Cambios al ‘código procesal penal’

Buscan imputar a investigados en ausencia

El proyecto propone imputar al investigado y que así el proceso avance, evitando que se decrete el sobreseimiento temporal hasta que concurra.

Martinelli insiste en prescripción de caso

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Ana Matilde Gómez Ana Matilde Gómez
Ana Matilde Gómez Archivo

Desde el pasado 18 de enero, está en la Asamblea Nacional una propuesta legislativa para reformar el Código Procesal Penal, para permitir que sujetos investigados puedan ser imputados en ausencia y evitar el sobreseimiento provisional del caso o la prescripción de la acción penal.

A través del anteproyecto 155, la diputada Ana Matilde Gómez propuso modificar los artículos 278, 284 y 285 del Código Procesal Penal.

Gómez advirtió que, actualmente, los casos de personas que no han podido ser imputadas por estar fuera del país podrían quedar impunes.

PROPUESTA

Un anteproyecto de ley que busca, principalmente, eliminar el requisito de que una persona investigada deba estar presente en la audiencia de imputación de cargos fue presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional por la diputada independiente y exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.

La iniciativa modifica los artículos 278, 284 y 285 del Código Procesal Penal y pretende, según Gómez, mejorar la mora judicial y acabar con la impunidad.

De acuerdo con la diputada, el actual Código Procesal Penal permite que personas investigadas penalmente que no han podido ser imputadas por ubicarse fuera del país queden impunes.

Según las normas desarrolladas en el Código Procesal Penal, si el investigado, una vez citado legalmente, no concurre a la audiencia de imputación, el juez de garantías podrá decretar el sobreseimiento temporal de la causa hasta que el investigado se presente o sea localizado y conducido. Pero esta norma no paraliza el proceso y la acción penal puede prescribir, por lo que propicia la impunidad, explicó Gómez.

Es por ello que la propuesta de modificación al artículo 278 del Código Procesal Penal —planteada en el anteproyecto— elimina el requisito de que el sujeto investigado deba estar presente en la imputación. En adición, la reforma al artículo 285 establece un procedimiento para la citación legal del investigado cuando este no pueda ser localizado en su domicilio, permitiendo así que, de no aparecer, pueda ser imputado y por ende no prescriba la acción penal.

La propuesta -de convertirse en ley- podría aplicarse en varios casos que se le siguen en la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli, detenido en Estados Unidos en espera de ser extraditado a Panamá. (ver relacionada).

Cabe mencionar que lo planteado en la iniciativa ya se aplicaba en el país mientras regía el sistema penal inquisitivo. Sin embargo, con la implementación del sistema penal acusatorio, que entró a regir en todo Panamá a partir de septiembre de 2016, se eliminó.

En cuanto a medidas para resolver la mora judicial, el anteproyecto de ley plantea como posible alternativa la expansión de la opción de someter al procedimiento directo inmediato, establecido en el artículo 284 de este Código Procesal Penal, no solo a los imputados con pena de hasta cuatro años, sino a aquellos con penas de mayor duración. En ese sentido, la propuesta persigue cambiar la reducción de la pena por procedimiento directo inmediato de un tercio a un quinto.

REACCIONES

El exprocurador Rogelio Cruz consideró que no hay ningún problema con las reformas que propone la diputada Gómez y asevera que esta no debería enfrentar mayores obstáculos para su aprobación.

Para Cruz este proyecto se debe aprovechar para modificar el artículo 280 del Código Procesal Penal, que se refiere a la audiencia de formulación de imputación.

Actualmente, el artículo 280 establece que en dicha audiencia, el fiscal comunica oralmente al acusado sobre la investigación que se desarrolla en su contra y enuncia los hechos que fundamentan la imputación y los elementos que la sustentan.

“Ese artículo es motivo de mucha preocupación para abogados defensores en materia penal. Ese artículo se ha venido interpretando como un acto de mera comunicación del fiscal. En otras palabras, el fiscal te cita a ti como investigado en una audiencia ante un juez de garantías y te dice las razones por las cuales estás siendo investigado y básicamente eres un convidado de piedra, ya que ni tú ni tu defensor se pueden oponer a la imputación”, advirtió Cruz.

El exmagistrado Edgardo Molina Mola señaló que las modificaciones propuestas por Gómez son favorables, toda vez que aplican a casos como el de Martinelli.

“Cómo es posible que un hombre como él [Martinelli] está ausente y no se le pueda juzgar y aún más, cuando tiene como 10 abogados. Es totalmente absurdo que tenga que presentarse personalmente cuando está el que lo representa”, señaló.

El abogado hizo la salvedad de que hay que tener cautela en aplicar este tipo de procedimientos en regímenes dictatoriales o que no son muy respetuosos de las reglas del derecho, en donde se utilizan para cometer “abusos y arbitrariedades”.

De igual opinión fue la abogada Cristina Torres Ubillús, quien expresó que la propuesta debe ser sometida a revisiones y opiniones jurídicas de sectores que tengan algún tipo de implicación, para que no se atente contra las garantías fundamentales.

Según Torres Ubillús, quienes tienen que concurrir ante la justicia lo deben hacer en los términos oportunos, dentro de los tiempos existentes en la jurisdicción penal, y que la no comparecencia del investigado signifique el retraso de no cumplir con esta justicia. “Este proyecto vale la pena revisarlo y que reciba todo tipo de elementos atinados”, añadió.

Martinelli insiste en prescripción de caso

El expresidente Ricardo Martinelli ha sido declarado “en rebeldía” en dos ocasiones por no asistir a audiencias de imputación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esto ocurrió en los procesos que se le siguen por la interceptación ilegal de comunicaciones durante su mandato (2009-2004), utilizando el Consejo Nacional de Seguridad, y por los 353 indultos que otorgó, incluyendo a personas condenadas e investigadas por delitos comunes.

Por el caso de espionaje, Martinelli fue declarado en rebeldía por el magistrado Jerónimo Mejía —en funciones de juez de garantías— el 11 de diciembre de 2015.

En tanto, en el caso de los indultos, el magistrado de garantías José Ayú Prado lo declaró en rebeldía el 13 de octubre de 2017. La defensa de Martinelli alegó entonces que su cliente no concurrió porque para esa fecha ya cumplía cuatro meses detenido en Miami, Estados Unidos, por una solicitud de extradición de la CSJ por —precisamente— el caso de las interceptaciones ilegales.

En el proceso de los indultos, mañana el pleno de la CSJ celebrará una audiencia para atender una apelación presentada por la defensa del exgobernante, contra la decisión de Ayú Prado de no declarar la prescripción de la acción penal y, en consecuencia, el archivo del caso.

Según los abogados de Martinelli, se ha cumplido en exceso la prescripción de la causa, como establece el artículo 116 del Código Procesal Penal.

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