VENEZUELA

Julio Borges: ‘Esto es una dictadura’

A través de una nueva sentencia, el Tribunal Supremo se arroga las facultades del Legislativo, las cuales serán ejercidas por la Sala Constitucional.

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Al desconocer la decisión del TSJ, Julio Borges le recordó al gobierno que los diputados opositores fueron elegidos por 14 millones de venezolanos y que los magistrados fueron designados por ellos para violar la ‘Constitución’. Al desconocer la decisión del TSJ, Julio Borges le recordó al gobierno que los diputados opositores fueron elegidos por 14 millones de venezolanos y que los magistrados fueron designados por ellos para violar la ‘Constitución’.
Al desconocer la decisión del TSJ, Julio Borges le recordó al gobierno que los diputados opositores fueron elegidos por 14 millones de venezolanos y que los magistrados fueron designados por ellos para violar la ‘Constitución’.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela asumió desde ayer las competencias de la Asamblea Nacional, en un acto que el presidente del Legislativo, Julio Borges, atribuyó a un golpe de Estado y por el cual el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró urgente la convocatoria a una sesión del Consejo Permanente del organismo, en el marco de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

“Esto no tiene otro nombre que golpe de Estado y dictadura”, dijo ayer Borges.

Frente a la sede del Parlamento, en rueda de prensa, Borges rompió la sentencia emitida la noche del miércoles y reiteró que en Venezuela no hay democracia. “Los 112 diputados quieren dejar claro que este Parlamento se rebela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional (...)”.

Borges, quien anunció acciones de calle desde mañana, indicó que el fallo solo viene a corroborar que lo que está pidiendo la OEA a través de la Carta Democrática Interamericana se justifica plenamente: la intervención del pueblo venezolano a través del voto en elecciones.

También hizo un llamado a las fuerzas armadas, a las que advirtió que no pueden seguir silentes ante la ruptura de la Constitución.

LAS SENTENCIAS

La decisión del TSJ de arrogarse las facultades de la Asamblea está consignada en una sentencia que resuelve una solicitud de interpretación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El fallo advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea, la Sala Constitucional “garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de derecho”.

El fallo declara que no existe impedimento para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, algo que Borges aseguró ayer que solo busca evitar la función de control que compete a la Asamblea. De hecho, según el dictamen, el Ejecutivo solo “deberá informar” a la Sala Constitucional de “todas las circunstancias” relativas a la constitución y condiciones previstas.

La sentencia fue emitida un día después de que el propio TSJ divulgó otro fallo –155 de 27 de este mes– que declaró la nulidad, por inconstitucionalidad, de un acuerdo emitido por la Asamblea sobre la “reactivación del proceso de aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela...”, al tiempo que decretó una serie de “medidas cautelares” que le dieron al presidente Nicolás Maduro poderes para ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes para salvaguardar el orden constitucional y garantizar la gobernabilidad, y para que tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales necesarias a fin de evitar un “estado de conmoción”.

El fallo también desconoce la inmunidad parlamentaria contemplada en la Constitución, al señalar que “solo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales”, en referencia al supuesto “desacato y omisión legislativa continuada” en que según el gobierno está la Asamblea por la incorporación de los diputados del estado Amazonas, cuya juramentación fue suspendida por el Consejo Nacional Electoral y ratificada por el TSJ, luego de que el partido oficialista denunciara que hubo fraude en los comicios del 6 de diciembre de 2015.

Estas dos sentencias son las más recientes del TSJ para bloquear la labor de la mayoría opositora que resultó elegida en las legislativas de 2015. En total, desde diciembre de 2015 y hasta el 13 de diciembre de 2016, el TSJ emitió 40 sentencias para bloquear la Asamblea, según un informe emitido por la entidad al término de su período ordinario.

Para Allan Brewer-Carías, profesor de la Universidad Central de Venezuela, con la sentencia 155 “llega a su fin la saga por la consolidación de la dictadura judicial a cuya concepción la Sala Constitucional le dedicó todos sus esfuerzos desde enero de 2016”.

