

¿Han profundizado en las investigaciones sobre quiénes son los accionistas de esta compañía?

Hay que tener en cuenta algo desde el punto de vista administrativo. Yo ya revisé el expediente. Mucha de esa información yo la tengo, pero a quien corresponde hacer la investigación no es a la DGI, sino a la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Economía y Finanzas. El control tiene que venir de afuera. La DGI no se audita a sí misma. La Dirección de Auditoría Interna está aquí presente, no solo revisando eso, también ven cuántos expedientes hay en cada departamento.

La información entonces consta en el expediente...

Lo correspondiente es que Auditoría Interna haga un informe. Nosotros hemos solicitado a la Dirección de Auditoría Interna que haga un análisis de cumplimiento del contrato en lo jurídico y en lo contable. Comprendo el apuro de La Prensa de saber todo rápido, pero yo tengo que cumplir con los procedimientos. El jueves, el primer día que entré aquí, pedí la auditoría. Ellos desde el viernes están revisando el expediente. Se tiene que hacer una revisión de números que no se ha terminado todavía. Entonces no es responsable de mi parte estar adelantando criterio.

¿Ahí se sabrá también cuánto ha cobrado la empresa en estos cuatro años? Porque llama la atención que solamente en el primer semestre de 2014 haya recibido $30 millones...

Eso tiene que tener una explicación contable. Allí es donde está la auditoría. Pero la auditoría tiene otros elementos que son jurídicos, como quiénes son los accionistas. Con todo eso rendirán un informe.

¿Para eso hay un plazo establecido?

No. Queremos que sea lo más rápido posible, pero que se haga bien. Tienen que ver cuántas cuentas cobraron, a cuántos meses, a qué comisión corresponde... Y después que revisas eso, tienes que compararlo con la gestión de cobro presentada en Tesorería.

Ustedes cuestionan la efectividad de la tercerización del cobro de cuentas morosas en relación a las comisiones que se le pagaron a Cobranzas del Istmo, ya que la DGI tiene sus mecanismos para ejercer esta función...

La administración tributaria tiene varios roles. Cuando un contribuyente tiene una deuda, yo puedo mandarle un correo, llamarlo, debería enviar una factura. El recibo de agua nos llega, pero no el recibo de inmueble. Esa es parte de la labor de recaudación tributaria, que se llama cobranza administrativa.

¿Eso se hace?

Muy débilmente. Casi no se hace. Parte de ese rol, cuando la deuda es de más de 12 meses, es lo que se tercerizó, pero no hay nada que diga que no lo pueda hacer la administración. Simplemente se fue bajando la guardia para que lo hiciera un tercero. Esa es mi visión.

Ese no es el único rol que tiene la administración tributaria. Cuando auditores visitan una empresa y determinan que debe $5 millones, esa no es una labor de cobranza, eso se llama labor de fiscalización. A veces se confunde una cosa con la otra.

También está la jurisdicción coactiva, que es una especie de juez interno que por instrucción del administrador inicia un proceso que tiene un trámite en la ley donde se embargan los bienes para cobrar la deuda. Eso no está tercerizado, lo hace la administración.

El que no conoce la estructura de la administración dice que sin el contrato ahora no existe administración tributaria. Aquí hay todo un piso lleno de auditores fiscales. Hay que fortalecerlo, pero no es que aquí tenemos funcionarios sin hacer nada.

Usted ya trabajaba con la actual administración como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo fue en esos tres meses la relación con la ANIP, con Luis Cucalón al frente?

Con alguna información se colaboraba. No podemos decir que fue fluida, pero sí por lo menos se daba información de cuántos funcionarios había, para ir pensando qué planes había que hacer, en algunas cosas pudimos ir programándonos, pero cuando entras de verdad, tienes conocimiento de la magnitud del trabajo y hay cosas que no sabíamos.

Como por ejemplo...

La cantidad de temas pendientes. Le pedimos paciencia al usuario. Hay temas de simple solución si los ves individualmente, pero cuando están acumulados, la solución no es rápida.

Aquí hay devolución de impuestos que no quiero adelantar si tienen derecho o no a que se le devuelvan, pero sí tienen derecho a que la administración se pronuncie. Tres o cuatro años esperando es una injusticia grande.

