DERECHOS HUMANOS

Buscan proteger a personas con VIH

En el año 2016, autoridades de salud reportaron mil 587 casos nuevos de VIH/sida, de los cuales mil 140 fueron hombres y 447 mujeres.

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La discriminación es uno de los principales obstáculos que enfrentan las personas que viven con infecciones de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

El director ejecutivo de la fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/sida, Orlando Quintero, subrayó que este grupo de la población enfrenta problemas al solicitar empleo, préstamos bancarios o seguros de vida.

El activista espera que con la discusión del proyecto de ley 518, que establece un marco jurídico para el “abordaje integral” de estas infecciones, se fomente la protección de los derechos humanos de estas personas.

Datos del Ministerio de Salud precisan que el grupo más afectado en fase sida es el de 25-44 años.

EL ETERNO ESTIGMA POR EL VIH

Las cifras hablan por sí mismas: 26 mil 879 personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) desde septiembre de 1984 cuando se presenta el primer caso en Panamá, de las cuales han muerto hasta la fecha 10 mil 386.

Tanto activistas como autoridades señalan que con los años este grupo de la población ha sido estigmatizado, y muchos de sus derechos humanos ignorados. Una realidad inquietante si se toma en cuenta que desde 1984 hasta la fecha 732 de los casos guardan relación con menores de 15 años de edad, y que la tasa de mujeres infectadas pasó de 2.4 por cada 100 mil en el año 1993 a 22.2 en 2016.

Ante esto, a la Asamblea Nacional llegó un proyecto de ley que crea un marco jurídico para el abordaje integral de las personas que viven con infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

El documento, presentado por el Ministerio de Salud (Minsa), y consultado durante nueve meses con organizaciones que atienden este tema, prohíbe cualquier acto de discriminación o segregación en contra de este grupo de la población.

La asesora legal del Minsa, Mónica Rodríguez, quien estuvo a cargo de la elaboración de esta iniciativa, explicó que la nueva norma actualizará la Ley 3 del 5 de enero de 2000 sobre ITS, VIH y sida.

Rodríguez indicó que tomaron en cuenta aspectos como el flujo migratorio que tiene el país, que ha dado pie a que personas de otras latitudes reciban la terapia antirretroviral.

También se impediría la aplicación de restricciones a los derechos y libertades de estas personas en el campo laboral y social. Esto, ya que muchos de estos pacientes son discriminados al momento de acceder a un empleo, préstamo o seguro.

A su vez, mencionó que se imponen sanciones a los que nieguen la atención a las personas que viven con el virus.

LA REALIDAD ACTUAL

El año pasado se registraron mil 587 casos nuevos, de los cuales 974 eran personas que portaban el virus, pero no presentaban síntomas y 613 habían desarrollado la etapa sida.

Mientras, los datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida dan cuenta de que hasta finales del año 2015 36.7 millones de personas vivían con VIH en el mundo, de las que 34.9 millones eran adultos.

Al respecto, el director ejecutivo de la fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/Sida, Orlando Quintero, explicó que la iniciativa de ley es “positiva”, porque viene a corregir algunas de las prácticas discriminatorias a las que están expuestas las personas con VIH.

Quintero subrayó que entre estas se encuentran el acceso a empleos y préstamos bancarios que estaban “simuladamente vedados” para los pacientes.

Argumentó que al momento de solicitar un préstamo hipotecario, los primeros exámenes que te piden es la prueba de VIH.

Por su lado, el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y VIH de Panamá, Bernabé Ruiz, sostuvo que el tema de estigmatizar a los portadores del virus comenzó con la aparición de la epidemia.

No obstante, enfatizó que la situación cambió con la aparición de las terapias antirretrovirales, las cuales aumentaron la expectativa de vida a los pacientes.

Ruiz espera que la nueva ley termine con prácticas como pedir pruebas de VIH para acceder a empleos o seguros de vida.

De hecho, indicó que en el observatorio reciben muchas denuncias de este tipo de discriminación, aunque no se pueden terminar de procesar porque los afectados deciden no hacerla de manera pública.

Ruiz manifestó que en este aspecto todavía queda mucho por hacer, pero consideró que con este proyecto de ley se pueden ir cambiando estos paradigmas.

En tanto, la primera dama, Lorena Castillo, expresó que la iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto que permitirá al país seguir avanzando en su compromiso de garantizar el derecho de las personas que viven con VIH, de manera que puedan recibir atención médica de calidad y humana así como a ser tratados con respeto y dignidad.

Castillo, quien preside la Comisión Nacional para la Prevención y Control del VIH, subrayó que la intención es que ningún infectado se quede sin medicamentos y también tengan acceso a los exámenes y a educación.

“Vamos a educar y explicar qué es el VIH, y que con su detección a tiempo pueden salvar sus vidas”, acotó.

Según las autoridades de Salud, la vulnerabilidad de la población más joven hacia el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual se da, en primer lugar, por la falta de conocimiento y además por el uso incorrecto y consistente del preservativo.

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