PATRIMONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD

Casco Antiguo urge de una entidad regidora

Organizaciones defensoras de estos bienes lamentan que las autoridades no hagan cumplir las leyes que protegen el lugar.

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En el sitio histórico hay unas 900 fincas, de las cuales, la mayoría pertenece a empresarios. También hay estructuras que son del Estado, así como de la Iglesia católica. En el sitio histórico hay unas 900 fincas, de las cuales, la mayoría pertenece a empresarios. También hay estructuras que son del Estado, así como de la Iglesia católica.

En el sitio histórico hay unas 900 fincas, de las cuales, la mayoría pertenece a empresarios. También hay estructuras que son del Estado, así como de la Iglesia católica. Foto por: Ricardo Iturriaga

Hay proyectos que rebasan la muralla histórica y se toman el mar violando la normativa. Hay proyectos que rebasan la muralla histórica y se toman el mar violando la normativa.

Hay proyectos que rebasan la muralla histórica y se toman el mar violando la normativa. Foto por: Gabriel Rodríguez

Más de 150 inmuebles necesitan ser demolidos o restaurados en el lugar. Más de 150 inmuebles necesitan ser demolidos o restaurados en el lugar.

Más de 150 inmuebles necesitan ser demolidos o restaurados en el lugar. Foto por: Ricardo Iturriaga

Varios edificios en estado ruinoso tienen letreros de ‘se alquila’ o ‘se vende’. Varios edificios en estado ruinoso tienen letreros de ‘se alquila’ o ‘se vende’.

Varios edificios en estado ruinoso tienen letreros de ‘se alquila’ o ‘se vende’. Foto por: Eric Batista

En el Casco Antiguo se deben desarrollar más viviendas de interés social. En el Casco Antiguo se deben desarrollar más viviendas de interés social.

En el Casco Antiguo se deben desarrollar más viviendas de interés social. Foto por: Eric Batista

Basta con caminar unos cuantos minutos por el Casco Antiguo, corregimiento de San Felipe, para observar edificios en estado ruinoso que están a punto de caer, proyectos que rebasan la muralla histórica y se toman el espacio marino, o simplemente sus propietarios no cumplen con las normas establecidas para la puesta en valor de ese sitio histórico.

De esto también son testigos activistas, inversionistas, abogados y restauradores de inmuebles históricos, algunos de los cuales hicieron de este lugar su hogar.

Todos coinciden en que luego de casi 20 años de haber sido declarado patrimonio mundial de la humanidad (diciembre de 1997), por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, pos sus siglas en inglés), no hay quien haga cumplir las normas en este sitio.

El último incidente se reportó el pasado domingo 21 de mayo, cuando parte del techo y el piso de un inmueble colapsó en horas de la tarde.

Incluso, a Yira Campos, directora de Prevención y Mitigación de Desastres del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), le sorprendió que en la propiedad hubiese un letrero que dijera “se alquila”.

“Por seguridad, estos inmuebles en condiciones ruinosas no se deben arrendar”, manifestó la funcionaria.

En estos momentos, dentro del Casco Antiguo hay unas 900 fincas, de las que, la mayoría pertenece a empresarios. También hay edificios que son del Estado, así como de la Iglesia católica.

No obstante, la última cifra que fue levantada por la Oficina del Casco Antiguo arrojó un total de aproximadamente 17% de inmuebles en mal estado; es decir, más de 150 que necesitan ser demolidos o restaurados.

‘LA LEY DEL JUEGA VIVO’

Fernando Díaz, director de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (Avaca), sostiene que las sanciones vigentes en el Decreto Ejecutivo No. 51 del 22 de abril de 2004, que establece un Manual de Normas para la puesta en valor del sitio, van de $5 mil a $150 mil y no se cumplen porque la capacidad de las autoridades está“demasiado mermada”.

Díaz hizo referencia a que, en caso de previa declaratoria de “interés social urgente”, el Ejecutivo puede decretar la expropiación del inmueble. “El Estado exhibe una debilidad ante el abuso de la inversión. Tampoco se quiere fortalecer la institucionalidad en el Casco para perseguir a aquellos inversionistas que no deben tener cabida en este lugar”, indicó Díaz, quien también fue subdirector de la Oficina del Casco Antiguo.

Por su parte, Hildegard Vásquez, directora de la Fundación Calicanto y restauradora de varios proyectos en este complejo histórico, dijo que el apoyo gubernamental ha sido esporádico.

A su vez, consideró que no se ha respetado la arquitectura del todo y las cosas están unidas sin sentido: aceras imposibles de caminar, bares que se toman parte de la calle y edificios como el P.H. Plaza Independencia, que nunca han debido dejar iniciar su construcción por violar las normas.

“Hay zonificación que no respetan. El juega vivo y la fiesta son los enemigos de los centros históricos. Aún estamos a tiempo, pero las reglas se deben respetar. El Casco Antiguo urge de una entidad regidora con poder coactivo”, enfatizó.

