ANÁLISIS

Consecuencias legales de las donaciones

Los fondos, aunque sean limpios, si se utilizan para influenciar funcionarios o campañas electorales se transforman en un acto delictivo.

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CONSECUENCIAS LEGALES DE LAS DONACIONES

A primera vista, se pudiera considerar que todas las donaciones son iguales y que, por lo tanto, producen idénticos efectos legales, pero esto no es cierto.

Odebrecht tenía para efectos prácticos dos cajas: la primera, la destinada y originada en actividades lícitas; es decir, fondos limpios. La segunda, la administrada por el Sector de Operaciones Estructuradas, que se dedicaba exclusivamente a los trabajos sucios: coimas, “comisiones” y otros fondos para obtener influencia y poder.

Por otro lado, no solo la procedencia de los fondos define la intención delictiva de estos, también lo hacen los destinatarios: no es lo mismo una donación para financiar un organismo gremial o un torneo deportivo, que un aporte a una campaña electoral o directamente a un candidato.

Lo anterior se aclara de la siguiente forma: los fondos, aunque sean limpios, si se utilizan para influenciar funcionarios o campañas electorales se transforman en un acto delictivo.

Desde el punto de vista de la legislación panameña, tres son los aspectos legales que habría que analizar de los aportes de la constructora brasileña. El primero, desde el punto de vista electoral, independientemente del origen de los fondos, estos debían ser informados al Tribunal Electoral, según dispone el artículo 209 del Código Electoral, que estaba vigente en 2009.

Odebrecht podía donar sin tope alguno a las campañas electorales y a los partidos políticos. La única restricción era declarar al Tribunal Electoral el origen de los fondos.

Supóngase que el Partido Panameñista recibió fondos de Odebrecht a través de la Fundación Don James. Si estos aportes fueron declarados como donativos de Odebrecht en los informes financieros del Partido Panameñista, no habría delito electoral. Si, en cambio, los fondos fueron registrados como aportes de Jaime Lasso u otro tercero, muy posiblemente se habría incurrido en un delito electoral al hacer una declaración falsa. Lamentablemente, los delitos electorales prescriben a los tres años.

En segundo lugar, para el derecho penal, y suponiendo que no eran pagos directos a cambio de contrataciones o trámites específicos, va a depender de qué caja de Odebrecht salieron los fondos.

Si los fondos son para el uso personal de un funcionario que no es candidato y estos provinieron de la caja limpia, se tipifica el delito de enriquecimiento injustificado (artículo 351 del Código Penal). Si resulta que el dinero es para un candidato, funcionario o no, y los fondos provinieron de la Caja 2, se tipifica el delito de financiación de campañas electorales con dinero proveniente del blanqueo de capitales. Ninguno de estos delitos ha prescrito, por lo que bien puede perseguirse a los participantes panameños de esta trama.

¿Cuál es el delito precedente de ese blanqueo de capitales?

Se trata del soborno internacional, que es la primera conducta que se menciona como fuente de fondos sucios para el blanqueo de capitales en nuestra legislación penal.

Como tercer elemento, desde el punto de vista administrativo, ningún servidor público con mando y jurisdicción, como lo es un embajador, puede recibir honorarios o compensación alguna por prestar servicios a una empresa privada como cabildero ante su propio gobierno. Este tipo de conducta sería una infracción de los deberes de los servidores públicos y una violación al Código de Ética que deben cumplir todos los funcionarios.

Antecedentes

Cuando los representantes legales de la constructora brasileña Norberto Odebrecht reconocieron, ante fiscales federales de Estados Unidos, que habían pagado al menos 59 millones de dólares en coimas a empresarios y políticos panameños, se confirmó la existencia de una red de crimen organizado y de influencia política desconocida hasta ese momento.

De las delaciones premiadas, acuerdos de colaboración eficaz y otras evidencias, queda claro que Constructora Norberto Odebrecht hizo aportes sustanciales en concepto de “donaciones” al oficialista Partido Panameñista, al partido Cambio Democrático e, incluso, a la Iglesia católica panameña.

Donaciones a la Iglesia

El 19 de marzo de 2016, en presencia del presidente de la República, Juan Carlos Varela, el entonces nuncio apostólico, Andrés Carrascosa; el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y otros representantes de la jerarquía eclesiástica, se consagró la iglesia de San Francisco de Asís.

Según un comunicado del Comité Amigos Iglesias Casco Antiguo, el proyecto de restauración de la iglesia de San Francisco de Asís fue ejecutado por Odebrecht a un costo de 3.1 millones de dólares. Estos fondos fueron aportados por diversos patrocinadores y donantes, según el comunicado.

¿Qué responsabilidad adquiere la Iglesia católica por recibir donativos?

Legalmente, nuestro ordenamiento jurídico no establece, como existe en otros países, un mecanismo o instituciones que supervisen o auditen a las organizaciones religiosas del país. Aunque el Estado regula las relaciones laborales dentro de estas entidades o el currículo educativo que pueden impartir dichas instituciones, no existe legislación que autorice al Estado a realizar auditorías de las finanzas de la Iglesia en Panamá.

Ha sido la práctica histórica de estos templos, así como los de las organizaciones religiosas afiliadas al catolicismo, la de recibir aportes sin cuestionar su origen. Este es un dilema ético que enfrenta la Iglesia católica con las realidades del mundo cambiante y de una sociedad que exige transparencia.

Sin embargo, si estas donaciones fueron declaradas por Odebrecht en su curso normal de operaciones, las mismas habrían provenido de la Caja 1 y serían deducibles de impuestos. Por el contrario, de provenir de la Caja 2, la empresa tendría la responsabilidad de resarcir esos fondos al Estado panameño y la jerarquía de la Iglesia debería revisar su política de recepción de fondos sin calificar o investigar al donante.

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