PROYECTO VIAL

Banfield pide a CSJ hacer valer fallo sobre vía Omar Torrijos

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La alcaldesa encargada del distrito de Panamá, a su llegada a la Corte. Ricardo Iturriaga La alcaldesa encargada del distrito de Panamá, a su llegada a la Corte. Ricardo Iturriaga
La alcaldesa encargada del distrito de Panamá, a su llegada a la Corte. Ricardo Iturriaga

La alcaldesa encargada del distrito de Panamá, Raisa Banfield, acudió ayer a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitarle que “haga valer” el fallo que suspendió provisionalmente la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA), categoría II, aprobado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente) para el proyecto de ampliación de la avenida Omar Torrijos, en Ancón.

A su salida de la Corte, Banfield dijo que fue a poner en autos a la Sala Tercera “que no se ha acatado el fallo”, que los trabajos continúan. Añadió que como existe una demanda, le corresponde presentar una acción de desacato en contra del funcionario que incumple el fallo.

Informó que la Alcaldía giró correspondencia a los ministros de Obras Públicas y de Ambiente para solicitarles una cita, y no han recibido respuesta, por lo que seguirán con las acciones legales.

El proyecto que adelanta el Ministerio de Obras Públicas (MOP) -mediante el consorcio Astaldi-MCM, integrado por las constructoras Astaldi, S.A. y MCM Global, S.A.- tiene un costo de $89.1 millones.

El conflicto con la obra que amplía a cuatro carriles la carretera Omar Torrijos-Corozal-Red Tank surgió porque impactó 13 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces, creado por la Ley 30 de diciembre de 1992 para conservar la zona boscosa y caminos de piedra que datan de la época colonial. Los daños fueron advertidos en el EIA categoría II aprobado, en el que se señala “que el cambio de uso de suelo será permanente, debido al reemplazo de áreas boscosas por superficies pavimentadas . De igual modo, el paso de la carretera afectará algunos sectores del Parque Camino de Cruces”.

Donaldo Sousa, abogado de la Asociación de Comunidades de Áreas del Canal, apoya la acción de la Alcaldía, pero aduce que esta debió suspender la obra desde un principio , ya que no tenía permisos de construcción ni planos aprobados.

Aclaró que no se oponen a la carretera, que solo buscan que se cumplan las normas de ordenamiento territorial y ambiental.

Miambiente aprobó en mayo de 2018 el EIA, y en junio comenzó el proyecto.

Las autoridades del MOP y Miambiente sostienen que en el proyecto existen medidas de mitigación, y que cada 15 días se inspeccionan los trabajos.

(Con información de Olmedo Rodríguez).

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