Hay muchos temas de esta calidad que son los que han contribuido a dar la imagen de mal servicio y que estamos tratando de atender con prioridad. Porque no solo se trata de los temas de moda. Aquí hay temas que tienen mayor repercusión en el día a día de la gente.

Además del mal servicio, se cuestionó mucho la utilización política de esta institución. ¿En el tiempo que llevan han podido constatar esto?

Si te soy franco, desde antes. Era evidente el uso de la administración tributaria con fines no necesariamente recaudatorios y de acuerdo a la ley. La prueba está en que los sistemas no son eficientes, orientados a recaudar efectivamente, lo cual es al menos un indicio de que la agenda no era precisamente esa.

Del año 2009 hacia acá, que ha habido un crecimiento económico importante, la recaudación ha sido impulsada por cambios legislativos, como el de tarifa en el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, que pasó del 5% al 7%. Con ese cambio nada más y la elasticidad del crecimiento económico ya tienes una recaudación que sube, pero no necesariamente por gestión. La orientación estaba en otra cosa. Esa senda no es la que vamos a seguir, vamos a recaudar sin distingo de partidos políticos ni orientación ideológica de las personas.

¿Tienen datos de cuántos expedientes, cuántos procesos sancionatorios se abrieron en el período anterior?

Eso está en revisión todavía. No se puede generalizar ni asumir ahora que todos los casos de la pasada administración son persecución política. Lo que no vamos a permitir es que con la excusa de que la pasada administración nos caía mal, ahora se piense que no hay que pagar impuestos o que todo lo que hace la administración tributaria va a ser catalogado como persecución política.

El mismo concepto de persecución política es gris. Desde el punto de vista jurídico no hay un expediente que tú puedas decir: ´Este es persecución política y este no´. Todos son trámites fiscales. Ahí tendremos que tener el ojo clínico para determinar dónde está el rango de justicia o no de lo que se está haciendo. Ahora, la peor injusticia es la demora y en eso vamos a tomar las medidas. Los casos tienen que salir rápido. La administración tributaria está para recaudar impuestos, no para seguir litigando eternamente casos, porque entonces puede generar una demora excesiva, y cualquier demora en la administración puede ser caldo de cultivo para la corrupción.

¿Estos casos que fueron cuestionados por ser ataques políticos van a ser revisados?

Dentro de las vías procesales que la ley permita. Lo que no podemos es crear mecanismos procesales si hay etapas culminadas que están en firme y que no haya justificación legal para entrar a ver si se revisan.

Uno no puede actuar porque salió una noticia en el periódico y alguien dice que eso fue. Lo que podemos prometer es actuar con prudencia, rapidez y objetividad. La administración tributaria está para recaudar impuestos, y lo vamos a hacer con firmeza.

¿Cómo se explica que los ingresos tributarios no estén creciendo al mismo ritmo que la economía?

Sobre todo los impuestos directos. Tenemos que tener más presencia. Más presencia de la administración cobrando y haciendo el trabajo. Algunos dirán que hay una transición, pero es que el patrón viene desde marzo.

¿Cómo han resultado las impresoras fiscales? ¿Las van a mantener?

Es una inversión que hicieron los contribuyentes. Hay que fortalecer el sistema para que sea más eficaz. Creo que podría tener mayor eficacia que la que tiene en estos momentos.

¿Exigiendo a los comercios que las tengan?

Y fiscalizando con mayor presión la información que producen.

¿Ha recibido muchas llamadas desde que le nombraron director de Ingresos?

Mi sacrificada secretaria ha recibido miles de llamadas. La mayoría de gente desesperada por cosas que están detenidas y, creo, hasta donde he visto, con razón. Estamos poco a poco evacuando los temas sin caer en exceso de apuro, porque hay que revisar.

DE REGRESO AL GOBIERNO CENTRAL

perfil.

Publio Cortés es abogado con experiencia en el tema tributario, en los sectores público y privado. Tiene una maestría en tributación de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado y ejerce como profesor universitario dictando cátedra de Derecho Tributario Internacional. Con una larga trayectoria en el Gobierno, ha sido asesor del Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas, director de Contrataciones Públicas, director de Catastro y Bienes Patrimoniales y viceministro de Finanzas.

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