SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN DONACIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CSJ, en sesión permanente por caso de Rubén De León

Los magistrados llamaron a una sesión extraordinaria del pleno para el próximo martes, 4 de abril.

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Los magistrados de la Corte se reunieron ayer por seis horas para decidir si admitían o no la denuncia contra el presidente de la Asamblea, pero no hubo consenso. Los magistrados de la Corte se reunieron ayer por seis horas para decidir si admitían o no la denuncia contra el presidente de la Asamblea, pero no hubo consenso.
Los magistrados de la Corte se reunieron ayer por seis horas para decidir si admitían o no la denuncia contra el presidente de la Asamblea, pero no hubo consenso. Archivo

Por segunda vez, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) postergó la decisión de admitir o no una denuncia penal contra el presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León.

Esto, luego de que ayer los magistrados no llegaron a un consenso y, por decisión unánime, se declararon en sesión permanente y convocaron a una sesión extraordinaria del pleno para el próximo martes, 4 de abril.

Durante seis horas, los magistrados analizaron la acción penal que fue presentada el pasado 15 de marzo por el abogado Ernesto Cedeño, quien acusa a De León por presuntas irregularidades en la gestión de donaciones por $14 millones y de otros $68 millones en contratos por servicios profesionales.

El Órgano Judicial informó, a través de un comunicado, que durante la reunión estuvieron presentes todos los miembros del pleno y que una vez concluida la discusión, la votación no fue mayoritaria en ningún sentido. Es decir, no hubo mayoría absoluta de cinco votos a favor ni en contra.

El pasado martes, con unas horas menos de debate, los magistrados postergaron para ayer la discusión de la denuncia, cuyo ponente es el magistrado Cecilio Cedalise.

Cedeño pidió que se investigue a De León por la posible comisión del delito electoral contra la honradez del sufragio; delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita; y delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Según fuentes judiciales, Cedalise presentó un proyecto de fallo para no admitir la denuncia, que tiene el apoyo de Abel Zamorano. Mientras, Oydén Ortega, Jerónimo Mejía, Hernán De León y Harry Díaz están en contra del proyecto de fallo.

José Ayú Prado, presidente de la Corte, Luis Ramón Fábrega y Ángela Russo se abstuvieron.

Un boletín de prensa de la Corte destaca que desde un principio los magistrados se disponían a discutir “tres procesos especiales contra miembros del legislativo”, pero decidieron alterar el orden del día, para discutir la demanda de Cedeño.

En los otros dos procesos también se menciona a De León. Uno parte de la demanda interpuesta por el abogado Alexis Sinclair el pasado 22 de marzo.

Esta acción legal también alcanza al contralor de la República, Federico Humbert. En el recurso, Sinclair acusa a ambos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias, concusión y exacción, y abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

El otro proceso guarda relación con una denuncia presentada el pasado miércoles contra 13 diputados –incluyendo a De León– por el abogado Carlos Herrera Morán y por Freddy Pittí, del movimiento ciudadano Juntos Decidimos.

En esta acción, los denunciantes solicitan que se investigue a los diputados por la posible comisión de delitos contra la administración pública (peculado).

Los demás diputados son Dalia Bernal, Katleen Levy, Elías Castillo, Miguel Salas, Alfredo Pérez, Carlos Afú, Benicio Robinson, Crescencia Prado, Juan Poveda, Mario Miller, Adolfo Valderrama y Juan Carlos Arango.

Este último forma parte de una comisión creada por la misma Asamblea Nacional para investigar las donaciones, cuya reglamentación, dictada por la Contraloría mediante decreto, fue declarada inconstitucional.

Así lo determinó el propio pleno de la Corte el 16 de este mes, al declarar inconstitucional el Decreto No. 441 de la Contraloría General de la República, de octubre de 2016, que regulaba la entrega de donaciones y subsidios por parte de diputados.

El fallo, cuyo contenido completo aún se desconoce, dice –según fuentes de la Corte– que las donaciones no tienen fundamento en el artículo 159 de la Constitución y están “expresamente prohibidas en el 163, numeral 3. El resto de las donaciones y subsidios que ejecuta el Ejecutivo a través de sus diferentes instituciones se mantienen vigentes”.

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