REPARACIÓN

CIDH culpa a Estados Unidos por la invasión de 1989

La nación norteamericana deberá pagar remuneraciones y reconocer a las víctimas.

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La intervención militar ocurrió el 20 de diciembre de 1989. El número de víctimas no se ha determinado aún. Archivo La intervención militar ocurrió el 20 de diciembre de 1989. El número de víctimas no se ha determinado aún. Archivo
La intervención militar ocurrió el 20 de diciembre de 1989. El número de víctimas no se ha determinado aún. Archivo

En un informe de fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Estados Unidos es responsable por los hechos de la invasión a Panamá en 1989, y le recomendó que repare a las víctimas del suceso.

La CIDH solicita a Estados Unidos que remunere económicamente a los panameños afectados por la intervención militar del 20 de diciembre de 1989, pidió que se les dé tratamiento médico y psicológico, y que investigue en forma “exhaustiva” los sucesos de la invasión, para que se puedan aplicar medidas penales apropiadas.

El caso fue presentado en 1990 ante la CIDH por los abogados Gilma Camargo y José Luis Morín, quienes representaron a 272 víctimas de la operación estadounidense Causa Justa para derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega.

Víctimas de la invasión ganan caso, 29 años después del hecho

A poco de que se cumplan 29 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá mediante la cual se derrocó al dictador Manuel Antonio Noriega, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo en el que determina que Estados Unidos es responsable por los daños y perjuicios que sufrieron las víctimas panameñas de la operación iniciada en diciembre de 1989.

El documento de 91 páginas advierte de que Estados Unidos tiene la obligación legal internacional de rendir “justicia, verdad y satisfacción en términos de daños y perjuicios” sufridos por las víctimas.

La CIDH recomienda la reparación económica a 272 víctimas que llevaron el caso al sistema interamericano, quienes sufrieron pérdidas materiales y personales. Además, solicita que se cree un mecanismo especial para que otros afectados puedan ser reparados. Estas compensaciones incluirían además tratamiento físico y terapéutico para aquellos que sufrieron lesiones corporales y mentales.

Por último, la CIDH exhorta a que el Gobierno estadounidense lleve a cabo una investigación “comprensiva y eficiente” para determinar los hechos concretos de la invasión y aplicar las sanciones necesarias, que serán determinadas por los resultados de dicha investigación.

El documento fue publicado en la página web de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el Informe de Salas y Casos, pero fue dado a conocer por la abogada Gilma Camargo, quien llevó el caso a la CIDH.

El proceso

El camino recorrido hasta llegar a esa decisión ha sido largo. El 10 de mayo de 1990, la CIDH recibió una petición “presentada por el abogado José Luis Morín y la abogada Gilma Camargo en representación del Centro por los Derechos Constitucionales”.

La petición exigía el reconocimiento internacional de la culpabilidad de Estados Unidos, así como su responsabilidad en la administración de compensaciones al pueblo panameño, por el uso de fuerza excesiva e injustificada, en plena violación de los derechos humanos, durante la campaña militar efectuada entre el 20 de diciembre de 1989 y el 10 de enero de 1990, la cual buscaba la captura y derrocamiento de Noriega.

La comisión admitió el caso el 14 de octubre de 1993, y se celebraron dos audiencias: una en febrero y otra en noviembre de 1995. Otra audiencia fue efectuada en diciembre de 2016, a lo que siguió un periodo de análisis de las evidencias y argumentos presentados.

Con el testimonio de 272 panameños afectados, la CIDH determinó que Estados Unidos violó los artículos I (derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona), VII (derecho de protección a la infancia), XXIII (derecho a la propiedad) y XVIII (derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Así mismo, violó el artículo 3 del IV Convenio de Ginebra, al no efectuar advertencias ni medidas que minimizaran la pérdida de vida de no-combatientes, así como los artículos que prohíben “los ataques indiscriminados por bombardeo a personas y comunidades civiles.”

Además, no cumplió con el artículo 51 del convenio, ya que no se encontró razón o amenaza suficiente que justificara la agresión militar en capacidad defensiva para prevenir futuros conflictos.

El Gobierno estadounidense alegó que la operación militar “fue llevada siguiendo las normas procedentes para entablar combate y empleando todos los esfuerzos para minimizar el número de víctimas civiles”. Objetó repetidamente, además, la admisibilidad de la petición.

En el Informe de Salas y Casos también se relatan los sucesos que precedieron a la invasión, los hechos más importantes de la invasión y el conteo de víctimas y afectados específicos que se conocen a la fecha.

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