PROCESO

Diputado Leandro Ávila deberá rendir cuentas por contrato de la partida 172

El vicepresidente del Legislativo es el quinto diputado en ser denunciado por la Contraloría. El expediente quedó en manos del magistrado de la Corte Oydén Ortega.

Demandas buscan tumbar el blindaje de los diputados

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Leandro Ávila y Federico Humbert. Leandro Ávila y Federico Humbert.
Leandro Ávila y Federico Humbert. LA PRENSA/Archivo

Leandro Ávila, vicepresidente de la Asamblea Nacional, deberá rendir cuentas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestas irregularidades en la partida 172, conocida como c ash back.

El contralor Federico Humbert, a través del abogado Carlos Muñoz Pope, lo denunció ante la Corte, luego de que saliera a relucir que una empleada doméstica que laboraba con la expresidenta Mireya Moscoso en Boquete, Chiriquí, fue una de las personas que contrató el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) con fondos de la mencionada partida.

La denuncia, según confirmó a este medio el abogado Muñoz Pope, fue interpuesta la semana pasada, mientras que en un reparto de expedientes realizado ayer en el máximo tribunal, el recurso fue asignado al magistrado Oydén Ortega.

La génesis

La acción legal que pide investigar a Ávila guarda relación con la contratación de Mireya Jurado Gómez, quien desde 2004 trabajaba con Moscoso en Boquete, pero que recibió tres contratos por servicios profesionales en el Legislativo, en 2015 y 2016.

De acuerdo con el perredista, Jurado Gómez, quien fue despedida en medio de la investigación de la Contraloría, es hermana de su asistente, quien le pidió apoyo para su hermana.

Consultado ayer sobre la denuncia, Ávila dijo que no estaba enterado de la acción legal de la Contraloría.

Aseguró que haría las gestiones “para ver de qué se trata”.

La partida 172 fue bautizada cash back en la propia Asamblea, porque sus gestores [los diputados], después de pagar una comisión, recobran el 95% del monto de cada contrato.

Más casos

Humbert ha pedido a la Corte que también investigue a los diputados Aristides Aris De Icaza y Marylín Vallarino, del partido Cambio Democrático; a Felipe Vargas, del PRD; al igual que a Jorge Alberto Rosas, del oficiaista Partido Panameñista.

Todas las denuncias de la Contraloría guardan relación con contrataciones supuestamente irregulares a través de distintas partidas de la Asamblea.

Demandas buscan tumbar el blindaje de los diputados

Dos demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 495 del Código Penal fueron presentadas ayer ante la Corte Suprema de Justicia.

Ese artículo establece que para lograr una sentencia contra un diputado que está siendo investigado se requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros del pleno de la Corte.

La primera acción legal fue presentada por el abogado Rosendo Rivera, quien actúa como querellante en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por, supuestamente, espiar las comunicaciones de unas 150 personas.

Rivera advierte que la mencionada disposición viola el artículo 19 de la Constitución, que establece que bajo ningún concepto habrá fueros o privilegios, ni discriminación. Sustenta que el artículo 495 otorga privilegios a los diputados, ya que para juzgarlos dispone de un trámite distinto al del ciudadano común.

Mientras, la segunda demanda fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño, quien coincide con Rivera al indicar que el artículo 495 viola el artículo 19 de la Constitución, pues le concede a los diputados “un tratamiento especial” al momento que el pleno de la Corte deba emitir una sentencia contra un diputado.

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