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Fernando Berguido: ‘Recuperamos el patrimonio abusado’

Próximo a dejar su cargo, el actual embajador de Panamá en Italia reflexiona sobre la negociación con Finmeccanica, las oportunidades de estudios en Roma para músicos panameños y su regreso al país.

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Embajador Fernando Berguido Embajador Fernando Berguido
Embajador Fernando Berguido Cortesía

La llegada de Fernando Berguido a la Embajada de Panamá en Italia no fue casual. Los casos de corrupción internacional, que salpicaban al expresidente Ricardo Martinelli, no solo habían deteriorado las relaciones diplomáticas entre los dos países, sino que habían hipotecado al Estado panameño con un sistema de seguridad millonario, pero no funcional.

El reto estaba servido: representar al país en los procesos judiciales y solucionar los conflictos comerciales con Finmeccanica.

Berguido recibe a La Prensa un mes antes de hacer las maletas y regresar a Panamá con el buen sabor de boca que deja el trabajo bien hecho. “Hemos recuperado el patrimonio, a pesar de que por la vía judicial se perdió -de manera premeditada- la oportunidad de participar”, señala.

Embajador Berguido, ¿está satisfecho con el resultado de su trabajo?

Sí, porque se logró una recuperación patrimonial importante. Yo acepté el cargo como embajador con la condición de que el objetivo de esta misión diplomática era resolver y recuperar un patrimonio abusado y perdido. Fueron unas negociaciones muy difíciles, pero al final se logró algo sin precedentes tanto en Italia como en Panamá.

Fueron casi dos años de duras negociaciones con Finmeccanica, ¿qué es lo que siempre tuvo claro que no iba a ceder?

Había tres cosas no negociables que pusimos sobre la mesa desde la primera reunión.

Primero, el reconocimiento de que hubo un sobreprecio en la contratación y que debía ser devuelto al país. Después, la resolución del problema técnico de los radares. Al principio, Finmeccanica hizo propuestas para mejorar este sistema, pero la posición de Panamá era clara: los radares no funcionaban para nuestras necesidades. Lo tercero era que quedara muy claro que cualquier solución comercial no afectaría a los procesos penales en curso.

Al contrario, se obligó a la empresa italiana a cooperar directamente con las autoridades judiciales. Estos tres puntos eran fundamentales para llegar a un acuerdo. El resto de elementos como los tiempos o la forma de ejecución eran negociables.

¿Cree que hubiera sido posible este acuerdo con la anterior dirección de Finmeccanica?

Lo dudo mucho. Afortunadamente coincidió el cambio de gobierno en Panamá con el cambio de administración en la cúpula empresarial del conglomerado Finmeccanica. De hecho, usted misma estuvo en una conferencia ante la prensa extranjera en la que el director general de Finmeccanica, Mauro Moretti, reconoció que la empresa había cometido muchos errores en el pasado y que su nuevo plan de gobierno se había basado en códigos de ética y cambios en la dirección. Uno de esos cambios fue el reconocimiento del caso de Panamá que cerró un capítulo gris y les abrió una nueva etapa de hacer negocios decentemente y con responsabilidad en el exterior.

¿Cómo se interpreta la llegada del helicóptero ambulancia a Panamá?

Además del valor material, para mí tiene un valor simbólico muy importante. Cuando las personas vean ese aparato volando, deben recordar que hay grabaciones en los tribunales en las que se evidencia que la familia presidencial anterior solicitó un helicóptero con acabados en piel de Hermès. O sea, en vez de terminar los bienes en manos de particulares, el helicóptero va a servir a Panamá para salvar vidas. Ese es el costo de la corrupción. El helicóptero ambulancia es la recuperación, pero la corrupción cuesta en todos los rubros donde contrata el Estado.

¿Qué falta por implementar del acuerdo con Finmeccanica?

