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ATTT no realizó consulta pública

Cámaras seguirán apagadas

El pleno de la Corte Suprema de Justicia debe decidir si el contrato concedido a la compañía Traffic Safety, para instalar las cámaras de vigilancia, es ilegal.
La Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos interpuso una demanda para que se anulara el contrato que permitió la instalación de las cámaras de vigilancia. El gremio argumenta que el Estado resultaba afectado al compartir los ingresos que recibe por las infracciones al ‘Reglamento de tránsito’. LA PRENSA/Archivo. La Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos interpuso una demanda para que se anulara el contrato que permitió la instalación de las cámaras de vigilancia. El gremio argumenta que el Estado resultaba afectado al compartir los ingresos que recibe por las infracciones al ‘Reglamento de tránsito’. LA PRENSA/Archivo.
La Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos interpuso una demanda para que se anulara el contrato que permitió la instalación de las cámaras de vigilancia. El gremio argumenta que el Estado resultaba afectado al compartir los ingresos que recibe por las infracciones al ‘Reglamento de tránsito’. LA PRENSA/Archivo.

El 8 de enero de 2014, los magistrados Víctor Benavides y Luis Ramón Fábrega, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), evitaron que una de las demandas presentadas contra el contrato que otorgó la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a la empresa Traffic Safety se perdiera en el tiempo.

Los magistrados consideraban que el recurso, interpuesto el 31 de agosto de 2012 por la Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos (ANAV), sí contaba con los elementos suficientes para ser admitido, contradiciendo el criterio de su colega Alejandro Moncada Luna, quien había determinado que el recurso debía resolverse a través de una acción de “plena jurisdicción” y no por la vía de la CSJ.

Moncada, quien llegó a la CSJ de la mano del expresidente Ricardo Martinelli, advirtió que la Sala Tercera no tenía injerencia en el caso. Ello luego de analizar las pruebas, en las cuales los demandantes alegaban una supuesta lesión personal y no un daño colectivo.

Ahora, en un fallo fechado el 29 de mayo, pero dado a conocer recientemente, los miembros de la Sala Tercera, Abel Zamorano (suplente de Alejandro Moncada Luna), Víctor Benavides y Luis Ramón Fábrega, ordenaron la suspensión temporal del contrato que obtuvo Traffic Safety en 2011, y que fue representada por Ricardo Chanis, presidente de Editora Panamá América, S.A., empresa en la que el expresidente Ricardo Martinelli es accionista.

En el fallo los magistrados determinaron que el contrato no cumple con la Ley 5 de 1988 que regula la concesión administrativa.

Además, indicaron que no hay constancia de que el Consejo de Gabinete declarara la instalación de las cámaras “de interés público”, tal como lo dicta la norma.

Igual sostienen que la ATTT no realizó ninguna consulta pública donde debía informar de las características del servicio que brindaría la compañía de vigilancia, tal como lo establece el artículo 24 de la Ley 6 de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública.

El artículo en mención establece que “las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece la presente Ley. Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios”.

A pesar de la suspensión temporal del contrato, en el fallo los miembros de la Sala Tercera advierten de que aún el pleno de la CSJ tiene que decidir si el contrato es ilegal, tal como lo señala la ANAV.

A través de la firma forense Rivera, Bolívar & Castañedas, que interpuso el recurso en los tribunales, la ANAV indica que el contrato de Traffic Safety lesionaba los intereses del Estado, ya que la compañía recibiría el 65% de cada multa impuesta a través de las cámaras de vigilancia.

En una maniobra para frenar el recurso en la Corte, el exdirector de la ATTT Roberto Moreno anunció a principios de año que el Estado sería el que recibiría el 65% de los ingresos por cada infracción, y que la compañía se quedaría con el 35%.

Gilberto Arosemena, presidente de la ANAV, indicó que solo el Estado tiene la capacidad para imponer multas por infracciones al Reglamento de tránsito.

Comenta que durante los días que funcionaron las cámaras en julio de 2013, las arrendadoras de autos recibieron más de $15 mil en boletas por violaciones a los límites de velocidad.

“Nadie nos informó que se implementaría este sistema, nos enteramos al momento de realizar trámites en el municipio y nos vimos en la obligación de cancelar la deuda, porque de lo contrario no podíamos registrar los autos que utilizamos en nuestro negocio”, explicó Arosemena.

En total, las dos cámaras que estuvieron activas por 15 días generaron más de 2 mil boletas por un monto de $100 mil. Los equipos instalados en el sector de Costa del Este y en la vía hacia el puente Centenario fueron desconectados debido a la presión ciudadana, luego de que este medio reportara las interioridades del contrato.

En los 10 años que duraría el contrato, la compañía proyectaba invertir $3 millones en la instalación de 20 cámaras y en el funcionamiento del sistema de vigilancia.

Otro punto que preocupa a las empresas arrendadoras, es que Traffic Safety tendría acceso a la base del registro vehicular.

“Esta información debe ser confidencial, porque ahí aparece el monto de los autos y la dirección de los propietarios”, indicó Arosemena.

Agrega que antes de implementar sistemas de monitoreo de velocidad, hay que mejorar la señalización de las calles y de los límites de velocidad.

Ahora con el fallo de la Sala Tercera, la ANAV intentará recuperar los $15 mil que pagaron sus agremiados en infracciones de tránsito.

Además de la demanda interpuesta por la ANAV, los magistrados también deben resolver el recurso que interpuso el abogado Víctor Martínez, quien también denunció que el contrato debió contar con el aval del Consejo de Gabinete, y no solo con la aprobación de la ATTT.

Se intentó contactar a Ricardo Chanis, quien firmó el contrato de concesión por parte de la compañía, pero el mismo no respondió los mensajes dejados en su celular.

A inicios de junio este medio envió un cuestionario a Chanis sobre el contrato de las cámaras, pero el empresario respondió a través de su cuenta de Twitter: “No tengo opinión al respecto ni conocimiento de lo que pregunta, pues no tengo intereses ni ocupo cargo en tal empresa” (sic). No precisó, sin embargo, si es que vendió su participación o algo similar.

En ese entonces, también se enviaron preguntas al correo info@tsp.com.pa, pero su personal solo indicó que al ser la empresa una concesionaria de la ATTT, las preguntas debían ser enviadas al departamento de relaciones públicas de la institución.

Ayer, se intentó nuevamente una respuesta de Chanis, pero no respondió.

Días antes que tomara posesión el gobierno de Juan Carlos Varela, el exdirector de la ATTT Roberto Moreno anunció que se reactivarían las cámaras de vigilancia, pero indicó que en vez de una multa económica, los conductores recibirían una “sanción moral”. Agregó que le corresponderá a las nuevas autoridades aplicar las sanciones económicas.

Le tocará ahora al nuevo director de la institución, Julio González, determinar las acciones a seguir en este caso.

Infracciones a la ley

$50

El costo de las multas por exceder el límite de velocidad.

30

Cantidad de días que tienen los magistrados de la CSJ para resolver una demanda, pero pasaron dos años para conocer una decisión sobre el contrato de Traffic Safety.

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