Ayú Prado pide $30 millones

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Ayú Prado se quejó del presupuesto aprobado para 2016: $137.2 millones. Ayú Prado se quejó del presupuesto aprobado para 2016: $137.2 millones.
Ayú Prado se quejó del presupuesto aprobado para 2016: $137.2 millones. Archivo

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un “crédito suplementario” de $30 millones para implementar la carrera judicial y el sistema penal acusatorio en el Primer Distrito Judicial, que incluye a la capital.

En una carta, Ayú Prado le explica al jefe de la cartera del MEF, Dulcidio De La Guardia, que $10 millones son para la puesta en marcha de la carrera judicial, y los otros $20 millones para implementar el sistema penal acusatorio.

De La Guardia respondió que “la solicitud debe ser analizada y se debe contar con la fuente de ingresos para que sea viable”. Manifestó también que los créditos adicionales pueden ser tramitados en la Asamblea Nacional, a partir del próximo 15 de febrero.

Sistema de justicia se queda sin fondos

El futuro de la carrera judicial y del sistema penal acusatorio depende ahora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Órgano Judicial no cuenta con el presupuesto suficiente para llevar a cabo estos dos programas, y así lo ha hecho saber el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, en distintos escenarios. En la Asamblea Nacional, reuniones con el Ejecutivo, encuentros con la sociedad civil, y en conferencias de prensa, entre otros.

Y el pasado jueves 7 de enero, Ayú Prado le mandó una carta al titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, en la que le solicita un crédito suplementario por $30 millones para hacerle frente a las dos iniciativas.

Solicita $10 millones para implementar la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, que regula la carrera judicial, y otros $20 millones para el sistema penal acusatorio, que a partir del 2 de septiembre próximo entrará en vigencia en el Primer Distrito Judicial, que incluye las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste, el distrito de San Miguelito y las comarcas indígenas.

La nota destaca que los proyectos son parte del plan estratégico del Gobierno de Panamá 2015-2019, en el tema de gobierno y desarrollo “hacia una gestión moderna del sector público de Panamá, en el área de justicia y seguridad”.

REACCIONES

El hecho de que estas dos iniciativas clave para la justicia del país no tengan fondos ha generado el rechazo de distintos sectores de la sociedad civil.

Por ejemplo, la exprocuradora y actual diputada independiente Ana Matilde Gómez manifestó que si no se consigue el dinero, ambos objetivos se convertirían en “una vana ilusión”.

“Enhorabuena que los magistrados estén peleando por ese dinero, porque el presupuesto que ellos aprobaron fue con cero recursos para la implementación de la carrera judicial y para el sistema penal acusatorio”, resaltó.

“Decir que uno quiere fortalecer el sistema de administración de justicia de su país y no darle el dinero para hacer lo que se debe hacer, va en contrasentido”. Agregó que si en esto tiene que ver la Asamblea Nacional, ella sabe que los miembros de la comisión de Presupuesto entienden el tema, “porque ese debate se dio cuando se aprobó la ley”.

Mientras que el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, sostuvo incluso que ese dinero no será suficiente para el desarrollo de la carrera judicial y la implementación del sistema penal acusatorio. “Hay 60 o más tribunales creados por ley desde hace más de 10 años que no han podido entrar en función por falta de recursos. El Órgano Ejecutivo, de una vez por todas, debe entregarle al Órgano Judicial los fondos necesarios porque si no, nunca vamos a tener en este país la justicia que quieren los panameños”, precisó.

Igualmente, planteó que a los magistrados de la Corte hay que nombrarles más asistentes para descongestionar el sistema, y hay que nombrar más jueces y más fiscales, y eso solo se logra dotando de recursos al Órgano Judicial y al Ministerio Público.

RESPUESTA DEL MEF

Consultado sobre el tema, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, contestó: “los créditos adicionales pueden ser tramitados en la Asamblea a partir del 15 de febrero”. “Una vez recibida la solicitud debe ser analizada y debe contar con la fuente de ingresos para que sea viable”.

(Con información de Yolanda Sandoval).

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