Todavía tenemos que hacer efectivo el crédito por 29 millones de euros. Estamos cerrando un contrato con AgustaWestland por otros dos helicópteros adicionales. Ya fuimos liberados del pago de casi 60 millones de dólares, tras la anulación del contrato asumido con Selex de los radares. Falta el retiro físico de estas piezas, cuyo costo es asumido por Finmeccanica. Por último, falta también la instalación final del mapa digital.

En febrero Lavítola y Pozzessere se sentarán en el banquillo de los acusados por corrupción internacional en Panamá. ¿Qué les diría a aquellos que un día tildaron las investigaciones en Italia como “una mala novela”?

La documentación que existe es nítida. Tras haber visto las pruebas judiciales, la secuencia de mentiras que esparcieron por todos lados (empezando por el valor real de las lanchas patrulleras o la negación de las evidencias, así como la forma irresponsable de contratación de un equipo de radares por valor de 125 millones de dólares sin ningún estudio previo ni sustento técnico) para mí hay responsabilidades tanto de los funcionarios panameños como de los italianos. Pero de ahí a que estos responsables rindan cuentas ante la justicia tanto en Panamá como en Italia (con todos los recursos, la dilatación de los tiempos forzada por las defensas, con todos los tecnicismos, con las prescripciones) hay un trecho. Esa es mi esperanza, que se haga justicia, pero no hay nada garantizado.

Todos los documentos judiciales relacionados con el caso Lavítola fueron remitidos a Panamá, ¿a qué puntos están las investigaciones?

Los documentos relativos a las condenas de Lavítola, en los que claramente se expresa la responsabilidad también del expresidente panameño, fueron enviados a la Corte Suprema de Justicia por los canales diplomáticos usuales. Pero desconozco qué suerte ha tenido esto. El resto de la documentación, unos 16 mil informes, fue enviada al Ministerio Público y me imagino que serán utilizados por los fiscales en los procesos abiertos en Panamá por peculado.

¿Cómo han evolucionado las relaciones de Panamá con las autoridades judiciales italianas?

Lo primero que hice cuando llegué a Italia fue transmitirle al Ministerio Público italiano la disposición genuina de cooperación y de intercambio de información entre ambos sistemas judiciales. Se logró el intercambio de rogatorias y nos ganamos la confianza de los fiscales. Todo ello, a pesar de que Panamá perdió la oportunidad -de una manera premeditada y desleal- de constituirse como parte civil en los procesos judiciales.

¿Cómo afectó que Panamá no fuera parte civil en los juicios?

Quedamos excluidos del proceso por corrupción en Finmeccanica. Es decir, aunque hubiera una condena en Italia, Panamá perdió la oportunidad de reclamar una indemnización o de presentar una denuncia contra Finmeccanica. De otro lado, si en Panamá, en el mejor de los casos, se hubieran anulado los contratos por desviación de poder, esa sentencia tampoco hubiera asegurado que la empresa italiana fuera a devolver nada, esa decisión aún había que ejecutarla en Italia. En otra hipótesis, nos veíamos abocados a un juicio en arbitraje internacional cuyo costo hubiera sido millonario para el Estado de Panamá y que, además, se hubiera demorado varios años. Todas las opciones eran una maraña jurídica en la que Panamá salía perdiendo.

Hemos logrado un acuerdo comercial, en el que el Estado ahorró unos 111 millones de dólares (esta cifra suma lo que se ahorró Panamá por dejar de pagar, lo que recuperó por crédito, la devolución del sobreprecio y lo que se ahorró el Estado en procesos judiciales y de arbitraje internacional) pero los procesos penales continúan. Conseguimos recuperar el patrimonio abusado, a pesar de que por la vía judicial se perdió la oportunidad de participar.

Además, los contratos originales eran perjudiciales para Panamá…

Así es. En la parte contractual, Panamá tenía una posición muy frágil. Los contratos favorecían casi en todo al conglomerado italiano… De ahí mi pregunta siempre: ¿Quién negoció a nombre de la República de Panamá esos contratos tan desventajosos para el país?

Sabemos quién los firmó. Fue el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino. Lo que deja perplejo es la relativa facilidad con la que firmó esos contratos ¿Fallaron los controles democráticos?

