INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CORTE

Carrera judicial seguirá en pausa

El magistrado José Ayú Prado opinó que para el próximo año no se podrá crear el Tribunal de Integridad y Transparencia.

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Ayú Prado estuvo acompañado por la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, y el vicepresidente de la Corte, Hernán De León. Ayú Prado estuvo acompañado por la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, y el vicepresidente de la Corte, Hernán De León.
Ayú Prado estuvo acompañado por la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, y el vicepresidente de la Corte, Hernán De León. Ana Rentería

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, reiteró ayer que los recortes presupuestarios han demorado la implementación de la carrera judicial, que data de octubre de 2015.

Al rendir cuentas sobre su gestión como presidente de la CSJ durante el bienio 2016-2017, Ayú Prado puso en duda la creación del Tribunal de Integridad y Transparencia, estipulada como parte, precisamente, en la ley de carrera judicial.

El magistrado informó que se requerirá de un esfuerzo adicional para implementar este tribunal en 2018, ya que no solo se necesitará del nombramiento de magistrados y jueces, sino de personal de apoyo, fiscales y defensores públicos.

Indicó que este tribunal prácticamente constituye una nueva jurisdicción en la administración de justicia.

De acuerdo con la ley de carrera judicial, el Tribunal de Integridad y Transparencia tiene entre sus funciones detectar, perseguir y sancionar los actos de corrupción cometidos por los magistrados de tribunales superiores, jueces, oficiales mayores y funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones.

CARRERA JUDICIAL, A MEDIAS

Ayú Prado señaló que por algunos ajustes aplicados al presupuesto durante este año se pusieron en funcionamiento algunos estamentos de la carrera judicial, como la Secretaría Técnica de Recursos Humanos, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Estudios de Recursos Humanos, la Dirección de Gestión Administrativa y la Dirección de Gestión de Desempeño y de Bienestar del servidor judicial. En total, son 5 mil 269 funcionarios de la carrera judicial, señaló.

Dijo que si bien la ley de carrera judicial data de 2015, para ese año no se otorgó “un solo centavo para su implementación” y, además, en los años subsiguientes, de 2016 a 2018, se aplicaron recortes al presupuesto del Órgano Judicial que han afectado su ejecución.

Precisó que en 2016, el Ejecutivo le asignó a ese órgano del Estado $151.7 millones de $257 millones que pidió. Para 2017, se le otorgaron $168.8 millones de $274 millones que solicitó; y para el próximo año, se le asignaron $164 millones de $332 millones que pidió al Ejecutivo.

SPA SE LLEVA GASTOS

Recalcó que una gran parte de los recursos ha sido dedicada a la implementación del sistema penal acusatorio (SPA), que ha requerido del nombramiento de más personal y de equipo técnico sofisticado para la plataforma electrónica del sistema y la habilitación de las salas de audiencia, en las que se debe grabar en audio y video todo su desarrollo de los casos.

Dijo que por el aumento de litigios –a través del SPA– y el trámite de los casos del sistema inquisitivo, se hace necesario el nombramiento de más personal.

JUSTIFICA VIAJES

Ayú Prado justificó los constantes viajes que realiza al extranjero. Dijo que los realiza como parte de un esfuerzo para ubicar fondos y ayudas que no recibe dentro del país para mejorar la administración de justicia.

Destacó que una gran parte de los logros alcanzados durante su administración ha sido por la colaboración de los gobiernos de Estados Unidos, España, Chile, Guatemala y Cuba, que hicieron aportes significativos en capacitaciones especializadas y asesorías en materia judicial para el personal del Órgano Judicial.

Una reciente publicación de este medio ubicó a Ayú Prado como el magistrado que más viajes realizó en los últimos años, 48 en total entre 2013 y 2017.

Además, el informe indica que esos viajes equivalieron a un promedio de 216 días fueras del país; es decir, siete meses.

SOCIEDAD CIVIL CRITICA

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), opinó que en el caso de Ayú Prado cualquier excusa ha sido válida para evitar implementar la ley de carrera judicial y que no hay presupuesto que cubra la falta de voluntad.

Mientras, Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, estimó que el Tribunal de Integridad y Transparencia es fundamental para el desarrollo y verificación de la carrera judicial y lograr una verdadera fiscalización del trabajo de los magistrados y jueces.

En tanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, reconoció que, si bien existe un problema presupuestario, también ha existido una falta de voluntad para implementar la carrera judicial.

Lee estimó que el Tribunal es de capital importancia, ya que conocerá de todas las faltas a la ética judicial.

Consideró que resulta “increíble” que esta situación se esté dando casi tres años después de la creación de la ley, ya que a partir de su promulgación todas las denuncias a jueces y magistrados deben ventilarse en esa jurisdicción.

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