Contrato de bingo televisado

Corte Suprema avala diligencias en caso Buko Millonario

El fallo permite que se conozca información de las cuentas bancarias de Ricardo Alberto Martinelli Linares.

Un contrato que nació a la sombra de irregularidades

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Ricardo Alberto Martinelli Linares Ricardo Alberto Martinelli Linares
Ricardo Alberto Martinelli Linares Archivo

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantuvo los oficios que la Fiscalía Anticorrupción de Descarga giró a varios bancos de la localidad, a fin de obtener información de las cuentas de Ricardo Alberto Martinelli Linares –hijo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal–, investigado en el caso por supuestas irregularidades en la concesión del bingo televisado Buko Millonario.

La decisión del pleno de la CSJ se dio ayer, tras resolver un amparo de garantías constitucionales que presentó Martinelli Linares contra los oficios que giró la la fiscalía a los bancos.

Por cinco votos a favor y cuatro salvamentos, los magistrados de la CSJ consideraron que el pedido de la fiscalía no afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 29 de la carta magna, relacionada con la inviolabilidad de la correspondencia.

Sin embargo, el fallo revoca la petición que hizo la fiscalía a los bancos con el objetivo de conocer “otros documentos importantes que contribuyan con la presente investigación”.

El fallo dio luz verde a la fiscalía para seguir con las investigaciones del caso.

Caso Buko Millonario divide a magistrados

Con un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió la mayoría de los oficios que giró el Ministerio Público (MP) a los bancos locales para investigar las cuentas de Ricardo Alberto Martinelli Linares, quien es procesado en la investigación por supuestas irregularidades en la concesión del bingo televisado Buko Millonario.

El fallo, bajo la ponencia del magistrado José Ayú Prado, resolvió un amparo de garantías constitucionales que presentó Martinelli Linares, quien alegaba que los oficios pedidos por la fiscalía hacían referencia a documentos privados, por lo que se violaban sus garantías constitucionales.

Al hijo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal se le vincula con la sociedad  Inmobiliaria San Cristóbal, Ltd., supuesta tenedora del 55% de Grupo de Inversión Mundial, S.A., empresa que obtuvo el contrato de concesión de Buko Millonario.

Caso Buko Millonario. Expandir Imagen
Caso Buko Millonario. Infografía - LP

Lo que se autorizó

Mediante el fallo, la CSJ autoriza los oficios girados por la fiscalía a los bancos en una resolución del 22 de mayo de 2015 que busca conocer: documentación de apertura de las cuentas, procedencia de los fondos, perfil de las operaciones, firmas autorizadas, finalidad de la cuenta, estado de cuenta del año 2011 a diciembre de 2014, copia autenticada de los cheques girados, solicitud y aprobación de cheques de gerencia, transferencias enviadas y recibidas, entre otros, vinculadas a Martinelli Linares.

Según el fallo -que contó con cinco votos a favor y cuatro salvamentos- en los oficios girados por la fiscalía “no se advierte el ánimo” de conculcar la garantía constitucional consagrada en el artículo 29 de la carta magna relacionado con la inviolabilidad de la correspondencia.

Lo que se negó

No obstante, el fallo revocó una de las peticiones contenidas en dichos oficios de la fiscalía: la relativa a conocer “otros documentos importantes que contribuyan con la presente investigación”.

Según el fallo, este pedido de la fiscalía sí violaba los artículos 29 y 32 de la Constitución, por lo que se revocaron estas comunicaciones.

El pleno advirtió que la fiscalía se excedió en los períodos que estableció en los oficios para la búsqueda de la información en los bancos, por lo que sí se infringe el derecho a la confidencialidad y al debido proceso.

Por consiguiente, los magistrados no autorizaron los oficios girados por la fiscalía correspondientes a la búsqueda de información referente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014.

Salvamentos

Los magistrados Harry Díaz, Abel Zamorano, Oydén Ortega Durán y Jerónimo Mejía salvaron su voto.

El magistrado Zamorano dijo discrepar con el fallo por considerar que la actuación de la fiscalía no supone un quebrantamiento de los artículos 29 y 32 de la Constitución, al exceder los períodos de búsqueda de información bancaria.

“No encuentro que en el presente caso estemos ante un exceso por parte de la fiscalía, pues el hecho de que la misma haya requerido la entrega por parte de los bancos de información más allá de los períodos denunciados inicialmente o de cualquier otra información que contribuya con la investigación, a mi juicio, no ocasiona desmedro al derecho contenido en el artículo 29 de la Constitución”, estimó.

Mientras que el magistrado Harry Díaz indicó que la acción de amparo no debió ser admitida por el ponente debido a que el abogado Luis Eduardo Camacho González, quien promovió el amparo como defensa de Martinelli Linares, actuó con deslealtad procesal al omitir en su demanda la resolución que expidió la fiscalía para pedir información a los bancos y luego alegar que no existía tal documento del Ministerio Público.

Por su parte, el magistrado Oydén Ortega también cuestionó el fallo al considerar que el amparo no debió ser concedido, toda vez que el MP actuó en el ejercicio de sus facultades, atribuciones legales y constitucionales, ya que posee la potestad por ley de hacer las actividades e investigar los delitos, autores, cómplices y partícipes de un determinado hecho delictivo.

En tanto, el magistrado Jerónimo Mejía alegó que, en este caso, Camacho González nunca demostró la ilegalidad de las resoluciones emitidas por la fiscalía.

Mientras que la magistrada Ángela Russo emitió un voto razonado en el que explicó su decisión a favor del fallo, porque -a su juicio- la fiscalía solicitó en unos de los oficios a los bancos información general que originaba una afectación al derecho de inviolabilidad de correspondencia.

Otros implicados

Por este caso, el Juzgado Decimoquinto Penal sobreseyó provisionalmente el 2 de julio de 2017 al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, a la exsecretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ) Giselle Brea y al exsubcontralor de la República Luis Felipe Icaza, por la supuesta comisión de delitos contra la fe pública –en la modalidad de falsificación de documentos–, en perjuicio de la JCJ.

Un contrato que nació a la sombra de irregularidades

Grupo de Inversión Mundial, S.A., (GIM) fue gestor del bingo televisado. La empresa y el Estado firmaron un contrato de concesión el 7 de julio de 2011, pero no fue  sino hasta 2013 cuando comenzaron las operaciones. Un requisito para lograr la concesión era presentar los certificados de idoneidad y consentimiento de sus directores.

El numeral 4 del artículo 71 de la Ley 2 de 1998, que reestructuró la Junta de Control de Juegos (JCJ), le señala al solicitante la obligación de entregar “los nombres de los accionistas de la persona jurídica”. Grupo de Inversión Mundial, S.A., ciertamente presentó las credenciales de sus directores: Jackeline Chan de Watson, Danivia González y Egbert Agustín Wright.

Sin embargo, las acciones de la empresa fueron “al portador” y por lo tanto se desconocía quiénes eran los beneficiarios finales. Cuando Eric Ríos asumió la dirección de la JCJ en 2014 reveló que la empresa nunca presentó en qué consistía su composición accionaria de forma correcta. Ante esta irregularidad, el pleno de la JCJ canceló en 2014 el contrato con el Estado.

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