CSJ tramita demanda sobre la auditoría a donaciones de la Asamblea Nacional

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Corte Suprema de Justicia. Archivo

La Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza una demanda de interpretación prejudicial para determinar la atribución de la Contraloría General de la República para ordenar una auditoría en la emisión de contratos por servicios profesionales, así como en donaciones entregadas por la Asamblea Nacional (AN).

La demanda, que tiene como ponente al magistrado Hernán De León, hace referencia a la nota No. 415-2017 AINAG del 10 de marzo de 2017, mediante la cual se ordenó realizar una auditoría al proceso de emisión de pago de contratos por servicios profesionales, así como donaciones efectuadas por la AN, durante el período del 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016.

La demanda la interpuso el abogado César Pinilla, luego de que el 16 de marzo pasado la CSJ declaró inconstitucional el Decreto 441 de 25 de octubre de 2016 expedido por la Contraloría General de la República, que regulaba la expedición de subsidios y donativos por la AN.

El numeral 11 del artículo 97 del Código Judicial señala que la Sala Tercera conocerá, entre otras materias administrativas, “de la interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los actos administrativos cuando la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la administrativa encargada de su ejecución, lo solicite de oficio antes de resolver el fondo del negocio o de ejecutar el acto, según corresponda”.

El abogado Ernesto Cedeño explicó que la anterior norma indica para el caso en cuestión que la Sala Tercera de la CSJ será la que determinará si la Contraloría tiene competencia para realizar las mencionadas auditorías a la AN.

El 13 de marzo pasado fue que la Contraloría inició las referidas auditorías en la AN, después de que una investigación realizada por el diario La Prensa reveló que entre julio de 2014 y diciembre de 2016, la AN gestionó $14 millones en donaciones y subsidios, dineros que, en su mayoría, no quedaron en manos de sus destinatarios originales. Además, el Legislativo destinó $68 millones en contratos por servicios profesionales, aunque la mayoría de estos trabajos no fueron realizados.

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga remitió el 13 de septiembre pasado al Judicial un pedido de sobreseimiento provisional en la investigación sobre las donaciones gestionadas por el Legislativo. La fiscalía alegó en su decisión falta de información de la AN y por no contar con la auditoría de la Contraloría.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta el 20 de abril pasado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, contra cinco funcionarios de la AN y uno del Municipio de Santiago, Veraguas, a quienes acusó de la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

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