Ayú Prado confirma el archivo de querella contra embajadora

Ayer se realizó la primera audiencia del sistema penal acusatorio en la provincia de Panamá, por una querella contra Digna Donado.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado confirmó ayer el archivo provisional de una querella por abuso de autoridad interpuesta contra la embajadora de Panamá en Uruguay, Digna Donado, en la primera audiencia del sistema penal acusatorio celebrada en la provincia de Panamá.

El acto, que se efectuó en el salón de casación del Palacio de Justicia, consistió en una audiencia de revisión pedida por el querellante Aristides Gómez, luego de que el 21 de febrero pasado la procuradora de la Nación, Ana Belfon, archivara provisionalmente el caso.

Gómez, que era consejero económico de la Embajada de Panamá en Uruguay, acusó a Donado porque esta le ordenó despojarse de su inmunidad diplomática para hacer espionaje en la ciudad de Riberas, en la frontera uruguayo-brasileña, y determinar si había panameños implicados en actividades de contrabando.

En la audiencia, Gómez dijo que Donado le pidió que no se identificara al hacer la misión, que calificó como “peligrosa”, y que además lo amenazó con “tener problemas” si no cumplía la orden.

Agregó que fue a Riberas del 2 al 5 de agosto de 2012, pero rindió un informe en el que dejó claro que aquellas no eran sus funciones, pues implicaban inmiscuirse en asuntos de Uruguay.

El 3 de diciembre de 2012, el cargo de Gómez fue declarado insubsistente y, por ende, fue despedido.

En enero pasado, Gómez interpuso la querella y el 21 de febrero la procuradora, Ana Belfon, ordenó el archivo provisional del caso.

A causa de esa decisión, Gómez y su abogado Julio Berríos pidieron la audiencia de revisión, que se efectuó ayer.

Este proceso rige bajo el sistema penal acusatorio, porque el cargo de Donado tiene mando y jurisdicción nacional.

Berríos alegó que la Convención de Viena de 1961, que rige las relaciones internacionales, indica que ningún Estado puede investigar un delito en un país extranjero. “Se está protegiendo a una funcionaria incompetente”, dijo, al tiempo que pidió que se revocara el archivo provisional y se continuara la investigación.

Por su parte, Belfon argumentó que nunca se habló de espionaje, pues lo que se le pidió a Gómez fue que hiciera una inspección para determinar si había empresas panameñas en la frontera y qué actividades realizaban. “No puede decirse que hubo espionaje, porque corresponde a intereses de nuestra nación”, indicó.

Ayú Prado, que ejerció como juez de garantías, decidió al final de la audiencia mantener el archivo provisional del caso, señalando que no encontró “asidero a la solicitud de revisión de la querella”, y que no observó abuso de autoridad de Donado por haber ordenado una inspección.

Berríos anunció la apelación, pero Ayú Prado se la rechazó, porque el Código Procesal Penal lo impide. En vista de ello, Berríos dijo que presentará un amparo de garantías.

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