INVESTIGACIÓN

¿Qué pasó con? Buko Millonario

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En 2013 empezó el juego del bingo televisado Buko Millonario, el cual fue cancelado en julio de 2014. En 2013 empezó el juego del bingo televisado Buko Millonario, el cual fue cancelado en julio de 2014.
En 2013 empezó el juego del bingo televisado Buko Millonario, el cual fue cancelado en julio de 2014. Archivo

Han transcurrido 20 meses desde que el Ministerio Público (MP) inició la investigación por supuestas irregularidades en el contrato por medio del cual se adjudicó el bingo televisado Buko Millonario.

Por este caso, el Juzgado Decimoquinto Penal sobreseyó provisionalmente el pasado 2 de julio al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, a la exsecretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ) Giselle Brea y al exsubcontralor de la República Luis Felipe Icaza, por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública –en la modalidad de falsificación de documentos–, en perjuicio de la JCJ.

Dicho sobreseimiento se decidió sin una audiencia preliminar, por lo que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga apeló la decisión del juez Leslie Loaiza.

El pasado 13 de febrero, en la vista fiscal No. 38, la fiscalía había pedido llamar a juicio a De Lima, Icaza y Brea.

Hasta que esta apelación no sea resuelta por el Segundo Tribunal Superior Penal, no será posible establecer si habrá o no una audiencia preliminar en este caso, cuya investigación se inició por una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2015 por Saverio Grandi Aguicioti, ligado a la empresa Gaming Global Corporation, que compitió por la adjudicación del bingo televisado Buko Millonario en 2011.

El monitoreo de denuncias por supuestos hechos de corrupción que elaboró la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y la Alianza Ciudadana pro Justicia precisa que han pasado seis meses desde que el MP remitió la vista fiscal al Órgano Judicial.

EL CASO

Cuando Buko Millonario entró en la escena de los juegos de azar en 2013, actores del sector se preguntaban quiénes eran los dueños del negocio y cómo consiguieron un contrato por 20 años aprobado por Brea, la entonces directora de la JCJ.

Grupo de Inversión Mundial, S.A., (GIM) fue gestor del bingo televisado, que en unos cuantos meses facturó millones de dólares y atrajo a cientos de apostadores.

La empresa y el Estado firmaron un contrato de concesión el 7 de julio de 2011, pero no fue sino hasta 2013 cuando comenzaron las operaciones.

Un requisito para lograr la concesión era presentar las certificados de idoneidad y consentimiento de sus directores.

Buko Millonario Expandir Imagen
Buko Millonario

El numeral 4 del artículo 71 de la Ley 2 de 1998, que reestructuró la JCJ, le señala al solicitante la obligación de entregar “los nombres de los accionistas de la persona jurídica”.

Grupo de Inversión Mundial, S.A., ciertamente presentó las credenciales de sus directores: Jackeline Chan de Watson, Danivia González y Egbert Agustín Wright.

Sin embargo, las acciones de la empresa fueron “al portador” y por lo tanto se desconocía quiénes eras los beneficiarios finales.

En su momento, Grupo de Inversión Mundial, S.A., se defendió y aseguró que la información de tales beneficiarios reposaba en la JCJ.

Pero cuando Eric Ríos asumió la dirección de la JCJ en 2014 reveló que la empresa nunca presentó en qué consistía su composición accionaria de forma correcta.

Ante esta irregularidad, el pleno de la JCJ canceló en 2014 el contrato de administración y operación firmado durante la administración del presidente Ricardo Martinelli.

OTRO INVOLUCRADO

En abril de 2015, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción abrió una investigación a Ricardo Alberto Martinelli Linares –hijo del exmandatario Ricardo Martinelli–, por supuesto vínculo con la empresa operadora GIM.

Según la denuncia que dio origen al nuevo proceso, la cual llegó al MP de manera anónima, los directores de GIM antes mencionados se asociaron con Ricardo Alberto Martinelli Linares para que, a través de su poder político, se les concediera la concesión para el bingo.

A Martinelli Linares se le asocia con la inmobiliaria San Cristóbal Ltd., supuestamente tenedora del 55% de las acciones de GIM.

La Corte aún no resuelve amparo

El magistrado Gabriel Fernández (q.e.p.d) había acogido, el 30 de diciembre de 2015,   un amparo de garantías  presentado por Luis Eduardo Camacho González –abogado de Ricardo Alberto Martinelli Linares– y ordenó suspender la investigación contra este en el caso del Buko Millonario, mas no contra los otros señalados en el expediente.

El magistrado ordenó  paralizar la petición de información de las cuentas bancarias que hizo la Fiscalía Cuarta Anticorrupción a 28 bancos.

Luego, el 29 de diciembre de ese año, la fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, para ese entonces a cargo de la investigación, presentó a la Corte una solicitud especial para que se levantaran los mandatos proferidos por el magistrado Fernández. Además, diversos sectores de la sociedad civil cuestionaron la orden dada por la Corte  en este caso. El magistrado José Ayú Prado es el ponente del recurso, que aún no ha sido resuelto.

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