ECOSISTEMA MARINO

Corte Suprema acoge amparo contra EIA de terminal portuaria

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El proyecto limita con isla Galeta, por lo que grupos ambientalistas temen que se generen impactos ‘negativos’ en los arrecifes y manglares. CORTESÍA El proyecto limita con isla Galeta, por lo que grupos ambientalistas temen que se generen impactos ‘negativos’ en los arrecifes y manglares. CORTESÍA
El proyecto limita con isla Galeta, por lo que grupos ambientalistas temen que se generen impactos ‘negativos’ en los arrecifes y manglares. CORTESÍA Laboratorio Marino de Punta Galeta

El pasado 8 de enero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acogió el amparo de garantías constitucionales presentado por la oenegé Centro de Incidencia Ambiental de Panamá contra el estudio de impacto ambiental (EIA) categoría II para la terminal portuaria Panama Colon Container Port.

El amparo suspende temporalmente los efectos del estudio ambiental, hasta que el pleno tome una decisión de fondo sobre el proyecto, que limita con el área protegida isla Galeta, creada mediante la Ley 21 de julio de 1997, y que se encuentra en la provincia de Colón.

La abogada de la oenegé, Luisa Araúz, indicó que se debe detener cualquier trabajo que se esté dando en el lugar hasta que la CSJ emita un fallo definitivo.

CSJ ACOGE AMPARO CONTRA PUERTO

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el amparo de garantías constitucionales que interpuso el 22 de diciembre de 2017 el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), contra el estudio de impacto ambiental categoría II para la terminal portuaria Panamá Colón Container Port, en isla Margarita.

Este proyecto limita con el área protegida isla Galeta, lo que inquieta a varias organizaciones ambientales, las cuales temen impactos “negativos” en los arrecifes coralinos y manglares que quedan en la ciudad de Colón.

El amparo fue acogido el 8 de enero de 2018 y con eso se suspenden temporalmente los efectos del estudio ambiental, hasta que el pleno de la CSJ tome una decisión de fondo sobre el tema.

De hecho, Luisa Araúz, abogada del CIAM, manifiesta que cualquier obra en el lugar debe ser detenida mientras los magistrados emiten un fallo definitivo.

Según esta organización ambiental, el proyecto portuario afectará “gravemente” un arrecife de coral que está justo afuera del rompeolas, dentro del cual se dragará lodo del fondo marino en enormes cantidades.

“El estudio de impacto ambiental no menciona la existencia de un arrecife en donde científicos del Global Coral Reef Alliance y el personal del Laboratorio Marino de Punta Galeta encontraron catorce especies de coral vivas, entre ellas Acropora palmata, una especie en peligro crítico de extinción”, dice el amparo.

EL ESTUDIO

Para este proyecto portuario, el Ministerio de Ambiente aprobó en 2016 un estudio categoría II, el cual establecía que la obra estaría sobre 39 hectáreas terrestres y 22 hectáreas marinas.

Además, precisaba que se extraerían 365 mil 600 metros cúbicos de fondo marino, a fin de obtener un canal de aproximación y atraque del puerto con las condiciones y características adecuadas para permitir la entrada, maniobra y atraque de buques superpanamax.

El objetivo principal del proyecto es atender la demanda de los servicios marítimos y de barcos pospanamax que pasan por el Canal de Panamá, así como servir de puerto complementario para el atraque de aquellos barcos que no pasarán por la vía interoceánica, los llamados superpanamax.

Los representantes de la empresa Panama Colon Container Port Inc., que impulsa la obra, presentaron en 2017 una modificación al estudio ambiental, la cual fue aprobada en noviembre de ese mismo año.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los ecologistas es que, con la modificación, el dragado de fondo marino pasó de 365 mil 600 metros cúbicos a 5 millones 850 mil metros cúbicos, aunque la empresa se refirió a este drástico cambio como un “error de redacción respecto al volumen de rellenos” contemplados en el estudio original de 2016.

Para el científico del Instituto Smithsoniam de Investigaciones Tropicales y director del Laboratorio Marino de Punta Galeta, Stanley Heckadon, fue acertada la decisión de admitir el amparo contra este puerto.

“Era hora de que se detuviera por lo menos temporalmente este proyecto”, adujo.

Heckadon indicó que no solamente se trata de un proyecto que impactará los manglares y arrecifes de isla Galeta, sino también de varias áreas de Colón. “Nos preocupa la magnitud de este proyecto”, remarcó.

Precisamente, tanto Heckadon como biólogos de la Universidad de Panamá en Colón han determinado que en el distrito de Colón solo queda un 10% del total de los manglares, debido a la construcción de puertos y otros proyectos a la orilla del mar.

De acuerdo con el científico, en el área del proyecto ya hay palas mecánicas extrayendo materiales del fondo del mar. “Esto provocará que la arena que está en la costa se escurra hacia el mar y se perderá, a futuro, parte de la playa”, concluyó.

La reserva costera de isla Galeta fue creada a través de la Ley 21 de julio de 1997, que establece el uso de suelo en la región interoceánica, y fue transferida a la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente el 25 de agosto de 1999, y adoptada bajo la Ley 41 del 1 julio de 1998. Datos del Ministerio de Ambiente dan cuenta de que tiene una superficie aproximada de 688 hectáreas de bosques mixtos, manglares y una plataforma coralina única.

MODERNA PLATAFORMA

El Ministerio de Ambiente ha planteado que esperarán a que el proceso siga su curso en la Corte.

Mientras, la empresa señaló que la terminal portuaria es un proyecto que actualmente está invirtiendo más de mil 100 millones de dólares y cuyos desarrolladores escogieron Panamá como el primer país de Latinoamérica para desplegar su inversión, dadas las condiciones de seguridad jurídica y las políticas de desarrollo logístico que presenta el país.

Además, que el proyecto ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo con el marco jurídico y legal panameño. Así lo hizo, añadió, con su estudio de impacto ambiental categoría II y su respectiva ampliación, los cuales fueron aprobados por la autoridad competente, el Ministerio de Ambiente, de acuerdo con las exigencias.

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