Contaminación con dietilenglicol

CSS debe pagar por contaminación con dietilenglicol

‘La Caja de Seguro Social tiene un grado de responsabilidad como una de las entidades encargadas de velar por la salud de la población’, dice el fallo.

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Familiares de víctimas y afectados por el tóxico han realizado protestas para exigir justicia. Familiares de víctimas y afectados por el tóxico han realizado protestas para exigir justicia.
Familiares de víctimas y afectados por el tóxico han realizado protestas para exigir justicia. Archivo

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia condenó a la Caja de Seguro Social (CSS) a pagar una indemnización –sin fijar la cuantía– a Maybeth Coronado, víctima de los medicamentos contaminados con el tóxico dietilenglicol, que le ocasionaron serios daños a su salud.

Se trata de la primera condena contra el Estado relacionada con los envenenamientos masivos de pacientes que consumieron medicinas contaminadas con el tóxico dietilenglicol, detectados a partir de 2006.

El fallo, con fecha del pasado 2 de febrero y con ponencia del magistrado Abel Zamorano, concluye que la CSS fue responsable por el mal funcionamiento de los servicios de salud, lo que permitió la contaminación con el tóxico.

La demanda fue presentada por el abogado Jaime Franco, en representación de Maybeth Coronado, a quien en el año 2006 le fueron recetados medicamentos que contenían el tóxico dietilenglicol.

Las afectaciones a la joven por el tóxico fueron corroboradas mediante análisis clínicos realizados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), el Ministerio de Salud y la propia CSS, que la incluyeron en el listado de pacientes afectados por el tóxico.

Por los efectos de los medicamentos, la paciente debió recibir tratamiento en Cuba y Estados Unidos, generando gastos a sus familiares.

Según el fallo, la CSS debía reunir ciertos estándares y requisitos exigidos por las buenas prácticas de producción de medicamentos, que no cumplió.

También señala que la obligación de esa entidad de seguridad social era supervisar las especificaciones, características y requisitos mínimos de seguridad de los insumos para la elaboración de las medicinas, toda vez que su finalidad era satisfacer necesidades de interés público.

Los magistrados de la Sala Tercera advierten en su fallo que el servicio público de salud se creó para ser usado por los habitantes de la Nación, quienes tienen una confianza legítima y de buena fe en la administración, por lo cual dicho servicio debe ser seguro y por mandato constitucional tiene la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros.

Concluyeron que en este caso la CSS tiene un grado de responsabilidad como una de las entidades encargadas de velar por la salud de la población.

FALLO EN ABSTRACTO

Sin embargo, a pesar de establecer la responsabilidad de la CSS por la contaminación de la víctima, los magistrados decidieron establecer una condena en abstracto y no acceder al pago de $2 millones 110 mil solicitado por la demandante, con el alegato de que esta no logró probar de forma clara el monto de los gastos incurridos ni la afectación ocasionada por el tóxico.

En este aspecto, el fallo citó que en decisiones reiteradas de la Corte ha sido necesario establecer con pruebas el monto de los daños ocasionados, y advirtió que en este caso el caudal probatorio para establecer dicho monto es escaso y no constituye prueba cierta que pueda dar una orientación del monto probable.

El establecimiento del monto de la indemnización deberá ser establecido en un proceso posterior, explicaron fuentes judiciales.

MÁS DEMANDAS

Gabriel Pascual, del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, dijo que esa organización pretende presentar demandas civiles contra la CSS por la contaminación ocasionada a cientos de personas con el tóxico dietilenglicol.

Pascual dijo que luego del juicio realizado en el Segundo Tribunal Superior, en el que se aplicaron penas irrisorias a algunos de los implicados y otros fueron exonerados, no queda otro camino que acudir a la esfera civil para tratar de obtener alguna compensación.

Hoy en día, unas 300 denuncias presentadas antes del fallo del Segundo Tribunal están en fase de análisis, para ver si los demandantes califican como víctimas.

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