Vásquez mencionó que ni siquiera hay un juzgado ejecutor en la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (INAC) para implementar las sanciones en este tema.

Mientras, el representante en Panamá del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés), Sebastián Paniza, ha venido cuestionando las obras que toman parte de la zona de mar del Casco Antiguo y no respetan la muralla histórica.

Acotó que las actuales normativas impiden ese tipo de obras, y considera que uno de los valores de este sitio histórico es su relación con el mar.

De hecho, esa fue una de las características del porqué Unesco decidió incluirlo en su lista de patrimonio mundial.

CONFUSIONES

Patrizia Pinzón, una de las inversionistas en el sitio histórico, subrayó que en estos 20 años no se ha concretado un ordenamiento de la gobernabilidad.

“Contamos con un número plural de entidades”, añadió Pinzón. Por ejemplo, dijo que está la Oficina del Casco Antiguo, la Dirección de Patrimonio Histórico y el Municipio de Panamá. “Hacer o solicitar un permiso aquí para temas sencillos es complicado, por el número de autoridades que hay y las confusiones en sus competencias”, indicó.

Para la empresaria, también hay compromisos que se adquirieron con la Unesco que no se han cumplido.

Como uno de esos, mencionó la construcción de viviendas de interés social.

Para Pinzón, “no hay quien le ponga el cascabel al gato en el Casco Antiguo”; es decir, no hay aplicación de normas por algún motivo. “Si acá la ley se aplicara, hubiera viviendas de interés social, y todos los promotores tuvieran que hacer desarrollos”, señaló.

Igualmente, mencionó que hay procesos deficientes que afectan la inversión, ya que hoy día, para pasar planos y tener todos los sellos aprobados, se toma año y medio. “Eso es fatídico para cualquiera”, puntualizó.

A su vez, sostuvo que cada año los procesos son más ineficientes en el lugar, lo que ha ocasionado que se tarden hasta cinco años para terminar un proyecto.

“Esto es como si penalizaran a los que cumplimos las normas”, lamentó.

También se refirió a la actualización de la Ley 136 del 31 de diciembre de 2013, sobre la puesta en valor del conjunto monumental Casco Antiguo, en la que se daba dos años a los inversionistas y promotores para que pusieran en marcha sus proyectos de restauración en el lugar histórico.

De igual modo, esa regulación exonera del pago de impuestos sobre la renta, por un término de 10 años, a los propietarios cuyo inmueble haya sido restaurado.

Detalló que el tema de la especulación ocurre con las propiedades, porque sus dueños no son obligados a pagar el impuesto de esa propiedad anualmente, y lo más lógico es que cuando deciden venderla se lo transfieren al comprador.

En otras palabras, las personas que especulan están cómodas, porque de sus bolsillos no tienen que sacar año tras año para pagar impuestos.

“Cuando esa persona quiere vender el inmueble en su precio, incluye sanear esos impuestos que adeuda. Además, como el Estado no está al día y no tiene brazo ejecutor, entonces eso permite la especulación”, añadió.

DÉBIL INSTITUCIONALIDAD

Ausberto Rosas, abogado de promotoras en este lugar, indicó que lo que ocurre en el Casco Antiguo es el reflejo de lo que se da en el país; es decir, las normativas existen, pero nadie las hace cumplir.

“Si las autoridades no están conscientes de sus deberes, poco pueden hacer para que los ciudadanos cumplan con los de ellos. Más allá de un tema normativo, es de ejecución”, manifestó.

Coincidió con sus antecesores en el sentido de que la Dirección de Patrimonio Histórico no cuenta con los recursos necesarios, tanto humanos como económicos, para garantizar la protección de sitios, como los fuertes de Portobelo y San Lorenzo, en la provincia de Colón, los que están en la lista de sitios en peligro de la Unesco. “Estamos con una débil institucionalidad”, añadió.

En cuanto a los promotores que violan las normas en el Casco Antiguo, sostuvo que también hay otros representantes de la sociedad civil en la Comisión de Monumentos que dan el visto bueno a proyectos, y sobre los que también hay responsabilidad.

Rosas mencionó que no se ha tenido una política muy clara de viviendas para el Casco Antiguo y que ese es un tema que está pendiente. “Cosas como estas nos dejan ver que se ha avanzado, pero también estamos con ciertos rezagos”, manifestó.

Finalmente, se refirió a la Oficina del Casco Antiguo como una entidad de enlace en la comunidad, pero nadie hace nada. “Creo que una de las cosas que hay que rescatar es responsabilizar a alguien de forma definitiva sobre temas específicos para que el Casco no siga en acefalía. Una sola entidad debe gerenciar el Casco de forma eficiente”, aportó.

Este diario buscó los planteamientos del INAC, a través del Departamento de Relaciones Públicas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

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