ESPACIO PÚBLICO

Alcalde Blandón reclama la cinta costera

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El área pública tiene una extensión de 7 kilómetros. El área pública tiene una extensión de 7 kilómetros.
El área pública tiene una extensión de 7 kilómetros. Jazmín Saldaña

El alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón, se mostró en desacuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 281 del 15 de diciembre de 2017, mediante el cual se fijan las normas de uso y mantenimiento de la cinta costera.

En la norma se establece que la administración de ese espacio es del Ministerio de Obras Públicas, una atribución que Blandón viene reclamando como responsabilidad de su despacho.

El Ejecutivo se comprometió a hacer ajustes a la norma, pero solo respecto al punto que se refiere a las manifestaciones en la cinta costera.

PROHIBICIONES EN LA CINTA COSTERA GENERAN POLÉMICA

La cinta costera tiene desde esta semana un reglamento de uso que incluye 36 prohibiciones, algunas de las cuales implican actividades cuya realización requiere solicitar permiso a los administradores de este espacio público.

Así quedó establecido en el Decreto Ejecutivo No. 281 del 15 de diciembre de 2017, que dicta el uso y mantenimiento de la cinta costera.

El documento, publicado en la Gaceta Oficial el pasado miércoles 17 de enero, generó de inmediato opiniones en contra y a favor.

La polémica se concentró en el literal “T” del artículo 33, en el cual se fijan las acciones que están restringidas a los que acudan a esa área.

El literal “T” señala que está prohibido: “convocar y realizar manifestaciones de cualquier tipo, dar discursos o sermones públicos sin autorización de la administración de la cinta costera”.

Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia, salió al paso de las críticas y señaló que se trató de un “error”, que quienes deseen realizar cualquier tipo de manifestación en esta área verde lo podrán hacer. “Lamentablemente hubo un error y se dijo que se requería autorización, cuando en realidad lo que está prohibido es hacer una manifestación sin aviso previo”, aclaró Alemán.

Añadió que a más tardar hoy, viernes, se haría la modificación.

Posteriormente, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) envió un comunicado en el que señaló que el espíritu del literal “T” del artículo 33 del decreto es dar cumplimiento al requerimiento constitucional del “aviso previo a la autoridad administrativa local”, con anticipación de 24 horas.

Además, informó que “en ningún momento se ha tenido la intención de violentar el derecho que tienen todos los ciudadanos de protestar o manifestarse públicamente”.

El documento muestra con cuánto tiempo de antelación se debe solicitar permiso para realizar una actividad en el espacio público. Expandir Imagen
El documento muestra con cuánto tiempo de antelación se debe solicitar permiso para realizar una actividad en el espacio público. LA PRENSA

OTRAS PROHIBICIONES

Para las personas que hayan recibido permiso para realizar actividades económicas, el Decreto Ejecutivo No. 281 ha definido 20 prohibiciones, entre ellas, vender cigarrillos y bebidas alcohólicas, así como la venta de alimentos que requieran cocción en fogones, planchas, estufas a gas o barbacoas.

Tampoco se podrán efectuar en esta zona actividades de alquiler de bicicletas, patines, patinetas o cualquier vehículo a motor, así como tampoco colocar tendidos eléctricos, toldas, letreros, paraguas o cualquier artículo que obstaculice el paso de los peatones.

El horario para efectuar actividades económicas también fue fijado: de lunes a miércoles, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., y de jueves a domingo, hasta las 10:00 p.m.

El decreto indica que quienes incumplan con estas normas enfrentarán sanciones que oscilan entre los $20 y los $100, hasta la cancelación definitiva del permiso para ejercer actividades económicas en la cinta costera.

El público que acude a hacer uso de las facilidades también tiene prohibiciones: consumir bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas, pararse en el muro en el área de la escollera (donde rompen las olas), pisar el área verde o hacer camping.

Tampoco está permitido hacer grafitis, rayar o pintar las bancas, ejercer la buhonería o venta ambulante, utilizar lenguaje ofensivo, alimentar animales de cualquier tipo o permitir que las mascotas se mantengan en soltura, así como repartir volantes y colocar propaganda de cualquier índole sin autorización.

De acuerdo con la norma, los miembros del Servicio de Protección Institucional serán los responsables de velar por el adecuado uso de este espacio público y de hacer cumplir todos las reglas establecidas.

Las personas que incumplan con las prohibiciones deberán hacerse responsable de los daños e, incluso, se exponen a ser objeto de acciones legales.

El MOP expresó que es la primera vez que se establece una regulación para organizar el uso, mantenimiento y aprovechamiento de la cinta costera, desde su creación en 2009.

