ANÁLISIS

Bienvenidos a las islas de las fantasías legales

El fallo de la Sala Tercera, que declaró ilegal la resolución que transfirió las islas de Punta Pacífica, genera enormes incertidumbres.

‘No se pueden ver afectados más de 4,000 compradores’

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Las islas ya fueron desarrolladas y comercializadas. Archivo Las islas ya fueron desarrolladas y comercializadas. Archivo
Las islas ya fueron desarrolladas y comercializadas. Archivo

El contrato de concesión administrativa suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y la constructora mexicana ICA, en 1996, para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del Corredor Sur le otorgaba como compensación a esa empresa las tierras del aeropuerto de Paitilla y el derecho a rellenarlas, junto con la construcción de islas artificiales que la constructora podía vender. Ese es el origen del conflicto legal de las islas de Punta Pacífica.

En 2011, la constructora ICA le traspasó su derecho sobre la construcción de las islas a la empresa Compañía Insular Americana S.A.

El 15 de enero de 2013, el Consejo de Gabinete, por medio de la resolución 5 de ese año, transformó 10 hectáreas de lecho marino de la categoría de bien de dominio público en un bien patrimonial. Ordenó su inscripción en el Registro Público y la traspasó a la compañía Insular Americana.

Seis años después, el 15 de julio de 2019, la Sala Tercera de la Corte Suprema de justicia declaró ilegal la resolución 5 de 2013. Los tres magistrados de la sala consideraron de forma unánime que había una violación directa al Código Civil y al Código Fiscal.

En el fallo, los magistrados citan el artículo 258 de la Constitución, que establece que los bienes públicos del Estado “no pueden ser objeto de apropiación privada”.

¿Qué efecto real tiene esta decisión de la Corte? A primera vista, se defienden los bienes de todos los panameños. Sin embargo, se genera una dramática situación de inseguridad jurídica y de impunidad simultáneamente.

Por un lado, se confirma que los contratos con el Estado panameño no son fiables. Esto ya pasó con el contrato ley de Minera Panamá, que fue declarado inconstitucional después de nueve años, y la explotación minera sigue en un limbo jurídico.

En el caso de las islas, ya están construidas y tienen inversionistas que han comprado lotes en estas. Estos compradores son actores de buena fe que no merecen la incertidumbre que se les presenta.

Aunque el gobierno panameño no ejecute su derecho de recuperar el patrimonio estatal, la mera existencia del fallo de la Corte tiene serios efectos jurídicos. Las distintas autoridades del Estado recibirán copia de la decisión y el mandato judicial que esta implica. ¿Qué hará la Autoridad Nacional de Administración de Tierras; la Autoridad Marítima de Panamá; el Registro Público? Sus decisiones afectarán a los dueños de buena fe.

La controversia de las islas recuerda que la defensa y protección de los bienes públicos está hecha trizas. En Panamá, tenemos que hoteles, condominios y villas de playa se han quedado con las costas, las han rellenado o se han aprovechado del Casco Antiguo. A pesar de fallos judiciales en su contra, nada ha pasado.

Es dramático conocer el caso de una inversionista extranjera que compró un apartamento en El Cangrejo y que lleva años litigando contra el abuso de sus vecinos, que transformaron su penthouse en un hotelito. Pasó el periodo del alcalde Blandón e igual tiempo del representante Domínguez de Bella Vista, y no ha habido demolición de lo ordenado por los tribunales.

El gobierno Cortizo puede cambiar esta historia, o confirmar el final feliz de los cuentos de hadas jurídicos.

‘No se pueden ver afectados más de 4,000 compradores’

En un comunicado remitido a la Bolsa de Valores de Panamá, la Compañía Insular Americana dijo que la sentencia de la Sala Tercera no tiene carácter retroactivo, por lo que no afectaría a la empresa.

La empresa señaló que el desarrollo de Punta Pacífica se originó mediante un contrato ley firmado por ICA Panamá y el Estado panameño y en ese desarrollo se han construido más de 40 edificaciones, incluyendo el proyecto de  Ocean Reef Islands. 

La empresa defiende que “los más de 4,000 compradores de buena fe no pueden ser afectados por la nulidad de un título de propiedad que en el Registro Público aparece legítimo”.

Además, apunta que una emisión pública de bonos corporativos que la empresa tiene en el mercado de valores se relaciona a la isla número 2 y el
fallo de la Sala Tercera se relaciona con la isla número 1.

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