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pago de SOBORNOS

Caso Odebrecht, al pleno de la Corte Suprema de Justicia

El amparo fue presentado durante la tarde de ayer por Jair Urriola, abogado de Humberto De León, señalado en el proceso.

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El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, remitió la apelación de la fiscalía al Segundo Tribunal Superior el pasado 2 de noviembre. El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, remitió la apelación de la fiscalía al Segundo Tribunal Superior el pasado 2 de noviembre.
El juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, remitió la apelación de la fiscalía al Segundo Tribunal Superior el pasado 2 de noviembre. Archivo

Un amparo de garantías constitucionales como parte del caso Odebrecht fue interpuesto ayer ante la Corte Suprema de Justicia por Humberto De León, señalado en el proceso.

La acción ataca la decisión del juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, de aceptar y remitir al Segundo Tribunal Superior la apelación que presentó la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, a la decisión de ese mismo juzgado que la obliga a remitir la vista fiscal de las investigaciones por los sobornos pagados a funcionarios y particulares panameños por la constructora.

De León es un exempleado de Credicorp Bank, a quien se señala como presunto responsable del manejo de las cuentas de la sociedad Constructora Internacional de Sur, a través de la cual Odebrecht habría pagado coimas.

La demanda, presentada por el abogado Jair Urriola, en representación de De León, alega que Carrasquilla violó la Constitución al acoger la apelación y enviarla al Segundo Tribunal.

Urriola sostiene que la resolución en la que Carrasquilla concede en efecto diferido la apelación presentada por Moore –fechada el pasado 27 noviembre pasado– viola el artículo 32 de la Constitución, en el que se establece que “ nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa, administrativa, policiva o disciplinaria”.

Alega que el recurso de apelación aceptado por el juez no era viable y que se está ante una violación del debido proceso penal.

Además, indica que el juez se basó en la Ley 121 de 2013 –sobre procesos de delincuencia organizada–, que no aplica en este caso, pues el proceso ya fue declarado como investigación compleja, mediante auto No. 134 del 13 de julio de 2017.

Precisa que en el citado auto No. 134 del 13 de julio de 2017 el juzgado detalló que concedía la calificación de compleja a la investigación, pero advirtió que de ordenarse detenciones tenía un término de dos meses para enviar el expediente con vista fiscal y que esto se produjo el 17 de agosto de 2017, cuando se aplicó la medida de arresto domiciliario al exjefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Amado Barahona, por lo que los meses se vencieron el pasado 17 de octubre de 2017.

Asimismo, el amparo argumenta que, al intentar que se le concediera una segunda prórroga, la fiscal violó el principio de legalidad contenido en el artículo 18 de la Constitución.

PIDEN SUSPENDER EFECTO

En el recurso, se pide a la Corte Suprema de Justicia suspender los efectos de la resolución y que se ordene al Segundo Tribunal Superior Penal suspender el trámite del mismo y devolver el expediente al juzgado.

Destaca que la medida cautelar de la suspensión de los efectos de la resolución dictada por el juez Carrasquilla tiene como objeto impedir que los derechos fundamentales de su cliente resulten afectados.

Urriola también explica que su cliente, Humberto De León, se encuentra detenido desde hace tres meses y que a la fecha no se han resuelto las peticiones de fianza presentadas ante el juzgado, por lo que enviar el expediente al Segundo Tribunal Superior afectaría su derecho a la defensa.

El pasado 27 de noviembre, el juez Carrasquilla remitió al Segundo Tribunal Superior de Justicia la apelación presentada por Moore, en la que esta pidió adecuar los plazos de la investigación del caso Odebrecht, conforme lo estipula la Ley 121 de 2013.

En este proceso, la fiscalía ha imputado cargos a 62 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con los sobornos de la empresa constructora brasileña.

Además, ha logrado la homologación de tres acuerdos de colaboración eficaz y dos acuerdos de pena.

Los acuerdos de colaboración eficaz fueron pactados con los operadores brasileños de Odebrecht André Rabello , Olivio Rodrigues y Luiz Eduardo Da Rocha Soares.

En cambio, los acuerdos de pena fueron con los intermediarios panameños Jorge Espino Méndez y Olmedo Méndez Tribaldos.

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