El objetivo, destacó la entidad que administra la cinta costera, es preservar el patrimonio público y garantizar que su utilización beneficie a la mayor cantidad posible de personas.

BLANDÓN RECLAMA

El nuevo decreto no solo generó incomodidad por las diferentes restricciones, sino también porque mediante el documento se ratifica que la gestión de este espacio público, que abarca siete kilómetros, permanecerá bajo el paraguas del MOP.

La decisión fue cuestionada por el alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón.

Blandón ha insistido, desde antes de ejercer como alcalde en 2014, que espacios como la cinta costera, el Parque Recreativo y Cultural Omar, así como la calzada de Amador son responsabilidades de la Alcaldía de Panamá.

En el contexto del nuevo reglamento de la cinta costera, el alcalde de la ciudad capital expresó: “Como alcalde, creo importante aclarar que la autoridad administrativa local de la que habla la Constitución es la alcaldía, no el MOP”.

Añadió que estará a la expectativa ante la modificación que debe hacerse al decreto para ajustarlo a la carta magna y respetar el derecho a manifestación.

APOYAN SOLICITUD

La posición de Blandón fue respaldada por oenegés, urbanistas y exministros del MOP, quienes estiman que la decisión del Ejecutivo está equivocada.

María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana, reiteró que las áreas verdes no deben ser administradas por los ministerios, y tampoco de manera unilateral por la alcaldía.

A su juicio, lo correcto es que estos espacios públicos sean administrados mediante patronatos, los cuales deben estar integrados por representantes del gobierno local, el sector privado y miembros de las comunidades aledañas a la obra.

Chávez estimó que el MOP debe ocuparse de atender y dar prioridad a los proyectos viales, así como al mantenimiento de las vías públicas y la planeación de estrategias nacionales de movilización, en lugar de atender el mantenimiento de los espacios que son responsabilidad de los gobiernos locales.

El urbanista Álvaro Uribe manifestó que el manejo de estos espacios públicos forma parte del proceso de descentralización que llevan adelante los municipios.

“Todo el proceso de traslado de competencias y responsabilidades es bienvenido, y desde esa perspectiva el manejo del espacio público tiene que ser municipal, deshaciéndonos de la estructura provinciana en donde el Ejecutivo parte el país en parcelas. Eso ya no funciona en una metrópolis”, enfatizó.

De acuerdo con el urbanista, es bueno que la Alcaldía de Panamá vaya adquiriendo más responsabilidades y dejando de ser solo un espectador de los procesos de transformación de la ciudad capital.

Uribe concluyó que es positivo que se fijen normas para cuidar todo el espacio público, no obstante, advirtió, la alcaldía debe ser la regente.

Prohibiciones en la cinta costera generan polémica Expandir Imagen
Prohibiciones en la cinta costera generan polémica

LA ANARQUÍA

Frente a lo planteado, el exministro del MOP y actual diputado por el oficialista Partido Panameñista José Antonio Domínguez alegó que la cinta costera está a la deriva.

Considera que desde el primer día del actual gobierno la administración de este espacio debió haber pasado a manos de la alcaldía y así evitar que cayera en un “limbo” que ha generado una serie de irregularidades que llevan al desorden, la insalubridad e, incluso, al deterioro de las áreas.

Y es que en reiteradas ocasiones urbanistas, comerciantes, autoridades, así como panameños y extranjeros que visitan esta zona han denunciado la anarquía que reina en el sitio.

A lo largo de la cinta costera se han contado no menos de 150 vendedores que ofrecen souvenirs, alquiler de bicicletas y patines, confección de caricaturas y la colocación de tatuajes temporales.

Además, a diario se encuentran allí máquinas para hacer palomitas y algodón de azúcar, parrillas para asar chorizos y arepas, carritos para la venta de paletas, helados y el popular raspao, además de licuadoras para la venta de batidos y jugos naturales, así como hieleras para el comercio de agua y soda, entre otros productos.

Una constante es que muchos de estos vendedores de alimentos no portan el carné de salud a la vista y tampoco tienen sus zonas de venta bien limpias.

Los visitantes han denunciado también la falta de baños públicos, toda vez que los gazebos en donde están ubicados nunca han sido habilitados. La poca vigilancia se suma a los problemas, lo que ha llevado a que se vuelva común ver personas fumando y haciendo uso de los arbustos como si fueran orinales públicos.

Domínguez prevé que de insistirse en que el MOP siga como administrador de la cinta costera, cuando finalmente pase a manos de la alcaldía costará mucho dinero devolverle las condiciones óptimas.

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