Obviamente, fallaron muchos controles. Incluso el control ciudadano. Esos contratos, referidos a la compra de radares y helicópteros, fueron firmados en agosto, y en Panamá no se supo nada hasta el 7 de octubre. Fue en esa fecha cuando salió la primera noticia publicada en La Prensa, pero solo porque Finmeccanica había publicado en su página en Roma la venta hecha a Panamá.

De ahí que el periodista Rafael Berrocal publicara la noticia casi tres meses después. En ese momento, se empezó a discutir sobre los helicópteros, porque no se sabía del resto del paquete.

Lo peor fue la compra del sistema de radares. Ana Belfon, que entonces era la jefa jurídica de la Presidencia, alegó que no se podía informar de eso porque era materia de seguridad nacional. Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública, Alejandro Garuz, dijo que “no se podía dar información al enemigo”.

Lavítola acumula cinco condenas penales, por corrupción política, corrupción internacional, extorsión, fraude… Dos de ellas, además, por casos relacionados con Panamá. ¿Cómo valora el hecho de que Rodrigo Sarasqueta, antiguo jefe de Seguridad del gobierno de Martinelli y -según se ha definido él mismo- próximo candidato de Cambio Democrático a las elecciones presidenciales, presuma de que alguien con el currículum judicial tan manchado sea su asesor político?

La verdad es un tema que ni me interesa, ni me quiero meter. Me parece irrelevante.

Lavítola ha mostrado interés en entrar al país para incluso limpiar su imagen. ¿Cómo cree que debería gestionar esta posibilidad el Gobierno de Panamá?

Creo que las autoridades judiciales tendrán mucho que preguntarle.

Hemos hablado antes de paso de la contratación por parte del anterior Gobierno de Panamá del histórico abogado de Silvio Berlusconi, Francisco Coppi, para defender los intereses de Panamá en los procesos que se seguían en Italia.

Eso es otro de los tantos absurdos y mentiras con las que tropezamos al venir a esta misión diplomática. Panamá, que había contratado los servicios de un abogado penalista para defender los intereses de la República de Panamá, ese abogado terminó convertido en el abogado personal del expresidente Martinelli, vigilando su defensa. De manera que el país quedó huérfano de tutela y representación en el proceso judicial que le hubiera permitido reclamar a Finmeccanica por los daños sufridos. Para mí hay una responsabilidad enorme, no solo por haber dejado desamparada a la República de Panamá, sino también por la deslealtad que ello supuso.

Además, había un gran conflicto de interés detrás…

Sí, de hecho, cuando reclamé como embajador de Panamá al abogado Coppi sobre su actuación en el juicio, su respuesta fue que las instrucciones que se le habían dado posteriormente fueron defender la posición individual de Ricardo Martinelli, no la de Panamá.

Dos años y dos meses después de llegar a Italia regresa a Panamá en el mes de enero…

Sí, ya lo comuniqué al presidente y la canciller. Cuando acepté este cargo les dije que iba por un año ya que, pensaba entonces, esto se resolvía rápido. Me equivoqué, tomó dos años.

¿Cuáles son sus planes?

Regreso a mi vida privada… quizás escriba un libro.

¿Ha pensado en regresar a La Prensa?

No, no debo.

¿Qué es lo que se lleva en su maleta?

Lo más importante es haber solucionado los problemas con Finmeccanica, dando espacio a normalizar las relaciones entre Panamá e Italia en un nivel de trasparencia y de respeto al derecho.

Paralelamente, el convenio para que músicos panameños puedan formarse en el Conservatorio de Santa Cecilia de Roma, también es una gran satisfacción.

Ver a esos siete becarios talentosísimos estudiar en Roma y transformarse es un orgullo. Tres más vendrán el próximo año.

Además, lograr que varios artistas contemporáneos pudieran exhibir sus obras en una exposición en el corazón de Roma, en Plaza Navona, también es una satisfacción.

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