En un documento de 15 páginas, Brewer-Carías desestima los alegatos del TSJ en la sentencia 155 y califica todas las que ha emitido como arbitrarias; asegura que no respetan las formas procesales constitucionales ni legales y violan todos los principios más elementales del derecho y del proceso.

REACCIONES

La acción del TSJ generó la reacción inmediata de gobiernos del mundo. Uno de los primeros fue Perú, que a través de un comunicado condenó la decisión de la justicia de “atribuirse competencias parlamentarias”.

La decisión, dijo, es un “flagrante quebrantamiento del orden democrático (...). La separación, independencia y respeto recíproco de los poderes públicos es un elemento esencial de la democracia representativa, que todos los miembros de la OEA están obligados a respetar”.

El comunicado, posteado en la cuenta de Twitter del presidente Pedro Pablo Kuczynski, indica que frente a la gravedad de los hechos su país retira a su embajador en Venezuela de forma definitiva e inicia consultas con los Estados miembros de la OEA de cara a la adopción de medidas que correspondan con la “evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela”.

En reacción, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, escribió en Twitter: “Rechazamos apoyo grosero del Gobierno peruano a los sectores violentos y extremistas de Venezuela. No rectifican a pesar de derrota en la OEA”.

También se pronunció el Gobierno de México. A través de un comunicado colgado en el sitio web de la Cancillería, expresó su preocupación por “el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del poder legislativo, así como la decisión de limitar las facultades de dicha Asamblea y restringir la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular, lo que atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes”.

Asimismo, reiteró su llamado “a que mediante el diálogo se avance en la pronta identificación de soluciones concretas, con apego a las disposiciones de la Constitución de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de derecho y a las instituciones democráticas”.

En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo, a través de un comunicado, que la decisión del TSJ socava las instituciones democráticas y condenó la “usurpación” de los poderes de una Asamblea elegida democráticamente. Asimismo, pidió al gobierno de Maduro que permita a la Asamblea ejercer sus funciones, celebrar elecciones y liberar a los presos políticos.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo que decidieron “llamar a informar” a su embajador en Venezuela sobre el “agravamiento [de la] situación en ese país”.

A su vez, la presidenta de la nación sudamericana, Michelle Bachelet, escribió en un tuit: “La situación en Venezuela es muy preocupante. En América Latina, debemos defender la convivencia democrática en nuestras sociedades”.

Brasil “repudió” la sentencia, por ser una “clara ruptura del orden constitucional”. En tanto, los gobiernos de Panamá y Colombia expresaron su preocupación por la decisión del TSJ.

“Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas”, dice la nota oficial del Gobierno panameño, que también aboga porque se retome y fortalezca el diálogo para llegar a entendimientos.

Mientras, el presidente del Senado de Colombia, Mauricio Lizcano, rechazó la decisión del TSJ y pidió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que revalúe las relaciones con el país vecino. “Desde el Congreso de Colombia rechazo enfáticamente lo sucedido con el Parlamento de Venezuela, no es aceptable que en una democracia se cierre el Congreso por un poder judicial”, afirmó.

La agencia AFP reportó que el presidente argentino, Mauricio Macri, llamó a recomponer el orden democrático en Venezuela e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral.

“Es difícil llamar esta decisión de otra forma que no sea un autogolpe”, comentó a la AFP Michael Shifter, el presidente de Diálogo Interamericano, quien comparó el caso con la decisión del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el Congreso en 1992.

Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea y número dos del chavismo, defendió en su programa de televisión la medida del TSJ. “No podemos estar con la Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran”, dijo.

La exdiputada y líder del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado, reaccionó señalando que aquellos que se negaban a asumir que había una dictadura en el país, ahora tienen que entender que es una realidad, “un golpe de Estado formal y declarado”.

La política, que junto con Leopoldo López y Antonio Ledezma –detenidos por el régimen– llamó en 2014 a salir a la calle para exigir el fin del gobierno de Maduro (La Salida), dijo que lo que viene ahora, internacionalmente, es aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática, es decir, la suspensión del organismo de la OEA y el inicio de gestiones para restablecer el hilo democrático.

En el plano nacional, añadió que los venezolanos se acojan al artículo 350 de la Constitución, que llama a los ciudadanos a “desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

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